Guerrero se erigió como uno de los epicentros de las desapariciones del país a raíz del caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, víctimas de desaparición forzada entre el 26 y 27 de septiembre de 2014. El hecho dio origen al hallazgo de fosas que terminaron por mostrar la gravedad de la crisis de la violencia en esa entidad. Esta es la historia de una de las madres del grupo "Los Otros Desaparecidos de Iguala", una que volvió de Estados Unidos para buscar a su hijo por esos cerros, a rascar la tierra con sus propias manos y hacer el trabajo que ninguna autoridad ha hecho.
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Ciudad de México, 16 de junio (SinEmbargo).– Guillermina Sotelo Castañeda regresó de Estados Unidos con el propósito de buscar a su hijo en Guerrero. Dentro del grupo “Los Otros Desaparecidos de Iguala” recorre cada domingo diferentes cerros en búsqueda de alguna pista, algún hueso que la guíe a dar con la verdad. Camina y camina hasta que alguien extrae una vara que enterró hace apenas unos instantes en una pequeña planicie. El grupo espera con atención. Pero la vara no registra color, ni olor. Entonces, ella y los otros continúan su camino, debajo de un abrasante sol. La jornada termina una vez más y acuerdan verse el próximo domingo. Y así, en un ciclo que no parece tener fin para quien busca a un hijo.
“Donde vemos que hay una tierra blandita metemos la varilla. Si no, igual le escarbamos. Desobedecimos al Gobierno que pide no buscar por sabemos lo que va haber ahí. Cuando encontramos una [una fosa clandestina] es fácil encontrar otras, ahí las ponen, seguiditas. Del tiempo que hemos estado ahí hemos encontrado 145 cuerpos [desde noviembre 2014] en los puros cerros de Iguala. En Lomas del Zapatero, del Coyote, del Tigre, Maizal, la Cueva del Diablo, varios cerros”, relata.
Guerrero ha sido azotado por las desapariciones desde las atrocidades de la Guerra Sucia en la década de los 70 del siglo pasado, hace hincapié un reciente estudio de la organización Open Society sobre crímenes de lesa humanidad, que está titulado: “Atrocidades innegables. Confrontando crímenes de lesa Humanidad en México”.
Y en tiempos más recientes, enfatiza el documento, la desaparición de 43 jóvenes estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en el municipio de Iguala, la noche del 26 y 27 de septiembre del 2014, se convirtió en un nuevo símbolo de la gravedad de este delito en México.
Los esfuerzos por dar con los 43 normalistas agravaron la crisis de Guerrero ante los ojos del mundo, conforme más y más fosas iban apareciendo. Las autoridades limitaron el caso a la “verdad histórica”, y fueron los familiares de las otras víctimas quienes terminaron dando seguimiento a la tarea. Del 2010 al 2015, la Procuraduría General de la República (PGR) oficializó el hallazgo de 184 fosas clandestinas, el 34 por ciento en Iguala.
“La primera vez que me sumé a un recorrido fue después de lo de los jóvenes de Ayotzinapa. Porque no sólo son ellos, hay muchísimos desaparecidos más. Yo vi un reportaje en la televisión y entonces, me decidí a venir en noviembre del 2014. A partir de ahí estoy por temporadas”, agregó.
El 21 de noviembre, un viernes, recuerda, fue la primera vez que subió junto a otros familiares a buscar el paradero de su hijo César Iván González Sotelo, quien llevaba dos años de haber desaparecido.
Ahora las brigadas de búsqueda son un tanto diferentes, porque han crecido en número con el tiempo. Lo único que no ha cambiado es el escaso apoyo de las autoridades. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas les brinda un plátano, una naranja y una botella de agua de desayuno para aguantar una jornada de búsqueda en la montaña, se queja Sotelo, y además dos trabajadores de la Fiscalía dentro del grupo, de nombre Adriana Baena Cruz y Joel Díaz Díaz, han empezado a tomar las decisiones de forma unilateral, denuncia.
GUERRERO, SUMIDO EN BUROCRACIA
El día que César Iván González Sotelo desapareció fue Guillermina quien lo vio unas horas antes. Después de llevar a su madre a la casa de su abuela en Cuernavaca, Morelos, César emprendió camino a su casa en Huitzuco, Guerrero. Una vez en el pueblo, de acuerdo con la versión de la familia, no supieron más de él desde el 19 de agosto del 2012.
—Mamá, ¿está César ahí con usted?
—No. Él se fue ayer. ¿Por qué?
—Es que no llegó.
“Y desde ahí sentí que me echaron un balde de agua fría”, recordó Guillermina, quien empezó una larga travesía por las instituciones gubernamentales para preguntar por el paradero de su hijo.
Una información errónea, proporcionada por un familiar, la orientó en las primeras horas a los centros de detención de Cuernavaca y al Servicio Médico Forense (Semefo), pero los hallazgos fueron nulos.
“Le dije a un hermano: 'sabes qué llévame para Huitzuco'”, dijo la madre. Ahí interpuso una denuncia en la que fue acompañada por el sobrino y su jefe, ambos mecánicos, pero terminó por limitarse al extravío del vehículo en el que se transportaba César González Sotelo: una camioneta blanca Ford Ranger, modelo 2001.
A pesar de visitar a fuerzas de seguridad pública y militares en Iguala con la foto de su hijo en las manos, Hasta ahora nadie acusa haberle visto.
“Lo que hice primero fue ir a la comandancia, , ir con los judiciales, y todo eso era como una burla. Me decían: ‘señora, su hijo ha de estar con unas muchachas’”, narró.
Del error de la denuncia no se daría cuenta hasta mucho después, cuando personal en la Fiscalía de ese municipio examinó su caso y le notificó la ausencia de una investigación.
“Yo no sabía, si hubiera sabido en ese momento qué hacer fuera otra cosa. Pero yo estaba como ida. Y además venía de lejos, no entendía”, dijo la madre.
César también había retornado de Estados Unidos, pero dos años antes. Se dedicaba a la agricultura junto a los padres de la chica con la que tenía una pequeña hija. Ella sería la última persona que aseguró haberlo visto pasar en su vehículo en un asentamiento conocido como el Tanque Rojo, alrededor de las ocho de la noche del domingo. “Llevaba la música en su carro”, contó Guillermina. Desde entonces González permanece desaparecido.
En Guerrero la impunidad ha marcado la última década, de acuerdo con Open Society. Por citar sólo un delito, la tasa anual de condenas por homicidios entre 2005 y finales de 2014 nunca superó el 10 por ciento, refiere su más reciente informe.
COTEJO DE ADN
Guillermina también participa en los procesos de exhumación de cuerpos. Hace una semana uno de los más grandes –117 osamentas– fue llevado a cabo en Cuautla, Morelos.
Cientos de familiares se dieron cita para participar en el proceso de cotejamiento de ADN.
“Estuve en Tetelcingo viendo cómo sacaban los cuerpos. Esas personas fueron tiradas ahí como basura”, dijo la madre.
El líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), Javier Sicilia Zardain, detalló en su momento a este medio que las autoridades no tenían un control de lo que se había exhumado.
“El mismo hecho de que haya fosas aquí ya lo es [una anomalía]. Que no se hayan subido a las bases de datos, que no se haya buscado a las familias ya es tipificación de negligencia criminal. Cuánto más en un país con 30 mil desaparecidos. Aquí hubo menores. Ya desde el principio que se hayan obstinado en negar que existían estas fosas es negligencia”, expresó.
Guillermina Sotelo espera ahora los resultados de parte de la Fiscalía de Morelos. Pero la identificación no será ser rápida. Al menos 10 trozos de cuerpos aparecieron separados y las familias sospechan que hay una tercera fosa que el estado que gobierna el perredista Graco Ramírez Garrido Abreu se niega a buscar.
Entre tanto, mes con mes, desde hace casi cuatro años, la madre realiza un depósito de 500 pesos a la cuenta de su hijo.
—¿Con que finalidad lo hace señora?–, le preguntamos.
—No quisimos cerrarla,con mi esposo tenemos la esperanza de que aparezca... O también de que César va necesitar el dinero.
