Ciudad de México, 16 de junio (SinEmbargo).– Vecinos de distintas colonias de la Ciudad de México denunciaron que están siendo objeto de velados hostigamientos, amenazas y demandas por señalar irregularidades en construcciones inmobiliarias. Esta situación ha sido denunciada por representantes vecinales de colonias en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Miguel Hidalgo y Gustavo A. Madero, quienes relataron su experiencia.

Eduardo Casillas, del Barrio San Mateo en Coyoacán, narró que por oponerse a la construcción de un conjunto habitacional de 131 viviendas y colocar mantas en las fachadas de sus casas, los vecinos fueron demandados por la constructora del conjunto habitacional por supuesto daño moral.

De acuerdo con Casillas, los vecinos se oponen a la obra porque rebasa los límites de construcción permitidos en la zona, además de que se encuentra en un suelo poco estable, por lo que temen las posibles afectaciones que traería la edificación de más de un centenar de viviendas. Una afectación adicional que preocupa a los habitantes es la posible saturación vehicular que la edificación ocasionaría en la zona, agravada por el hecho de que la calle donde se edifica es estrecha.

Esto es posible gracias a que la construcción se autorizó al amparo de la Norma General de Ordenación 26, que permitió modificaciones al uso de suelo para favorecer la construcción de vivienda de interés social y popular. La norma fue suspendida en agosto de 2013 porque sirvió para que inmobiliarias –a veces con la connivencia de autoridades– tramitaran engañosamente manifestaciones de construcción como Norma 26 para supuestas viviendas populares que terminaban siendo de lujo.

María Teresa Ruiz, del grupo de vecinos de Polanco, refirió que ellos han sido acusados de extorsionadores de establecimientos mercantiles.

En entrevista con SinEmbargo, narró que en 2012, en un reportaje emitido en un canal de cable tres integrantes de la asociación Polanco Unido acusaron a los miembros de la organización La Voz de Polanco de supuestamente extorsionar a locatarios de la colonia Polanco.

Los vecinos de La Voz de Polanco interpusieron una demanda por daño moral contra una de esas tres personas, Manuel Martínez Miselem, quien fue el que más señalamientos falsos hizo contra ellos. Ruiz explicó que no emprendieron acciones legales contra los tres debido a que era más costoso y complicado.

En 2014, ganaron la demanda, pero finalmente llegaron a un acuerdo con Martínez Miselem de acuerdo con el cual él tenía que desdecirse de sus acusaciones. Hasta ahora, dijo Ruiz, eso no ha ocurrido.

Y las difamaciones contra vecinos tampoco cesaron.

“Constantemente, a través de la colonia se pasan rumores, difamaciones sobre extorsionar restaurantes, comercios, inclusive algunos constructores”, detalló Ruiz. “Esto es grave, ya va un poquito más allá. Lo único que nosotros buscamos es mejorar la calidad de vida de los habitantes, en específico de Polanco pero también de toda la Delegación Miguel Hidalgo”.

Ruiz dice que ellos decidieron llegar a un acuerdo y no seguir con el proceso porque les había resultado sumamente desgastante. Ella consideró que esa dilación en los procesos de defensa ante acusaciones y difamaciones termina por inhibir a los vecinos para emprender acciones contra esas agresiones.

Emilio Carrera, representante de vecinos de la colonia Florida, en la Delegación Álvaro Obregón, contó que él también fue demandado y amedrentado. La razón, consideró, fue por exigir el cumplimiento de la ley respecto a una construcción que se hizo en la colonia Florida violando la normativa correspondiente.

Detalló que la colonia tiene una norma especial para grandes predios, que obliga a conservar 70 por ciento del predio como área libre. A cambio, las construcciones pueden subir la altura de 9 a 15 metros.

En el predio de Margarita 177, expuso, en un predio de más de 4 mil metros cuadrados se erigió una construcción con sólo 55 por ciento de área libre, lo que implicó restar más de 700 metros cuadrados. En esa superficie había árboles de más de 20 metros de alto; además, aseguró Carrera, en el predio había una casa con valor patrimonial.

Cuando vecinos reclamaron a la delegación, se enfrentaron a la indiferencia, dijo. “Nunca dieron respuesta a ninguna petición por parte de los colonos para que se cumpliera la ley”, sostuvo.

Carrera contó que a quienes habían impulsado más la exigencia de que se cumpliera la ley, los constructores los demandaron por supuesto daño moral. Ellos a su vez presentaron una demanda ante la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos por violar las normas en la construcción.

Además de la demanda, Carrera también fue amenazado y sufrió un intento de intimidación, refirió. “Lo hicieron a través de una cuenta de Twitter, en la que me decían que me callara la boca, con la amenaza de que si no lo hacía me iba a caer auditoría del SAT [Servicio de Administración Tributaria] y del IMPI [Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial]”, narró.

Las auditorías a su negocio, en efecto, llegaron, dijo. “Es gravísimo porque tenemos a la fuerza del Estado apoyando la corrupción que existe entre empresarios y el Gobierno local”, consideró.

AMENAZAS CIBERNÉTICAS

Leticia Villegas, de la Delegación Azcapotzalco, denunció que la amenazaron. La amenaza, refirió, fue depositada en el buzón de su domicilio. Ella es parte de los vecinos que defienden las colonias Nuevas Santa María y Hogar Seguridad.

Susana Kanahuati, enlace ciudadano de las organizaciones ciudadanas Vecinos Unidos y Suma Urbana y que como tal acompaña a vecinos en sus denuncias por obras irregulares, refirió que también fue amenazada.

Refirió que en redes sociales crearon una cuenta suplantando su identidad, desde la cual lanzaron amenazas a distintas cuentas, incluida la suya. En esas amenazas le enviaron fotografías de su casa  y la de varios de sus familiares, que fueron hackeadas de su cuenta.

“De esa manera, diciendo ‘Sabemos dónde vives, sabemos dónde vive tu familia y te estamos vigilando’”, consideró.

Señaló que la cuenta con la que suplantaron su identidad ya fue modificada y ahora es una “parodia” de su cuenta real, pero siguen usando su nombre.

Presentó denuncia a la Policía Cibernética, de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina.

También presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), ante la desconfianza que le generaba presentarla ante la Procuraduría capitalina.

Otro caso es el de una vecina de la delegación Gustavo A. Madero, quien apoyó a Kanahuati con varias denuncias vecinales de irregularidades en construcciones en la delegación Álvaro Obregón.

La mujer, que pidió no ser identificada por temor a represalias, contó a SinEmbargo que a ella también la atacaron en redes sociales mediante bots.

“No es que te pusieran mensajes, es que te empezaban a seguir. Tenías de repente muchísimos seguidores de bots, como que empezaban a seguir lo que estabas haciendo”, expuso. Los bots daban ‘Me gusta’ a sus publicaciones y le mandaban mensajes al respecto, no ofensivos pero que denotaban que estaban al tanto de sus actividades. Por ejemplo, contó, si ella publicaba en sus redes sociales una canción, de repente todas las cuentas de bots comenzaban a darle ‘Me gusta’ para diseminarla.

“Es como una forma de acoso sin ser agresivos verbalmente o te digan ‘Te voy a matar’, pero te empiezan a cercar”, consideró.

La mujer refirió que denunció los hechos en sus redes sociales, bloqueó a los bots en Twitter e interpuso una denuncia ante la Policía Cibernética.

Estos casos no son los únicos. En Iztapalapa, vecinos de la colonia Tepalcates que se oponen a la construcción de un conjunto habitacional de más de 600 departamentos han vivido lo que consideran una velada forma de amenaza.

Ellos viven en un conjunto habitacional contiguo al desarrollo IntegrARA Zaragoza I y II, de Consorcio ARA, una construcción sobre la cual la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial emitió una resolución señalando diversas irregularidades.

Los habitantes del conjunto habitacional vecino han colocado a la entrada de su unidad una manta alertando a los posibles compradores de las irregularidades en que se encuentran las construcciones. José Morquecho Sandoval, representante de los vecinos y quien ha llevado los trámites de denuncia ante las distintas dependencias, contó a SinEmbargo que, en respuesta, la constructora les pidió que quitaran la manta arguyendo que les perjudicaba.

Ante la negativa de los vecinos a hacerlo, los representantes de la constructora intentaron buscar a los líderes vecinales para “negociar” con ellos. Pero los vecinos inconformes, de acuerdo con Morquecho Sandoval, no están dispuestos a negociar nada, menos porque una resolución administrativa avala que junto a ellos se edificó una construcción irregular.

SinEmbargo buscó conocer la versión de Consorcio ARA respecto a las irregularidades detectadas por la PAOT y a los señalamientos de los vecinos afectados, sin que hubiera respuesta.

Kanahuati expresó: “Lo único que están haciendo a través de todo esto es tratar de intimidarnos. Pero, ¿qué creen? Los vecinos no nos intimidamos, no nos agachamos. Continuamos y nos seguimos moviendo”.