Tengo el mal gusto de pasearme por las páginas de los periódicos y leer las palabras que éstos recogen de los precandidatos de la oposición. Me sorprende la facilidad y consenso con la que todos los candidatos —la última vez que conté eran quince; ahora deben ser más— cacarean el concepto de “gobiernos de coalición” para referirse al tipo de administración que pretenden encabezar. Ante tanta verborrea, me senté a escribir esta columna.

Miguel Ángel Mancera, José Ángel Gurría, Santiago Creel y la interminable fila de precandidatos refieren a la posibilidad de “gobiernos de coalición” como la única manera “viable” de gobernar. Es la “más moderna”, la “más efectiva”, la “única”. Dicen. Es extraño que a ninguno se le hubiera ocurrido antes. ¿Será porque el repentino amor por la figura de los “gobiernos de coalición” es proporcional a la debilidad de su posición política?

Los “gobiernos de coalición” son propios de sistemas parlamentarios, no de sistemas presidenciales. A pesar de eso, desde hace décadas, algunos avanzados, preocupados por la dificultad mayorías estables, han querido adecuar nuestro presidencialismo a esta figura. Lo lograron con la Reforma Político Electoral de 2014 y el establecimiento de esta en el Artículo 89 de la Constitución. Hasta ahí bien.

Sin embargo, ¿qué implicaría un “Gobierno de coalición” en el contexto mexicano? La verdad es que nadie lo sabe muy bien más allá de lo que sostiene el Artículo 89 constitucional: la generación de un convenio entre el Presidente y los partidos políticos que establecerá un programa de Gobierno. El convenio definiría “las causas de la disolución del Gobierno de coalición” y deberá ser aprobado por “la mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores”. A partir de ahí cada precandidato imagina lo que quiere. Interpretaciones hay para repartir. En la especulación todos se sienten cómodos los precandidatos.

Establecer un Gobierno de coalición sin que preceda una reforma al sistema presidencialista no tiene mucho sentido (1). Es querer meter el zapato con calzador. Es una fuga hacia adelante. Así, por ejemplo, la disolución de un Gobierno de coalición en cualquier sistema parlamentario implica la caída del primer ministro y la búsqueda de nuevos equilibrios legislativos. ¿Podemos trasladar esa situación al contexto mexicano? ¿Podemos imaginar un escenario en el que el incumplimiento de un acuerdo por alguna de las partes —por más pequeñas, diminutas que sean— implique la disolución del Gobierno? ¿Cómo funcionaria en la práctica? Es de locos. Y en la cultura política mexicana suena a tragedia.

Si los precandidatos se sentaran un par de horas —no más, no muchas más— a pensar en las implicaciones reales de la figura que invocan, menos charlatanería tendríamos que leer en los periódicos. Sabrían, por ejemplo, que los gobiernos de coalición (si acaso) tendrían algún tipo de sentido en un contexto sin mayorías estables. No es el caso: en México hay una mayoría y una oposición atomizada.

Pero, entonces, ¿cómo explicar el éxito del concepto de moda en la oposición? Fácil: los precandidatos no estarían tan enamorados de la figura de gobiernos de coalición si sus partidos políticos fueran medianamente funcionales o si los candidatos de Morena no los avasallaran en cada encuesta electoral. Su debilidad es el punto de fuga de su programa político.

Los “gobiernos de coalición” son el refugio discursivo en el que los precandidatos esconden su pequeñez política; no una mejor forma de administrar el poder. Su invocación les será útil para ejercer presión sobre el candidato elegido. ¿El fin? La repartición de tal o cual cartera del Gobierno. En el mejor de los casos, la narrativa de los “gobiernos de coalición” es, para los Mancera, Gurrías y compañía, la única forma de arrancar una senaduría o una diputación, un artilugio discursivo para disfrazar una pelea por un pastel cada vez más pequeño.

Conforme avancen los meses, más y más escucharemos hablar sobre “gobiernos de coalición” y sus bondades. Pero no hay que confundirnos: el diagnóstico que hacen partidos y precandidatos del sistema político no ha cambiado. Lo que ha cambiado —para peor— es su posibilidad de transformarlo.

Carlos A. Pérez Ricart

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Carlos A. Pérez Ricart es Profesor Investigador del CIDE. Es uno de los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (COVeH), 1965-1990. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y una licenciatura en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Entre 2017 y 2020 fue docente e investigador posdoctoral en la Universidad de Oxford, Reino Unido.

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