La pandemia de la COVID-19 fue indudablemente una gran tragedia, en términos de sufrimiento y de pérdidas humanas. Sus efectos tuvieron también graves consecuencias en el orden internacional: no sólo causó el colapso de las redes mundiales de comercio, sino que clausuró el tránsito de seres humanos al forzar a varios gobiernos a cerrar sus fronteras al flujo de viajeros, migrantes y refugiados.

El caso de la vecindad entre Estados Unidos y México no fue la excepción. Así, el 20 de marzo del 2020 el Gobierno de Donald Trump puso en marcha el llamado Título 42, que fue una orden para proteger la salud pública emitida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, una agencia federal bajo la égida del Departamento de Salud y Servicios Humanos. De acuerdo con esta directiva, quienes cruzaran la frontera entre México y Estados Unidos podrían ser devueltos a nuestro país en cuestión de minutos, privándolos, en la mayoría de los casos, de la oportunidad de solicitar asilo en Estados Unidos.

Sin embargo, hace unos cuantos días la Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la emergencia por COVID-19. 

Siguiendo lo recomendado por la OMS y por sus propias razones, el Gobierno de Biden decidió dejar sin efecto el título 42. No obstante, en su lugar no quedará el vacío, sino que seguirá en vigor el llamado Título 8, que había operado conjuntamente con el 42 en los últimos 40 meses.

El anuncio de la conclusión de las medidas de emergencia por la pandemia ha hecho que miles de migrantes y refugiados abriguen esperanza de poder ingresar a territorio estadounidense. Pero esto parece ser un deseo infundado. Agrava la situación el hecho de que Estados Unidos se encuentra virtualmente en un periodo pre-electoral, ya que las elecciones presidenciales ocurrirán el próximo año. El Presidente, Joseph Biden, se encuentra ante un dilema mayor: dada la importancia del tema migratorio rumbo a las elecciones, no querrá aparecer como demasiado complaciente ante la situación en la frontera, sobre todo ante la presión que ejercerá Donald Trump, quien ya se perfila como el candidato del Partido Republicano. Actualmente congresistas de ese partido están proponiendo medidas radicales como la de enviar tropas del Ejército estadounidense a la frontera. Aunque estas propuestas difícilmente cristalizarán, pues el Partido Demócrata tiene mayoría en el Senado, soluciones militaristas al problema de la migración son vistas con simpatía por una parte importante del electorado estadounidense. 

Ante esto hay que decir que el enfoque adecuado no es uno de militarización de la frontera, que muy posiblemente podría agravar la situación, sino uno fundado en el respeto a los derechos humanos y de colaboración diplomática entre los dos gobiernos. 

No sólo esto, sino, cómo lo ha señalado el Dr Tonatiuh Guillén López, muchos de los migrantes generados por la pandemia son en realidad refugiados, por lo que su estatus debe ser considerado a partir de las leyes nacionales e internacionales que regulan la materia. 

En última instancia, como yo lo he propuesto, la solución última será la de abrir la frontera a la libre circulación de bienes, capitales, inversiones y seres humanos. Esto debe realizarse, desde luego, de manera cuidadosa y paulatina, de tal forma que no se comprometa la seguridad de ambas naciones. Mantener una frontera bien administrada y salvaguardada es de vital importancia para las dos sociedades, que, por otro lado, están llamadas a integrarse de manera más profunda. Mientras eso sucede, nuestro países deben aumentar su cooperación en esta materia y resolver sus problemas comunes a través de la diplomacia y el entendimiento mutuo.

Gustavo de Hoyos Walther

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Abogado y empresario. Ha encabezado diversas organizaciones empresariales, comunitarias, educativas y filantrópicas. Concentra su agenda pública en el desarrollo de líderes sociales (Alternativas por México), la participación ciudadana en política (Sí por México) y el fortalecimiento del estado de derecho (Consejo Nacional de Litigio Estratégico).

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