“Si no llegamos a una negociación, los trabajadores de Telmex vamos a tener que movilizarnos; vamos a tener que hacer huelga y sacrificarnos. En el caso de una huelga siempre hay que hacer sacrificios. Irnos a huelga es no cobrar; no somos empresarios, somos trabajadores; vivimos con un salario semanal. Si nos vamos a huelga va a ser duro, pues ¿cómo pago la tarjeta de crédito o la renta de mi casa, o cómo le compro medicamentos a mis hijos?. Viviríamos una serie de circunstancias que se analizan y dan un poco de resquemor, de temor, pero si no lo hacemos nos van a desaparecer”. -Un compañero telefonista

Existe un tema de gran relevancia a nivel nacional que extrañamente no ha recibido la atención mediática que merece o que se esperaría dada su trascendencia. Se trata de la posible huelga en la empresa Teléfonos de México (Telmex), propiedad del Ing. Carlos Slim Helú y administrada por diversos miembros de su familia. Slim es dueño de la empresa desde el 9 de diciembre de 1990, cuando la adquirió a través de una subasta pública en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Así se convierte al poco tiempo en el hombre más rico y poderoso de México, alcanzando a ser, en algún momento, “el hombre más rico del mundo”.

La suerte extraordinaria de Slim al adquirir el monopolio de telefonía mexicano se refuerza a través de su gran su pericia como negociador dentro de la industria de las telecomunicaciones, con los gobiernos en turno (de todos los colores e ideologías) y con sus trabajadores organizados. El magnate siempre se ha llevado relativamente bien con todos, especialmente con las autoridades públicas mexicanas y la élite política, quienes le han permitido operar con toda libertad y privilegio sin cuestionarlo, aceptando su apoyo en campañas y condonándole impuestos—eso sí, por ley, derivado de su “filantropía”.

La relación entre Slim y el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), que es en realidad el sindicato de Telmex, ha sido relativamente buena, aunque no ha estado exenta de tensiones, ni de riesgos de ruptura. Sin embargo, en los últimos años—y principalmente durante el sexenio de Enrique Peña Nieto—el deterioro ha sido visible. Hoy en día, la relación entre Telmex y su sindicato vive quizás uno de sus momentos más críticos. Los trabajadores de la empresa mexicana de telefonía reciben salarios justos y prestaciones que se consideran decorosas, incluyendo una jubilación que les permite vivir con dignidad el resto de su vida.

En lo personal, me parece apropiada la situación laboral de los trabajadores sindicalizados de Telmex y me parece justa y necesaria una negociación que los beneficie siempre. Eso esperaría yo de todos los trabajadores de México y del mundo. Los logros del sindicato de Telmex deberían extenderse, por lo menos, a todos los trabajadores de la República Mexicana en todas las industrias; claro que ello debería ir junto con reglas claras para ambas partes y un mayor compromiso por parte de la fuerza laboral. Es claro que los beneficios extraordinarios que recibe la familia Slim se los debe a sus trabajadores y a la suerte que tuvo el Ing. Slim Helú de ser el elegido por parte del expresidente de Salinas de Gortari para adquirir la empresa monopólica más rentable del país (para un privado) de todos los tiempos. En otras palabras, Carlos Slim fue elegido para convertirse en el hombre más rico de México.

Parece ser que el Ingeniero Slim Helú lo entendió muy bien y se comprometió, desde que se dio la privatización de Telmex, a respetar el contrato colectivo de trabajo. Él parece haber comprendido la importancia de mantener una relación medianamente afable con su sindicato. Y así fue por varios años. Las reformas económicas estructurales—también llamadas reformas neoliberales–aniquilaron al movimiento sindical en México y el resto del mundo, pero el sindicato de Telmex resistió por razones obvias y por su poder superlativo en una industria de telecomunicaciones oligopólica en la cual la empresa del Ing. Slim es la más relevante y no podría sobrevivir sin sus trabajadores—que, para desgracia de la familia del dueño, se mantienen unidos y luchando por sus derechos.

Las pasadas dos administraciones fueron especialmente complicadas para el movimiento sindical de los telefonistas de México. Según me reportan los compañeros, se registraron importantes violaciones al contrato colectivo de trabajo durante el Gobierno de Felipe Calderón—cuando era Secretario del Trabajo, nada más y nada menos que Javier Lozano Alarcón. Eran los tiempos de Genaro García Luna y su Plataforma México, cuando operaron en conjunto la Secretaría de Seguridad Pública y la empresa de telefonía mexicana bajo el liderazgo de Héctor Slim Seade. Este último parecía tener una buena relación con quien ahora espera un juicio en una cárcel de máxima seguridad en Nueva York por sus alegados vínculos con la delincuencia organizada, en particular con el Cártel de Sinaloa.

Pero el peor momento para el sindicato antes de la crisis actual fue en tiempos del Pacto por México del expresidente Enrique Peña Nieto, a partir de la reforma al artículo 28 constitucional en materia de telecomunicaciones y competencia económica—bajo la cual se crearon la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Como en otros sectores, la creación de estos organismos “autónomos” favoreció claramente al capital privado transnacional. El avance de empresas como AT&T fue contundente en este periodo, en el cual adquieren particular relevancia personajes como Alejandra Lagunes y Mónica Aspe, quienes utilizaron las conocidas “puertas giratorias” entre el sector público y la industria privada (sobre todo esta última) y contribuyeron al avance del gran capital transnacional en el sector de las telecomunicaciones.

Durante este periodo, los trabajadores de Telmex lucharon una ardua batalla para evitar el desmantelamiento de su sindicato y la pérdida de sus beneficios y prestaciones por cambios realizados en la estructura de la empresa—la cual parecía haber tomado como ejemplo el caso de British Telecom. Afortunadamente, los telefonistas lograron mantener su organización en los difíciles años de 2013 a 2017, cuando la familia Slim y algunos de sus socios o aliados avanzaban hacia una renovación o división mañosa para quebrar al sindicato, como parte de la transformación global de la industria de las telecomunicaciones. Pero finalmente el sindicato se mantiene y hace que la empresa respete el contrato colectivo de trabajo bajo el liderazgo de su Secretario General, Francisco Hernández Juárez.

Hay quienes—fuera del sindicato, por supuesto—cuestionan el papel de Hernández Juárez y su larguísima permanencia como Secretario General (desde 1976). Son ya muchos los años; 46 para ser exactos. Sin embargo, también son muchas las batallas que han ganado los telefonistas bajo la guía del histórico líder sindical. La base, no parece haberse equivocado. Los compañeros me cuentan que “el apoyo al compañero Hernández Juárez es apabullante, aunque sí existe una mínima disidencia”. No parece existir otro liderazgo al momento que pueda gestionar las demandas de los telefonistas de forma tan efectiva. En el STRM, los compañeros trabajadores alegan la existencia de prácticas verdaderamente democráticas—a pesar de lo que dicen los críticos—y en particular la existencia del “voto libre, secreto y directo”.

No me sorprende en lo más mínimo el apoyo de la base trabajadora hacia Hernández Juárez, dados los grandes logros de este sindicato que mantienen un trabajo dignificado, incluyendo una jugosa pensión. Y así debiera ser en todos los sectores y sobre todo en las industrias en las cuales algunos individuos selectos y familias privilegiadas adquieren extraordinarias ganancias. Pienso sobre todo en la empresa que hizo a quien alguna vez fuera “el hombre más rico del mundo”. ¿O no sería justo?

Slim no hubiera sido nadie sin sus trabajadores y creemos que así debería entenderlo. La compra de Telcel y la expansión mundial de su empresa y diversificación hacia otros mercados, no hubieran sido posibles sin la adquisición del monopolio mexicano de telefonía en los noventas. El Ing. Slim parecía estar consciente de ello y había mantenido, según me cuentan, una relación cordial—más no amistosa—con sus trabajadores hasta hace muy poco. Se alcanzaban acuerdos, pero no había huelgas. Sin embargo, ha pasado el tiempo; las circunstancias cambiaron, se transformaron los mercados, y se dio un inevitable cambio generacional.

La familia del ingeniero tiene cada vez más relevancia en la toma de decisiones dentro de la empresa. Carlos Slim Domit (presidente del Consejo de Administración de Telmex y América Móvil), Daniel Hajj (CEO de América Móvil) y Héctor Slim (CEO de Telmex) no parecen ser partidarios de las luchas sindicales y más bien parecen determinados a desaparecer muchos de los derechos laborales que sus trabajadores habían conquistado en el pasado. Bajo un esquema post-neoliberal en el cual los grandes monopolios u oligopolios transnacionales dominan a nivel global, sus prácticas parecen estar avaladas por otros actores, que igual limitan la competencia e intentan cancelar los derechos de los trabajadores.

En este contexto, se da el conflicto entre Telmex y su sindicato, quienes se irían a huelga si la empresa se empeña en no cumplir con el contrato colectivo de trabajo en esta última negociación. En términos generales, Telmex plantea eliminar la cláusula 149 de dicho contrato. En otras palabras, la empresa busca “mutilar” la jubilación. Esto es algo que los trabajadores no pueden aceptar, pues cuentan con excelentes beneficios en esa área, a diferencia de la mayor parte de los trabajadores mexicanos que se adhieren por fuerza y por ley al tramposo esquema de pensiones administrado por los oligopolios financieros transnacionales.

Entre las peticiones del sindicato, que hasta la fecha no ha querido aceptar Telmex, está un 7.5 por ciento de aumento directo al salario y un incremento del 2.9 por ciento en prestaciones (considerando los actuales niveles de inflación), además de que se cubran las dos mil vacantes con su esquema de jubilación regular. Al mismo tiempo, se manifiesta el deseo por la “no terciarización”, en el marco de la prohibición del llamado “outsourcing” (o subcontratación laboral) por parte de las empresas del sector público.

Lo que quiere la empresa es que las nuevas plazas se vinculen al sistema de pensiones de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) que plantearían un esquema de jubilación bastante precario en comparación con el que se tiene ahora mismo. Esto resulta insultante e inaceptable, considerando los altísimos ingresos que recibe la empresa en un sector oligopólico. Así, los compañeros trabajadores expresan su frustración argumentando que a los administradores y dueños de la empresa “no les importa a quien afecten mientras continúen generando jugosas utilidades; entre más exploten al trabajador y le expriman ganancias por su trabajo, pues es mejor para ellos”. Y así puede afirmarse que los miembros de la familia del magnate “se presentan como filántropos, pero que son en realidad comerciantes”—confirmándose de este modo, su origen y sus costumbres.

Y así está a punto de estallar la huelga en Telmex, lo cual representaría un problema mayor para la economía en el país y sus telecomunicaciones. Vale la pena entender que, por la importancia del sector y su estructura de mercado, el sindicato de telefonistas de México ha tenido la posibilidad de negociar con—y de poner de cabeza a—la empresa en manos del hombre más rico y poderoso de México—que además es el principal contratista del Gobierno mexicano. Por lo anterior, llama la atención la poca cobertura mediática con respecto al tema. El Presidente mexicano y el Gobierno de la Cuarta Transformación en su conjunto se encuentran en una encrucijada entre i) darle gusto al empresario más poderoso del país que es “amigo” de la actual administración o ii) atender a sus supuestos principios que tienen que ver con la defensa de los derechos de la clase trabajadora bajo el lema de “primero los pobres”.

En este contexto, por petición de la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, se acordó prorrogar hasta el 7 de junio la huelga prevista para el mediodía del miércoles 11 de mayo—; ella se comprometió a mediar en este conflicto. El resultado final aún es incierto y veremos de qué está hecho el Gobierno de la 4T en tiempos donde los oligopolios transnacionales tienen el principal poder de mercado en la era post-neoliberal.

La negociación que empezó hace algunos días, promete ser la más complicada que ha tenido el sindicato en los últimos tiempos. Mientras tanto, la empresa recurre a otras prácticas para lograr sus objetivos y debilitar, por lo menos, al poderoso STRM. Inicia entonces un proceso para legitimar el contrato colectivo de trabajo de la empresa hermana Telcel en una estrategia que parece amañada. Este contrato lo promueve el despacho de un peculiar personaje, Ramón Salvador Gámez Martínez, quien goza de fama de “ser el rey de los contratos de protección”, representando a los llamados sindicatos blancos o “sindicatos de papel” que trabajan únicamente para beneficiar a las empresas, más no a los trabajadores (https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/2006/pederastas-plaza-publica.html). Gámez Martínez también parece haber estado vinculado a escándalos de pederastia y su nombre se relaciona con el material del libro de la periodista Lydia Chacho titulado: Los demonios del Edén. El poder que protege a la pornografía infantil (Grijalbo, 2005).

Nota final:

La potencial huelga de Telmex nos plantea preguntas serias sobre el futuro no sólo del STRM, sino del sindicalismo mexicano en su conjunto y nos hace pensar en muchas de las prácticas corporativas para romper al sindicalismo y las estrategias dirigidas por el gran capital para comprar liderazgos y crear sindicatos que respondan sólo a los intereses de los empresarios. En otra ocasión nos conviene también analizar el papel tramposo de las grandes centrales obreras extranjeras que bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) supuestamente representan la solidaridad laboral internacional, pero que en realidad contribuyen al avance de la oligarquía y del gran capital transnacional apoyados por legisladores y políticos del Norte Global.

Del mismo modo, en una entrega posterior, analizaremos el papel de los abogados que no son trabajadores y pretenden ser dirigentes sindicales (¿recuerdan a alguien así?). Por experiencia aprendimos que ellos “suelen convertirse en corporativos de trabajadores y esos bufetes nunca tardan mucho en venderse al patrón”. Daremos ejemplos interesantes de lo que podría suceder en el norte del país con los “nuevos sindicatos independientes” en el sector maquilador.

Se requiere de un movimiento sindical masivo (a nivel nacional y lejano a la trampa de la supuesta solidaridad imperialista) que no fraccione a los trabajadores en “clicas”—atendiendo a la trampa del pluralismo que divide a grupos de interés minúsculos para beneficio del gran capital transnacional. Se requiere de una verdadera organización de clase que logre que los trabajadores sean capaces de detener industrias completas y así puedan, como grupo, ejercer un poder real sobre su mano de obra [en sus naciones específicas] en la era post-neoliberal.

Guadalupe Correa-Cabrera

https://www.sinembargo.mx/author/guadalupe-correac

Guadalupe Correa-Cabrera. Profesora-investigadora de Política y Gobierno, especialista en temas de seguridad, estudios fronterizos y relaciones México-Estados Unidos. Autora de Los Zetas Inc.

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