El juicio tenía que haber empezado el pasado 26 de febrero, pero ya se postergó al 21 de mayo por problemas de salud de Jorge Alberto Tassara, uno de los jueces que integraban el tribunal, quien acabó falleciendo en marzo.
Buenos Aires, 16 de mayo (EFE).- La Corte Suprema de Justicia de Argentina garantizó este jueves que la revisión que va a hacer de la documentación del primer juicio por corrupción contra la ex Presidenta Cristina Fernández (2007-2015) no supone suspender la vista, cuyo inicio está previsto para el martes próximo.
“El pedido de autos solicitados por esta Corte no suspende el juicio oral en trámite, ni hubo decisión alguna del Tribunal Oral en ese sentido. La medida es al sólo efecto de examinar la causa que, una vez extraídas y certificadas las copias pertinentes, será devuelta a dicho tribunal, en tiempo oportuno”, explica el Supremo en un comunicado.
En los últimos días, se generó una fuerte polémica después de que la Corte pidiera el martes al Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), encargado del juicio, los legajos de la causa para analizar unos planteamientos realizados por la defensa de la ex mandataria, lo que puso en duda que la vista pudiera llegar a suspenderse y se llegó a hablar, por parte del Gobierno, de fallo político e “impunidad”.
No obstante, el juicio tenía que haber empezado el pasado 26 de febrero, pero ya se postergó al 21 de mayo por problemas de salud de Jorge Alberto Tassara, uno de los jueces que integraban el tribunal, quien acabó falleciendo en marzo.
En un texto con 10 puntos colocado en la página web del Centro de Información Judicial, el alto tribunal aclara lo acontecido con el recurso presentado por Fernández en la causa en la que está llamada a sentarse por primera vez en el banquillo, acusada de encabezar una asociación ilícita y fraude en la concesión de obra pública.
En esta se investigan presuntas irregularidades en la adjudicación, durante su mandato presidencial, de obras viales al Grupo Austral, propiedad del empresario Lázaro Báez -ya detenido desde 2016-, en la sureña provincia de Santa Cruz.
La Corte comienza destacando que están en su poder, además de la causa de referencia, un total de ocho recursos más que fueron deducidos por las partes en el marco del mismo expediente, por lo que “el paso jurídicamente correcto” fue solicitar la documentación de todos ellos al TOF2.
“De la lectura de dichos legajos no surgieron elementos suficientes para poder resolver los planteos de las partes”, destaca el Supremo, integrado por los jueces Carlos Rosenkrantz -Presidente del tribunal-, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti.
En función de esta situación, se subraya que se solicitó “con carácter de urgente” el expediente principal al Tribunal Oral, una medida que es “habitual” en la Corte y “ha sido adoptada en numerosas oportunidades”.
“En el contexto actual de las causas mencionadas podrán satisfacerse simultáneamente por un lado la necesidad de que los procesos judiciales en temas tan delicados avancen, y por el otro, el respeto del derecho de defensa de los imputados”, remarca el texto difundido.
El Supremo justifica que se este modo se evita reincidir en anteriores experiencias en las que “por no haber ejercido un control oportuno”, los procesos culminaron “nulificandose por deficiencias procesales no atendidas en su debido momento, generando desconfianza en la sociedad”.
“La Corte debe cumplir con su misión de guardián de las garantías constitucionales que corresponden a todos los ciudadanos por igual, examinando el correcto cumplimiento del debido proceso conforme lo disponen la Constitución Nacional y las leyes dictadas en su consecuencia”, concluye el texto.
La controvertida revisión de la Corte llevó en la noche el miércoles a que grupos de ciudadanos convocados a través de las redes sociales participaran de cacerolazos en barrios de Buenos Aires para exigir que no se suspenda el proceso, en un año en que se celebran elecciones y cuando Fernández, afectada por múltiples causas judiciales, todavía no ha anunciado si será o no candidata.
También el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, el fiscal Diego Luciani y las querellas pidieron que el debate comenzase en tiempo y forma.
