La Jueza Ruth Esperanza Álvarez Fuentes decidió mantener en prisión a León Fierro, activista y defensor del agua de Mexicali, Baja California, durante el desarrollo de su proceso, por lesiones contra un policía. Pero, en la misma entidad, el Juez Luciano Angulo Espinoza determinó que Francisco “N”, quien huía de la justicia por robar una camioneta –en estado de ebriedad–, podía llevar su proceso en libertad tras atropellar a un menor de edad y causarle la amputación de su pierna derecha.
Ciudad de México, 17 de mayo (SinEmbargo).- En Baja California, estado gobernado por el panista Francisco Vega de Lamadrid, “Kiko”, del Partido Acción Nacional (PAN), la Procuraduría de Justicia decide que una persona que huye de la policía –y en el camino arrolla a un niño y le provoca lesiones que derivan en la amputación de una de sus piernas– puede llevar su proceso en libertad, y al mismo tiempo determina que un defensor del derecho al agua debe permanecer en la cárcel acusado de lesiones, tras una manifestación que terminó en enfrentamiento con policías.
Los funcionarios que llevaron dichos casos aparecen en la página oficial del Poder Judicial de Baja California como jueces de Garantía en el área de Sistema de Justicia Penal Oral de Mexicali.
“No hay congruencia en lo que dictamina la autoridad: Aparece un asunto de lesiones contra alguien que cuida los intereses de la cervecera y [el responsable] está en prisión preventiva, lo cual es un abuso de poder y una violación a los derechos humanos porque el debido proceso y la presunción de inocencia se hacen a un lado. En contraste, a una persona que va huyendo de la justicia, va en estado de ebriedad y atropella a un niño y lo deja sin una pierna, le permiten llevar su proceso en libertad”, recriminó Fernando Rosales, abogado de León Fierro Reséndiz.
La Jueza Ruth Esperanza Álvarez Fuentes decidió mantener en prisión al activista Fierro Reséndiz durante el desarrollo de su proceso, por lesiones contra un policía, mientras tanto, el Juez Luciano Angulo Espinoza determinó que Francisco “N” podía seguir su proceso en libertad, luego de atropellar a un menor de edad y causarle la amputación de su pierna derecha.
El 16 de enero pasado, León Sedov Fierro Reséndiz participó en una resistencia para luchar en contra de que la constructora Cadena, contratada por la multinacional cervecera Constellation Brands, ejecutara obras de excavación para instalar una planta en Mexicali. Unos 40 pobladores y activistas se encontraban en la defensa del agua en el Rancho Mena, pero, el Gobierno estatal respondió con el despliegue de cientos de policías estatales y municipales.
León movió su automóvil y con la defensa golpeó al policía Édgar Manuel Tapia Castro, quien, de acuerdo con el Semanario Zeta, tuvo una lesión de dos centímetros en el antebrazo y otra de diez en la pierna, heridas que no requirieron atención médica. El mismo medio de comunicación informó que testigos del enfrentamiento y un video de La Crónica muestran que Fierro Reséndiz “jamás intentó lesionar a los agentes”.
Desde el 3 de mayo pasado, el ingeniero de profesión está encarcelado en el Centro de Reinserción Social Mexicali. Durante la primera audiencia, la Jueza Ruth Esperanza Álvarez Fuentes reclasificó el presunto delito de intento de homicidio por el de lesiones dolosas en contra de un efectivo policiaco. Sin embargo, estimó que el activista es una “persona peligrosa para la sociedad”, por lo que le extendió la prisión preventiva al menos hasta la siguiente audiencia programada para el 23 de mayo.
Apenas ayer, el Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia de Baja California ingresó un recurso de apelación para insistir en vincular al defensor por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. Mientras tanto, Fernando Rosales, abogado de León, busca que la medida cautelar de prisión sea sustituida por alguna en la que su cliente pueda llevar el proceso en libertad.
Activistas y familiares han proferido que León Fierro es un preso político.
En entrevista para SinEmbargo, Perla del Socorro Ibarra Leyva, Procuradora General de Justicia de BC, sostuvo que el activista representa un peligro para la comunidad.
“Tenemos más de un año recibiendo algunas denuncias en contra de él y de otras personas que forman parte de su grupo [Mexicali Resiste], que lamentablemente se han ido más allá de una protesta pacífica: Ha habido daños, ha habido lesiones, ha habido agresiones y definitivamente son parte de una argumentación por parte del Ministerio Público al juzgador”, indicó.
Y también destacó: “Es definitivo, [León Fierro] no es un preso político, como se ha señalado y como se ha manifestado”.
¿ES PEOR SER ACTIVISTA QUE LADRÓN?
El rasero de la justicia, muestra esta historia, no es el mismo que se aplica en Baja California por casos aún más graves del que se acusa a León.
El 6 de enero de este año, Marco Antonio Barajas Payán, un niño de 11 años de edad, regresaba de la tienda que se encuentra a pocos metros de su casa ubicada en la colonia El Cóndor, Mexicali, cuando fue embestido por un vehículo robado, conducido por Francisco “N”, quien huía de la justicia. Hasta el momento, el pequeño ha sido sometido a cinco cirugías, una de ellas para amputarle la pierna derecha tras las lesiones.
Por atropellar a Marco mientras robaba una camioneta y era perseguido por la policía estatal, a Francisco “N” se le concedió llevar su proceso en libertad, pues así lo determinó el Juez Luciano Angulo Espinoza. Inicialmente, el delito que se le atribuyó fue homicidio simple en grado de tentativa, pero fue reclasificado a lesiones, con agravante por la pérdida de una extremidad.
Actualmente, Francisco “N” se encuentra encarcelado acusado de robo, pero, aún no se determina la sentencia por atropellar al pequeño Marco.
En entrevista para SinEmbargo, Norma Leticia Payán, madre del pequeño Marco quien hasta hoy no ha podido regresar a la primaria en la que cursaba el quinto año, suplica justicia para su hijo, pues desde el incidente ocurrido hace más de cuatro meses, la vida de su familia cambió radicalmente. Marco debe tomar terapia física y psicológica tres veces cada semana. Fue “duro” explicarle al niño que hubo necesidad de amputarle la pierna para salvarle la vida, contó.
“Lo único que yo pido para mi hijo es justicia, la verdad. La persona [que atropelló a Marco] dice que nos va a pagar, pero no es el dinero, los daños no se pagan de esa manera. Es una persona que hace poco la detuvieron con armas y ahorita otra vez está [en la cárcel] por robo de vehículo, ¿qué más daño va a hacer, qué otro daño quieren las autoridades que haga para que lo puedan tener detenido, para que pague por lo que le hizo a mi hijo?”, cuestionó.
Económicamente, la situación también empeoró, ya que la señora Norma dejó su labor como empleada doméstica para dedicarse al cuidado de Marco, quien se mueve con ayuda de una silla de ruedas. Ahora, la familia Barajas Payán se sostiene con lo que el señor Marco Antonio, su marido, obtiene en el taller mecánico donde trabaja desde hace varios años.
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Tanto Álvarez Fuentes, como Angulo Espinoza aparecen en la página oficial del Poder Judicial de Baja California como jueces de Garantía en el área de Sistema de Justicia Penal Oral de Mexicali, pero se desconocen los criterios que tomaron en cuenta para cada caso.
A fin de conocer el posicionamiento oficial, este medio de comunicación solicitó entrevista con el Poder Judicial de Baja California, sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no existió respuesta.
Ante esta panorama, Fernando Rosales, abogado de León, sostuvo que su cliente es un preso político, pues la actuación de las autoridades, a su parecer, obedece a los intereses de la cervecera Constellation Brands en Mexicali, que va en la primera etapa de construcción y pretende exportar 10 millones de hectolitros de bebidas alcohólicas cada año, aunque lograrlo requiera 20 mil millones de litros de agua, lo que equivale al consumo de alrededor de 750 mil habitantes.
“Por parte de la Procuraduría existe un interés económico para Constellation Brands. Hay interés del Gobierno por apoyar a una empresa aunque se afecte a los ciudadanos”, dijo a este diario digital.
La “enorme” diferencia que existe para impartir justicia en los casos mencionados, destacó el defensor legal de Fierro Reséndiz, es que el asunto del niño Marco Antonio “no es un asunto político”, por lo que denunció que la Procuraduría de Justicia “es incongruente”.
Asimismo, señaló como responsables del “error jurídico” a Perla del Socorro Ibarra Leyva, Procuradora General de Justicia de BC, y a Fernando Ramírez Amador, Subprocurador de Mexicali.
No obstante, la Procuradora declaró que ante la decisión del Juez Angulo Espinoza, en el caso del niño Marco Antonio, el Ministerio Público presentó una apelación -que continúa en proceso- para que Francisco “N” lleve su proceso en prisión.
El abogado Rosales hizo un llamado a ambos funcionarios “a que se alejen de los lineamientos políticos y de los intereses de la compañía Constellation Brands y a que atiendan a miles de casos que han quedado rezagados. Que atiendan a las víctimas de delitos que han denunciado ante la Procuraduría”.
