Tomás Zerón de Lucio tiene a su cargo la agencia de investigación más importante al interior de la Procuraduría General de la República (PGR), de acuerdo con especialistas, y es una de las piezas clave en materia de seguridad nacional en el país. Pero no siempre fue así. Antes mantuvo un bajo perfil en el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y después en el Estado de México, con Alfredo Castillo Cervantes, Procurador de Justicia de la entidad durante el sexenio del entonces Gobernador Enrique Peña Nieto.
Ciudad de México, 16 de mayo (SinEmbargo).–El viernes pasado en San Juan del Río, Quintana Roo, Tomás Zerón de Lucio reapareció al lado de Arely Gómez González, Procuradora General de la República, en un evento sobre derechos humanos, luego de los señalamientos sobre tortura y de evidencia que reveló el expediente del caso Ayotzinapa realizado por el Grupo Interdiciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
A pesar de que es cuestionado por organismos internacionales y nacionales por las serias irregularidades en la investigación de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, en ese evento Zerón de Lucio habló de principios de certeza, legalidad, eficiencia, imparcialidad, honradez y respeto a los derechos humanos que rigen a la Procuraduría General de la República (PGR).
No es la primera vez que sale airoso de cuestionamientos sobre su proceder profesional.
En 2007 fue cesado por el entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, junto con otros cinco mandos, debido a que se le salió de las manos un ataque de sicarios en Cananea, Sonora, en donde murieron 22 personas.
Ocho años después de aquel operativo fallido, tiene en sus manos el principal el Caso Iguala, el caso más criticado de seguridad del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.
Tomás Zerón de Lucio es una pieza clave en la seguridad nacional, a cargo de la dirección de la recién creada Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR. De acuerdo con Vidulfo Rosales Sierra, abogado de las familias de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, es quien tuvo y tiene el manejo de los hilos de la investigación que gira alrededor de la llamada “verdad histórica” que construyó junto al ex Procurador General de la República, el priista Jesús Murillo Karam.
“Lo que sabemos es que es el hombre de las confianzas del Presidente de la República y es la parte dura, la que toma las decisiones importantes, trascendentales, en los casos de impacto que lleva la PGR. Es esa persona y es uno de lo principales artífices de la ‘verdad histórica’ que fue respaldada por el Gobierno de Peña Nieto”, dice Vidulfo Rosales en entrevista con SinEmbargo.
El abogado asegura que fue Tomás Zerón quien se encargó de enturbiar y tensar la relación entre el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Gobierno mexicano.
“Zerón es quien ha estado empantanando el trabajo de los expertos. Cuando llegan y ponen en duda la versión del basurero de Cocula, empieza a poner obstáculos, a mover sus fuerzas dentro de la PGR, por eso para nosotros es muy importante que lo separen de su cargo, que esa persona no esté ahí”, indica.
Antes de irse de México, el GIEI reveló que el 28 de octubre de 2014 personal de la PGR acudió a la zona aledaña al Río San Juan donde se recolectaron pruebas óseas de las cuales se desconoce su destino ya que la inspección de ese día no quedó registrada en el expediente. Un día después fue que buzos de la Secretaría de Marina hallaron una bolsa con restos, entre ellos los del normalista Alex Mora Venancio.
El experto Carlos Beristain refirió que lo anterior quedó capturado por fotoperiodistas. Dijo que entre la evidencia recolectada el 28 de octubre había huesos, los cuales se desconocen si son de animales o humanos, de los cuales se desconoce su destino. Explicó que ese mismo día ocurrió confrontación entre los peritos de la PGR y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) por que no se permitió el acceso de estos últimos a la zona cercana al Río San Juan.
Tres días después Zerón de Lucio dio su versión de los hechos y aseguró que su visita al Río San Juan fue para auxiliar los actos de investigación del Ministerio Público y que estuvo sustentada legalmente. Además acusó que el video mostrado por el GIEI sobre su visita a la zona tenía varios errores en fechas y horas, y presentó su propia grabación de su recorrido ese día en la zona.
El funcionario federal precisó las actividades que realizó ese día en la zona del Río San Juan y dijo que el 28 de octubre de 2014 se dirigió a Cocula para verificar lo declarado por el implicado Agustín García Reyes, quien dijo que los normalistas habían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula y sus restos arrojados al Río.
La investigación que lidera Zerón también está inundada de posibles malos tratos y tortura a los inculpados, principalmente a los quienes sustentan la verdad histórica.
“En el estudio de evaluación del conjunto de informes médicos de lesiones en personas detenidas en la AP-001/2015 presentado en el Informe se señaló que de los 80 detenidos en ese momento, un 77 por ciento mostraban lesiones y frecuentemente cuadros de policontusión con lesiones traumáticas de distinta intensidad y localización. Según ese estudio, basado en los informes médicos realizados por personal de PGR, Marina y Ceferesos [Centros Federales de Readaptación Social], el análisis de las descripciones de las lesiones en el caso que nos ocupa deberían haber sido más detalladas tal y como se recomienda en la práctica forense y protocolos especializados de evaluación de posibles malos tratos y torturas. Por ejemplo, la descripción de las lesiones de la piel no recoge de forma adecuada sus características ni existe un esquema corporal de las lesiones ni el imprescindible registro fotográfico. Los reconocimientos médicos de los detenidos fueron muy deficientes e insuficientes para una investigación eficaz de posibles malos tratos que pudieran ser aludidos por estas personas”, establecieron los expertos en su último informe sobre el caso.
Carlos Beristain –quien atendió casos de desapariciones en Colombia– explicó que se analizó la situación médica conforme al expediente de 17 detenidos, entre ellos de los cinco inculpados que sostienen la versión del basurero de Cocula, es decir la “verdad histórica” del ex Procurador de la República Jesús Murillo Karam.
Los expertos analizaron las lesiones de Gildardo López Astudillo, “El Gil”, y a los inculpados que cuyas confesiones dieron origen a la incineración de los 43 estudiantes en el Basurero de Cocula. Las tres declaraciones en las que se basa la “verdad histórica” del ex Procurador Murillo Karam para sustentar que los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa fueron asesinados y cremados en el basurero de Cocula y luego desechados en el Río San Juan, aparecen con lesiones e indicios de tortura.
El mismo Agustín García Reyes el 28 de octubre de 2014 cuando ingresó a la SEIDO, siete horas después de ser detenido, el inculpado tenía 30 lesiones que no estaban cuando lo detuvieron. El inculpado, dijeron, declaró que fue torturado: le pusieron una bolsa en la cabeza, le dieron toques eléctricos y fue golpeado.
Agustín traía una lesión visible en el cuello. Ese es el mismo personaje que aparece com Zerón en su video. “Las declaraciones de Zerón son una tergiversación de la realidad y sus declaraciones son muy graves”, planteó Beristain.
SinEmbargo preguntó en entrevista a los expertos del GIEI días antes de irse de México sobre qué funcionarios públicos obstaculizaron su trabajo y debían ser destituidos. No quisieron dar nombres, pero después de las declaraciones de Zerón de Lucio sobre su visita al río San Juan el 28 de octubre, los especialistas solicitaron la destitución de un solo funcionario: la de él.
“Consideramos que para que la investigación avance, esa persona no puede estar implicada ni controlar información sobre la investigación”, dijo Carlos Beristain, uno de los miembros del GIEI en conferencia de prensa la mañana siguiente a las declaraciones de Zerón.
Vidulfo Rosales explica que los padres de los jóvenes desaparecidos continúan esperando respuesta del Gobierno federal.
“Los expertos lo pidieron y los papás también, pero no hay respuesta. Zerón polarizó la relación entre los padres y el GIEI con el Presidente, porque el termómetro del caso se lo daba Zerón”, dice Rosales.
Como respuesta a las revelaciones del GIEI la Visitaduría General de la PGR investiga a Zerón y a otros funcionarios por su visita al río San Juan.
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Si bien el caso de Ayotzinapa es el más importante en la carrera de Zerón de Lucio, antes de ser uno de los hombres claves para la seguridad nacional trabajó con un bajo perfil con García Luna.
Tomás Zerón, de acuerdo con su curriculum publicado en la página web de la PGR, es Licenciado en Administración Industrial por el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y tiene estudios de posgrado en Ciencias Penales por la Universidad de España y México.
El funcionario fue Jefe de Sección en la Policía Federal Preventiva con Genaro García Luna, Comisario Jefe en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, titular de la Dirección General de Inteligencia y en el Estado de México estuvo a cargo de la Dirección General de Investigación y Análisis en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.
Según algunos analistas Zerón tuvo tareas de inteligencia en el caso de la niña Paulette Gebara Farah desaparecida en 2010 y encontrada nueve días después muerta entre el colchón y la base de cama.
Ricardo Raphael recordó en su columna en El Universal del 2 de mayo de este año que a Tomás Zerón “le tocó atender el caso de la desaparición de Paulette Gebara. […] Las áreas de investigación y análisis de la procuraduría del Edomex, con Tomás Zerón a la cabeza, utilizaron toda la inteligencia disponible para dar con su paradero. […] Nueve días después, la autoridad por fin encontró a la niña Paulette Gebara. Estaba debajo de su cama. […] Nadie creyó aquella narrativa, […]”.
Martín Gabriel Barrón Cruz, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), quien fue perito externo en el caso de la niña Paulette, no recuerda a Zerón. “No lo conozco. Supe de este personaje con el caso Ayotzinapa. No sé si su trabajo es bueno o es malo. En el caso Paulette yo nunca lo vi, ni escuché su nombre en la Procuraduría, no sé si en realidad se ha vinculado con Alfredo Castillo”, dice.
Lo mismo afirma José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, quien ha seguido varios casos en el Estado de México.
“A Tomás Zerón no lo ubico en esa época para hacer una evaluación de su trabajo, ni siquiera tengo clara la fecha en la que estuvo en el Estado de México. No lo ubico, no lo tengo registrado, al menos no tenía algún liderazgo de labores en la investigación que se hacía”, comenta.
La primera noticia que Ortega tuvo de Zerón fue a partir de su nombramiento al frente de la recién creada agencia de investigación durante la gestión de Murillo Karam.
José Antonio asegura que para el puesto para el que fue nombrado no se requería un gran currículum y que el funcionario fuera conocido por sus dotes al frente de oficinas de seguridad nacional.
“No se requiere que seas figura pública para un nombramiento de esa naturaleza, más bien que tengas capacidad, honradez, conocimiento para dirigir a la Policía Ministerial”, expone.
Tomás Zerón, de acuerdo con la PGR, además de ser director en Jefe fundador de la AIC, tiene a su cargo a la Policía Federal Ministerial, la Coordinación General de Servicios Periciales, el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia y la oficina de INTERPOL México.
El sueldo de Zerón es uno de los más elevados y casi es comparable al del Presidente, con un monto total en las percepciones de 194 mil 708.34 pesos mensuales de acuerdo con el Portal de Obligaciones y Transparencia (POT).
En cuanto a sus relaciones políticas, Zerón trabajó en el Estado de México con Alfredo Castillo y se le vinculó cercano a Humberto Castillejos Cervantes, actual Consejero Jurídico de la Presidencia de la República.
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Aunque para José Antonio Ortega no se requiere ser una persona pública para el puesto de Zerón en la PGR, Édgar Cortez Morales, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), opina que el cargo del funcionario es clave y debe estar en manos de una persona de reconocida reputación y trayectoria.
“Si lo pusiéramos en orden jerárquico es el más importante; porque esa es el área donde se hace trabajo de investigación concreto y lo que ahí se haga bien o mal influye de forma decidida en los resultados y los juicios”, explica.
Cortez Morales agrega que en México se le da una importancia relevante a lo que hace o deja de hacer el Ministerio Público, sin embargo es la Policía la que hace la investigación de acuerdo a las leyes.
“Para una imagen gráfica: el área en donde él está, son los cimientos de la casa, entonces si hay malos cimientos, la casa se va a caer. En términos de resultados está la Procuradora [Arely Gómez], pero ella es funcionaria administrativa, burócrata, quien hace la investigación es Zerón”, indica.
El analista lamenta que un cargo del nivel que ostenta Tomás Zerón en México no se decida por su perfil fénico y especializado, sino por ser más “político”.
“Hay quien lo vincula con el Consejero Jurídico de Presidencia. Es probable que esté ahí no por su capacidad técnica, ni por ser un consolidado investigador en esa área, sino que provenga de grupos de poder, negociaciones políticas. No puede ser que estas áreas estén integradas por personas seleccionadas bajo criterios políticos, porque terminan por dar respuesta a intereses políticos”, explica.
Pero Tomás Zerón, a pesar de ser investigado por la PGR sigue en su puesto. El funcionario dice Édgar Cortez, debió ser cesado de su cargo inmediatamente por los señalamientos en su contra en la investigación de Ayotzinapa.
El criminólogo Pablo Monzalvo Pérez, académico del Diplomado en Seguridad Pública de la Universidad Iberoamericana (UIA), explica que en México se requiere de una revisión profunda de la estructura del sistema de justicia.
“Él [Zerón] cumple indicaciones, el sistema funciona como sistema. Él fue una parte. Ahora tiene una responsabilidad; qué bueno. Pero se debe acabar con la corrupción y la ignorancia, son dos puntos por los que el sistema de seguridad nacional no funciona: corrupción e ignorancia. No depende de una persona”, dice.
