La Secretaria de Gobernación advirtió que la eliminación de la prisión preventiva liberaría a más de 68 mil presuntos delincuentes, acusados en su mayoría de homicidio, secuestro, violación y narcotráfico.
Ciudad de México, 16 de abril (SinEmbargo).– Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), expresó esta mañana su preocupación por la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la posible eliminación de la prisión preventiva oficiosa, y compartió la carta que el Gabinete de Seguridad envió a las y los ministros con una lista de los riesgos.
Desde Palacio Nacional, explicó que si se quita la prisión preventiva, se propiciaría la eventual liberación de 68 mil presuntos delincuentes, acusados en su mayoría de homicidio, secuestro, violación y narcotráfico.
“El número es tan alto precisamente porque la problemática está vinculada a la enorme tardanza de los propios jueces, y a la cantidad de recursos y amparos que hacen que todos estos procesos duren mucho tiempo en resolverse”, aseguró Alcalde Luján.
“La Suprema Corte está proponiendo invalidar el Artículo 19 constitucional, y ordenar a todos los jueces del país inaplicar la prisión preventiva de oficio. Esta decisión la toma a partir de una resolución, emitida en enero de 2023, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es una instancia judicial internacional que pertenece a la OEA, en donde condena a México y resuelve que se deben adecuar las leyes, incluyendo la Constitución, para eliminar la prisión preventiva”, detalló.
La Secretaria de Gobernación declaró que la Corte atrajo la sentencia “oficiosamente para interpretarla, y ordenar unilateralmente cómo México debe darle cumplimiento sin que se tome en cuenta otras instituciones, una obvia sería el Congreso de la Unión, quien debería de analizar la posibilidad de estas modificaciones”.
“Creemos que la Suprema Corte no sólo se excede en sus facultades, pretende tomar una decisión sin dimensionar lo que esto significa para la paz y seguridad de nuestro país”, acusó.
Compartimos la carta que el Gabinete de Seguridad envió a todas y todos los ministros de la @SCJN advirtiendo nuestras preocupaciones y los riesgos para la seguridad nacional en caso de que se invalide la prisión preventiva oficiosa sin un previo análisis que involucre a todos… pic.twitter.com/BuaYhi7rNx
— Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) April 16, 2024
Alcalde Luján desglosó la cifra de los más de 68 mil presuntos delincuentes de la siguiente forma: 11 mil 640 acusados de homicidio; siete mil 150 acusados de secuestro; cinco mil 617, de violación; cuatro mil 013, de narcotráfico y narcomenudeo; tres mil 800, de portación de armamento o explosivos; mil 405, de feminicidio; mil 273, de pederastia, abuso infantil y corrupción de menores; y 445, de delincuencia organizada.
Asimismo, enlistó cuáles son las entidades que más liberarían a presuntos delincuentes: Estado de México, 21 mil 718; Jalisco, ocho mil 342; Veracruz, cuatro mil 554; Michoacán, tres mil 315; y Puebla, tres mil 044.
La funcionaria federal apuntó que la eliminación de la prisión preventiva es un riesgo para la seguridad de testigos y víctimas; para la seguridad de policías, personal de fiscalías y juzgadores; para la población ante la posibilidad de volver a delinquir; para la seguridad nacional; y para el sistema de justicia porque “tendría una carga de trabajo excesiva”.
El poder judicial pretende invalidar la Prisión Preventiva Oficiosa (Art. 19 constitucional). Con ello se liberaría a 68 mil presuntos delincuentes peligrosos, poniendo en riesgo a víctimas y sociedad. El @GobiernoMX llama a respetar la Constitución y agilizar la justicia. pic.twitter.com/p5MHUz8IaD
— Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) April 16, 2024
La titular de la Segob también consideró que quitar la prisión preventiva oficiosa vulnera la soberanía nacional, pues la existencia de organismos internacionales no implica que los estados renuncien a su soberanía ni a su derecho a autodeterminarse.
“Hacemos un llamado a la Corte a respetar la Constitución, a respetar la división de poderes, a no excederse en sus facultades, a considerar las graves consecuencias de eliminar la prisión preventiva oficiosa, y que valoren atacar la tardanza de sus resoluciones”, concluyó.
El pasado viernes 12 de abril, el Gabinete de Seguridad envió una carta a las y los ministros de la SCJN, en donde planteó sus preocupaciones sobre la discusión. El documento lo compartió esta mañana la Secretaria de Gobernación a través de sus redes sociales.
El poder judicial pretende invalidar la Prisión Preventiva Oficiosa (Art. 19 constitucional). Con ello se liberaría a 68 mil presuntos delincuentes peligrosos, poniendo en riesgo a víctimas y sociedad. El @GobiernoMX llama a respetar la Constitución y agilizar la justicia. pic.twitter.com/p5MHUz8IaD
— Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) April 16, 2024
En la carta, Alcalde Luján externó su preocupación por la corrupción que existe en el Poder Judicial, en la que “algunos juzgadores” puedan actuar de “manera facciosa” para favorecer a las y los presuntos delincuentes.
“La preocupación aumenta ante la corrupción que con frecuencia se ha detectado al interior del Poder Judicial de la Federación por parte de algunos juzgadores que actúan de manera facciosa para favorecer a delincuentes; corrupción que hemos denunciado reiteradamente ante el Consejo de la Judicatura Federal sin que se investigue o sancione y que, de invalidarse la prisión preventiva oficiosa, resultaría en un atentado contra la seguridad pública”, criticó.
“Confiamos en que el Poder Judicial de la Federación velará por el Estado de Derecho, garantizará los derechos humanos de las víctimas, y abonará al mantenimiento de la paz y la seguridad de la sociedad”, finalizó.
La secretaria de #Gobernación informó en la #ConferenciaPresidente que los juzgados penales quieren adelantarse a la @SCJN y pretenden suspender la prisión preventiva oficiosa de manera unilateral.
Explicó que ello provocaría riesgos a la seguridad de testigos, víctimas,… pic.twitter.com/85EpKcdSsy
— Gobernación (@SEGOB_mx) April 16, 2024
El pasado 24 de noviembre, la SCJN declaró inconstitucional por mayoría calificada la prisión preventiva oficiosa en delitos fiscales, luego de que quedara pendiente la pronunciación de algunos ministros sobre el proyecto del Ministro Luis María Aguilar Morales.
La votación tuvo a seis de 11 ministros en contra de esta nueva propuesta del Ministro Aguilar, la cual requería ocho votos para que fuera aprobada, por lo que se mantendrá sin cambios la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, excepto para los delitos de contrabando, defraudación fiscal y los denominados “factureros”.
El proyecto proponía interpretar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para anteponer el principio de pro persona y de presunción de inocencia ante la medida de prisión preventiva oficiosa.
En #ConferenciaMatutina, encabezada por el Presidente @lopezobrador_, la secretaria @LuisaAlcalde informó que la @SCJN está proponiendo invalidar el Artículo 19 Constitucional y ordenar a todos los jueces del país no aplicar la Prisión Preventiva de Oficio.
Con esta decisión se… pic.twitter.com/ZlyATEzNyz
— Gobernación (@SEGOB_mx) April 16, 2024
El Ministro Aguilar Morales planteaba que esta medida cautelar no se aplique de forma automática, sino que se analice caso por caso; en un segundo intento para poder eliminar la prisión preventiva oficiosa, el Ministro Aguilar Morales planteó hacer una “interpretación conforme en sentido amplio” de la Constitución federal y anteponer el principio pro persona y de presunción de inocencia.
“De esta manera, se debe entender a la prisión preventiva oficiosa como una medida cautelar no automática“, explicó Aguilar Morales en su nuevo proyecto. “El carácter oficioso de la medida cautelar únicamente significa que se trata de una modalidad en la que el Juez penal debe abrir el debate para determinar si se justifica la imposición de la prisión preventiva, sin necesidad de que el Ministerio Público hubiera solicitado la medida cautelar”, completó.
Actualmente existe una población total de 226 mil 916 personas privadas de la libertad en centros penitenciarios. De ese universo de personas, 134 mil 321, equivalentes al 59.2 por ciento, se encuentran cumpliendo una sentencia de condena. Sin embargo, 92 mil 595, equivalentes al 40.8 por ciento, están bajo proceso penal en prisión preventiva, sin tener una condena que les hubiera permitido defenderse en un proceso contradictorio con las garantías del imputado, de acuerdo con el “Cuaderno mensual de información estadística penitenciaria nacional de junio de 2022”, emitido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal.
