El próximo 24 de abril, en punto de las 09:30, se realizará la audiencia intermedia con la presentación de pruebas y testigos previos al juicio oral en contra del exgobernador César Duarte, quien llegará a su juicio sin dos de las piezas claves de la trama de corrupción.
Ciudad de México, 16 de abril (Sin embargo).- Se acerca la fecha pactada para la audiencia intermedia que podría llevar a la apertura del juicio oral contra el exgobernador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), César Duarte Jáquez (2010-2016), acusado de desvío de recursos. Sin embargo, el juicio contra el exmandatario llega sin dos piezas clave en la trama de corrupción: dos exfuncionarios que ya han fallecido.
El próximo 24 de abril, a las 09:30, se llevará a cabo la audiencia intermedia con la presentación de pruebas y testigos previos al juicio oral. La audiencia estaba prevista para principios de este mes, pero fue pospuesta por segunda vez a petición de la Fiscalía General del Estado. Esta decisión se debió a que la defensa entregó las pruebas en un dispositivo de almacenamiento USB con 160 archivos digitales, de los cuales la mitad no se pudieron abrir.
Además, el Ministerio Público indicó que la defensa argumentó que buscará la presentación de al menos 3 mil testigos, de los cuales algunos ya han fallecido, según lo reportado por periódicos locales.
Duarte Jáquez, quien fue detenido en Miami en julio de 2020, tenía al menos 21 órdenes de aprehensión en México —una de ellas federal por la creación de Banco Unión Progreso con recursos públicos— por diversos cargos de corrupción, como presuntamente haber malversado, en suma, al menos mil millones de pesos de fondos públicos.
Finalmente, el 2 de junio de 2022, fue extraditado por Estados Unidos a México; no obstante, debido al Tratado Internacional de Extradición, el mandatario fue procesado sólo por el delito de cohecho por un monto de 96 millones de pesos.
La historia de corrupción que se le imputa al exgobernador chihuahuense involucró a una gran cantidad de personas, incluyendo funcionarios públicos y empresarios. Varios de los implicados han sido ya procesados y sentenciados. Sin embargo, al menos dos actores fundamentales en la trama de corrupción ya han fallecido. Algunos activistas que han dado seguimiento y denunciado al exmandatario consideran que esto pudiera impactar en el juicio.
“Aquí hay dos cosas muy graves: están desapareciendo los actores de corrupción, los actores secundarios que estaban bajo el mando de Duarte. Lo que quedaba pendiente de justicia se está retrasando y estos asuntos van a quedar sin resolver, creando un enorme hoyo negro por la tardanza de la justicia penal mexicana. Es una cosa grotesca y absurda”, señaló el abogado Jaime García Chávez en una entrevista con SinEmbargo.
Además de las acusaciones presentadas por el exgobernador panista Javier Corral, César Duarte también tenía una causa penal a nivel federal, según ha explicado el abogado y exdiputado local por el PRD, García Chávez. Se trata de la denuncia presentada por él en septiembre de 2014, donde acusa a Duarte de enriquecimiento ilícito por la cantidad de 65 millones de pesos, que se presume fueron empleados para crear el banco del exgobernador, es decir, el caso del Banco Unión Progreso de Chihuahua, que se quedó estancado en la Fiscalía General de la República (FGR).
El abogado destacó que han pasado ocho años desde que presentó la denuncia ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) contra César Duarte por abrir un banco propio con recursos del erario público y hasta la fecha no ha habido resultados.
“Mi denuncia, que estaba bien sustentada, no ha tenido ningún efecto en el gobierno de Peña Nieto, ni en el de López Obrador, ni aquí a nivel estatal con Javier Corral. Además, algunos actores que podrían haber sido testigos han muerto”, añadió.
LA MUERTE DE TARÍN
Antonio Enrique Tarín García, quien fue uno de los principales operadores del exgobernador de Chihuahua en el desvío de millones de pesos de recursos públicos, fue hallado muerto el pasado 7 de abril. Las primeras indagatorias señalaron que el exfuncionario llegó en su propio vehículo particular hasta las inmediaciones del puente ubicado en la avenida Homero y Periférico de La Juventud, al norte de la Ciudad de Chihuahua, y luego se lanzó al vacío.
La muerte de Tarín García, quien desempeñó distintos cargos públicos durante la administración duartista, llamó la atención al tratarse de una de las partes esenciales en el caso que se espera pronto sea sometido a juicio. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua lo identificó como uno de los principales operadores de Duarte; lo consideraron “pieza clave”, ya que, según la dependencia, simuló contratos por diversos servicios en los que involucró a empresas fantasma.
Tarín García primero asumió la dirección de Administración y Finanzas del Instituto Chihuahua de Salud y posteriormente presidió el Comité de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda estatal. Fue en este último cargo donde se le señaló como responsable del desvío de 2.4 millones de pesos del erario, delito por el que un Tribunal de Enjuiciamiento lo sentenció a seis años de prisión. Además, no fue la única acusación en su contra, ya que enfrentaba otras ocho causas penales, incluyendo una del fuero federal.
Sin embargo, aunque Antonio Tarín era una figura clave, no fue el único actor importante en la historia de las acusaciones de corrupción y desvío de recursos durante el duartismo.
Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga también fue un personaje relevante en esta trama, pero el entonces Diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) falleció luego de sufrir un accidente automovilístico el 20 de marzo de 2017, cuando ya existían acusaciones contra César Duarte.
“A mi juicio, es destacable que dos hombres prominentes en la orquestación de la corrupción del sexenio de Duarte hayan muerto en condiciones que sugieren conjeturas sobre sus decesos. Personalmente, no me gusta especular acerca de por qué sucedió esto, pero es cierto que resulta extraño que ambos, siendo dos de los principales actores de la trama, hayan fallecido. Evidentemente, jugaron un papel en la corrupción”, expresó Jaime García Chávez, abogado y activista, en una entrevista con SinEmbargo.
Con la muerte de Carlos Hermosillo, Antonio Tarín asumiría su cargo como Diputado federal suplente. Sin embargo, a pesar de su intento por acceder al fuero constitucional atrincherándose en el Congreso de la Unión, fue detenido el 7 de mayo de 2017 y no logró su cometido de aletargar la justicia.
“En la investigación ministerial se demostró que, de febrero de 2015 a octubre de 2016, Antonio Enrique T. G. desvió 120 millones de pesos en acuerdo con otros servidores públicos, simulando un proceso administrativo para contratar a la empresa Kepler Soluciones Integrales para ‘asesorías en la aplicación de mejora continua y transparencia de los procesos contables, financieros y administrativos’ con el número de contrato CH/AD/098/15, realizado el 31 de julio de 2015”, señaló la Fiscalía en un comunicado tras su detención.
EL ACCIDENTE DE CARLOS HERMOSILLO
El fallecido Diputado federal Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga–de acuerdo con Jaime García Chávez – era un elemento fundamental de las actividades financieras del exgobernador priista.
“Yo denuncié en concreto a Carlos Hermosillo, quien es junto con Jaime Ramón Herrera Corral y Cesar Duarte, que presenté pruebas que se acreditaban el hecho delictivo, pero que nunca se hizo nada, ni por el gobierno federal ni el estatal”.
Hermosillo Arteaga fue acusado de participar en el desvío de 96 millones de pesos de recursos públicos, destinados a la Unión Ganadera Regional División del Norte y a la sociedad financiera de objeto múltiple (Sofom) División del Norte, ambas empresas en las que Duarte Jáquez fue socio mayoritario durante su mandato.
La acusación también señala que Hermosillo y su esposa, Mayra Julieta Urbina, incrementaron injustificadamente su patrimonio por la cantidad de 58.7 millones de pesos, que se reflejó principalmente en depósitos en sus cuentas bancarias, aportaciones al capital de una empresa, compra de joyas y adquisiciones de fincas, vehículos y 96 cabezas de ganado.
En octubre de 2019, Mayra Julieta Urbina, viuda del exlegislador, fue detenida en Durango por enriquecimiento ilícito, debido a que no pudo comprobar más de 58 millones de pesos obtenidos presuntamente desde el gobierno de Duarte, según la causa penal 3079/2019.
Urbina se desempeñó como jefa de oficina del DIF Estatal desde el 20 de octubre de 2010 hasta el 15 de marzo de 2012, cuando Bertha Gómez Fong, esposa de Duarte, era la presidenta.
La Fiscalía General de Justicia de Chihuahua habría incautado bienes del Diputado fallecido y su esposa como parte de la acusación. Para tal efecto presentó pruebas que documentaron 17 transferencias bancarias, mediante 11 procedimientos administrativos simulados, por un total de 64.6 millones de pesos que se depositaron en la Unión Ganadera División del Norte, y por otro de 32 millones de pesos a la Sofom División del Norte, gracias a la participación de Hermosillo en calidad de prestanombres, de acuerdo con una nota de La Jornada publicada en febrero del presente año.
Carlos Hermosillo comenzó a trabajar en 2005 como chofer y secretario particular de César Duarte Jáquez. Posteriormente, ascendió y se convirtió en Diputado federal por el Distrito IX, con sede en Parral. Sin embargo, antes de ser legislador, el entonces chofer declaró un patrimonio que no sobrepasaba los 200 mil pesos. Seis años después, su fortuna ascendía a más de 100 millones de pesos, de acuerdo con una publicación del periodico Noreste.
Otro paso que siguió Hermosillo fue en la Unión Ganadera. En octubre de 2010, sucedió a César Duarte (en ese entonces recién electo Gobernador) en la dirección de la Unión Ganadera Regional General División del Norte. En mayo de 2011, entró en la administración pública estatal con el cargo de director del Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua (Fideapech).
Hasta antes de suceder a Duarte, Carlos Hermosillo contaba solo con un inmueble de 76 metros cuadrados en una colonia periférica del norte de Chihuahua que había comprado por 193 mil pesos en 2003. Sin embargo, diversas investigaciones periodísticas documentaron que, entre el 22 de noviembre de 2011 y el 29 de octubre de 2013, el legislador priista había comprado propiedades por 13 millones 973 mil 883 pesos y tres centavos, cuando en ese mismo periodo percibió, como funcionario público, un millón 345 mil 375 pesos con 26 centavos.
En el año 2012, Carlos Hermosillo fue nombrado director general de Administración de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, donde reportaba al entonces Secretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral, quien era socio del Banco Unión Progreso y también coacusado de Duarte en la demanda por enriquecimiento ilícito, según publicó Noroeste.
Durante ese periodo, desempeñó diversos cargos: fue director del Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua, cargo que ocupó del 24 de mayo de 2011 al 14 de febrero de 2012, y por el cual, percibió un monto total de 494 mil 155 pesos con 26 centavos. Posteriormente, estuvo en la Dirección General de Administración de la Secretaría de Hacienda estatal del 15 de febrero de 2012 al 29 de octubre de 2013, período en el que ganó la cantidad de 851 mil 220 pesos.
De acuerdo con un reportaje publicado en SinEmbargo por la periodista Sandra Rodriguez en noviembre del 2015, no había pasado ni un año desde que la Procuraduría General de la República había iniciado la averiguación previa AP/PGR/UEAF/001/2014-09 por el probable enriquecimiento ilícito del entonces Gobernador César Duarte Jáquez, cuando Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, acudió a la Notaría Pública Número Cuatro ubicada en Parral y registró una compra de 524.8 hectáreas de pastizal en el Municipio de Valle de Zaragoza, al sur del Estado de Chihuahua.
Jaime García Chávez considera lamentable que un caso de corrupción quede impune. Según el activista, el asunto de Duarte, tras su extradición, debería haber sido resuelto en dos o tres meses, pero su denuncia ya tiene ocho años.
“El asunto de Duarte, luego de su extradición, daba para dos o tres meses. Mi denuncia tiene ocho años. Yo no quiero en lo particular convertirme en revictimizante de la muerte de Tarin o de Hermosillo. Yo, para ello y Duarte, lo que exijo es un debido proceso y castigo para una corrupción más que evidente”, expresó el activista.
Sobre la causa penal a nivel federal por la creación de Banco Unión, recordó que, en el último tramo del sexenio anterior, “Enrique Peña Nieto solicitó, a través de la PGR, que se decretara el no ejercicio penal contra Duarte, es decir, quiso irse de la Presidencia dejando en libertad a su amigo César Duarte”, dijo el abogado.
No obstante, el activista tuvo que recurrir a dos amparos que finalmente obligaron a la ahora FGR a justificar esa pretensión de la no acción penal.
