“Primero los pobres” es la frase insignia del movimiento encabezado por el Presidente López Obrador. Sin embargo enfrenta importantes retos para materializarse. La pandemia de COVID-19 y la crisis económica aparejada, ambas sin precedentes, amenazan por completo el proyecto político del actual Gobierno. No será fácil la recuperación económica. Menos fácil será evitar la caída de ingresos y, por lo tanto, que millones de personas caigan por debajo de la línea de la pobreza. El desafío está en garantizar, más allá del discurso, una acción coherente y articulada que mitigue los riesgos reales para los derechos económicos y sociales de amplios sectores de la población.

En los ámbitos analizados en nuestro informe “Distorsión: el discurso contra la realidad”, damos cuenta de factores estructurales que entrañan la violación de derechos sociales íntimamente vinculados con el derecho a la información. Primero, observamos cómo la brecha digital está lejos de revertirse. En México aqueja al 55 por ciento de la población mexicana que se encuentra en el estrato económico “bajo” y 53 por ciento de la población rural. La propuesta de política pública planteada, al parecer, se quedará corta para garantizar el derecho constitucional de acceso a internet para todas y todos. Así se mantienen dos Méxicos: uno conectado y otro que no lo está.

De hecho, el nombre del programa “CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos” es, en los hechos, una aspiración con la cual se ha bautizado una estrategia opaca, poco clara y mal diseñada, que prácticamente repetirá fórmulas de la Estrategia Digital Nacional del expresidente Enrique Peña Nieto. Lo que parecía en 2019 una prometedora política de conectividad, en 2020 se diluyó con la desaparición de la Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico de la SCT, encabezada por Salma Jalife. Ella había comenzado a darle a la propuesta del nuevo Gobierno la necesaria prioridad, guía, coherencia y lógica.

Los actuales programas de conectividad refuerzan la verticalidad del poder y del Estado, sin tomar en cuenta los procesos locales para generar formas de apropiación tecnológica, y detonar el aprovechamiento de los servicios de telecomunicaciones desde abajo, desde las dinámicas comunitarias interesadas nos solamente en “tener Internet”, sino en desarrollar sus propios esquemas para acceder a él. El Gobierno necesita fomentar el diálogo con los pueblos y las comunidades indígenas mediante esquemas participativos. Dejar de reforzar una visión paternalista y unilateral que cae en el error de considerar que la provisión de infraestructura es el único componente para garantizar la universalidad de internet y la inclusión digital.

Este Gobierno tiene la oportunidad de generar cambios. Dar un rumbo distinto al programa en cuestión cuyo enfoque contempla la cobertura de Internet únicamente para el 7.8 por ciento de las comunidades de menos de 250 habitantes (el 92.2por ciento restante de la cobertura estará a cargo de Altán Redes) para detonar mecanismos institucionales que fortalezcan los procesos locales de conectividad. El programa ha recibido críticas porque hasta la fecha el despliegue de los puntos de conexión, porque se han concentrado en zonas urbanas y donde ya hay conectividad.

La falta de Internet para personas y comunidades históricamente marginadas constituye, además de la violación estructural de un derecho humano, la permanencia de un factor que perpetúa la exclusión y la desigualdad. Ello se profundiza con la imperiosa necesidad, nacida de la emergencia sanitaria, de garantizar el acceso a internet a más hogares para el desarrollo de actividades educativas y laborales, que ahora dependen más de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

En íntima relación, la pandemia puso al desnudo las carencias institucionales para garantizar información asequible, pertinente y culturalmente adecuada a las poblaciones indígenas del país. Al igual que la brecha digital, la falta de políticas de transparencia proactiva que permitan llevar información necesaria para un robusto ejercicio de los derechos a la salud y a la educación, nos permite llegar a la dolorosa conclusión de que, pese al discurso, los pueblos y comunidades indígenas no son reconocidas en los hechos como sujetos de derecho.

Una de las limitaciones de las estrategias de difusión de información sobre la COVID- 19  para las poblaciones indígenas se encuentra en su alta concentración en el ámbito digital, sobre todo en las páginas de Internet de las instancias de Gobierno como la Secretaría de Salud (SSA) y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INPI). Ello dificulta el acceso para muchas comunidades indígenas que no cuentan con Internet (o cuyos costos son altos al tener que pagar por tiempo determinado).  De acuerdo con el Diagnóstico de Cobertura del Servicio Móvil en los Pueblos Indígenas 2018, el 82 por ciento de las localidades con presencia de población indígena cuentan con cobertura móvil en la tecnología 3G, pero sólo el 40 por ciento de los sitios tenían acceso a cobertura 4G.

Otra limitante es que no todas las familias indígenas cuentan con televisión o la señal es insuficiente para sintonizar la información difundida en las conferencias brindadas por la Secretaría de Salud, mismas que se encuentran en un lenguaje técnico y no se traducen a lenguas indígenas. En el mismo sentido, sobre todo a nivel local, persiste la medida de publicación de carteles y trípticos. Si bien algunos de estos materiales fueron traducidos a diferentes lenguas originarias, requieren que las personas sepan leer, lo cual pudiera ser más factible entre la población joven. Sin embargo, no lo es para las personas adultas y adultas mayores, menos aún en el caso de las mujeres que padecen condiciones adicionales de discriminación en el acceso a la educación. En suma, la estrategia informativa sobre la pandemia ha sido excluyente.

Por último, pero no menos importante, observamos un factor de violencia estructural en contra de la prensa, de por sí asediada por múltiples actores públicos y privados para acallarla: la precariedad laboral. Ciento cuatro periodistas murieron de COVID-19 hasta el momento de escribir estas líneas. Ello da cuenta de la falta de medidas mínimas para garantizar los derechos laborales y de seguridad social que enfrentan miles de comunicadores en este país.

De noviembre de 2020 a enero de 2021, llevamos a cabo una encuesta dirigida a las y los periodistas que sufrieron ataques vinculados a las coberturas de la pandemia. Esta encuesta muestra que derivado de la contingencia sanitaria, al 62.7 por ciento de las y los periodistas sufrieron reducción a su salario o ingresos económicos vinculados al periodismo.

El incumplimiento de otorgar protección a periodistas por parte de las y los propietarios de los medios de comunicación se refleja en que, de las y los encuestados casi el 34 por ciento declaró no contar con el equipo de protección necesario para hacer coberturas durante la contingencia sanitaria. La falta de protecciones tiene un impacto claro en los contagios de periodistas: 49.3 por ciento afirmó que integrantes de su medio se habían contagiado mientras que casi el 16.4 por ciento dijo haberse ya contagiado de COVID-19.

Esto se vincula con las declaraciones de Zoe Robledo, Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En la conferencia matutina del 15 enero del 2020, Robledo afirmó que “[cerca] de 22 mil periodistas no tienen ningún esquema de seguridad social”. Si bien, Robledo agregó que se estaba “trabajando en un modelo para atender este problema”, ha pasado más de un año y no se tiene información sobre qué hará el Gobierno para dar asistencia y seguridad social a miles de periodistas.

La ausencia de protección, la privación de acceso a la seguridad social y en general las condiciones de precariedad también impactan psicoemocionalmente a la prensa. Del total de periodistas encuestados, sólo el 7.5 por ciento dijo no haber experimentado ningún tipo de impacto psicosocial, mientras que la mayoría (93.2 por ciento) dijo tener estrés, miedo y ansiedad.

Si la violencia material, que derivó en 692 agresiones contra la prensa, es motivo de suma preocupación en México, las carencias laborales se revelan como una circunstancia profunda que contribuye a un mayor estado de vulnerabilidad de los y las periodistas que afectan su derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información de la sociedad. En ello, convergen las responsabilidades de Estado y de los dueños de los medios de comunicación.

De esta manera -con datos y evidencia- confirmamos que la desigualdad informativa, y las condiciones estructurales que la profundizan, persisten pese al discurso de cambio.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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