El nuevo protocolo, que entrará en vigor en 90 días, revierte uno que regía desde 2005 y que daba a los solicitantes de asilo que demostraran un "miedo creíble", la posibilidad de libertad provisional luego de una audiencia de inmigración.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tendrá la decisión final sobre mantener o no detenidos a dichos inmigrantes en función de sus recursos disponibles.
Washington, 16 de abril (EFE).- El Fiscal General de EU, William Barr, anunció este martes que negará la posibilidad de salir en libertad provisional a parte de los solicitantes de asilo detenidos mientras avanzan sus procesos en los tribunales de inmigración.
La decisión revierte un protocolo que rige desde 2005 y que da a los solicitantes de asilo que demuestren un "miedo creíble" la posibilidad de someterse a una audiencia de inmigración que les permita la libertad provisional.
Barr ordenó que el nuevo protocolo entre en vigor en 90 días para dar así tiempo al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para que habilite espacios para mantener detenidos a los solicitantes de asilo, que llegan cada mes en decenas de miles.
Será el DHS, no obstante, quien tendrá la decisión final sobre mantener o no detenidos a estos inmigrantes en función de sus recursos disponibles.
El nuevo protocolo no afectará ni a los menores no acompañados ni a las familias con niños, ya que una acuerdo judicial de 1997 conocido como "Flores" no permite la detención por más de 20 días de los menores de edad.
Tampoco afectará a los indocumentados que soliciten el asilo en los puertos de entrada, solo a los detenidos tras cruzar de manera irregular la frontera.
Organizaciones pro derechos de los inmigrantes ya han anunciado que recurrirán la decisión, abriendo así un nuevo frente en la extensa batalla legal que libra el Gobierno de Donald Trump contra las normas migratorias vigentes.
La decisión anunciada hoy por Barr está en la línea de la estrategia de Trump para intentar frenar la llegada de inmigrantes a Estados Unidos.
Entre otras cosas, Trump pretende terminar con la práctica del "catch and release" (atrapar y liberar), que consiste en dejar en libertad a los indocumentados detenidos tras cruzar la frontera mientras esperan que un juzgado migratorio examine su deportación.
El Gobierno también está inmerso en una batalla legal para enviar a algunos solicitantes de asilo a esperar en México a que los jueces toman una decisión sobre sus casos en EE.UU.
Trump considera que las actuales prácticas permiten a decenas de miles de solicitantes de asilo a los que en última instancia se les rechaza su petición quedarse en Estados Unidos ya que, una vez liberados, no vuelven a presentarse ante las autoridades.
Estas estrategias, no obstante, no han logrado sus frutos y la llegada de indocumentados a la frontera sur, en su mayoría de Centroamérica, está a niveles récord de la última década y ha llevado a la Patrulla Fronteriza a reconocer que sus agentes están desbordados.
