Ciudad de México, 16 de abril (SinEmbargo).– La última voluntad de Margarita Santizo Martínez fue que sus familiares la velaran afuera de la sede de la Secretaría de Gobernación (Segob) en el Distrito Federal como un acto de protesta. Antes de morir, denunció que autoridades de los tres órdenes de gobierno fueron omisas y realizaron una investigación deficiente sobre la desaparición de su hijo.
Santizo Martínez dedicó los cinco últimos años de su vida a buscar a Esteban Morales Santizo, quien desapareció en diciembre de 2009, cuando trabajaba como policía federal, durante un operativo en Lázaro Cárdenas, Michoacán.
La integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad murió la madrugada del 16 de octubre de 2014, en el Estado de México a los 53 años de edad, víctima del cáncer. “Me enfermé de cargar años de tristeza, rabia y coraje”, decía una manta colocada en su ataúd.
Durante su funeral, ningún funcionario de la Segob atendió su petición, sólo salió una comisión la cual negoció que el velorio no se extendiera durante toda la noche.
El caso de Margarita y Esteban no es aislado: cada dos horas una persona es desaparecida en México. Durante los dos primeros años del sexenio de Enrique Peña Nieto desaparecieron o se extraviaron 9 mil 384 personas, 40 por ciento de los 23 mil 272 casos de “personas no localizadas”, oficialmente registradas entre enero de 2007 y octubre de 2014 por la Procuraduría General de la República (PGR).
Si se sumaran los casos no denunciados ante procuradurías locales, la cifra se elevaría a 17 personas desaparecidas diariamente, de acuerdo con la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem).
Sin embargo, las autoridades no han explicado cuántas de estas personas han sido víctimas de desaparición forzada o de sustracción por parte de particulares, y cuántas podrían estar en paradero desconocido por otros motivos. Tampoco se ha publicado información metodológica, por lo que a las organizaciones de la sociedad civil les resulta imposible analizar las cifras.
El 15 de febrero de 2013, la Junta de Gobierno de la entonces Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (Províctima) clasificó por un periodo de 12 años el protocolo de búsqueda dado que su contenido “encuentra relación directa con temas de prevención y persecución de delitos, estrategia procesal e impartición de justicia”. Esa procuraduría se convirtió en Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y tiene 257 expedientes guardados y de los que le heredó el gobierno anterior, sólo ha desclasificado uno.
En febrero pasado, luego de las observaciones hechas por el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Gobierno mexicano, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), argumentó que en el país 22 entidades federativas “prevén en sus códigos penales el tipo penal de desaparición forzada de personas” y al menos cuatro estados cuentan con leyes especializadas en la materia.
Pese a los mecanismos y las legislaciones locales, las desapariciones no cesan. Ahora mismo, miles de personas están en busca de un familiar.
MECANISMOS Y EL PESO DE LA REALIDAD
Actualmente 23 entidades federativas prevén en sus códigos el tipo penal de desaparición forzada de personas: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Otras cuatro entidades tienen leyes especiales Chiapas, Coahuila, Guerrero y Querétaro. Mientras que seis entidades carecen de un tipo penal específico: Baja California Sur, Estado de México, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán.
No obstante, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o DesaparecidasLas (RNPED) detalla que las entidades federativas con mayor registro de “personas no localizadas” son: Tamaulipas con 5 mil 293; Jalisco, 2 mil 139; Estado de México, mil 730; Coahuila, con mil 428; Sinaloa, mil 39; Baja California con mil 157; Chihuahua, mil 145; Nuevo León con mil 138; y Guanajuato, mil 88.
Desde el 2005 en Guerrero existe una ley para sancionar la desaparición forzada, la cual pudo resolver el caso de los normalistas de Ayotzinapa. Pero no fue utilizada.
“Hubo un manejo equivocado del caso y fue erróneo no haber utilizado un instrumento jurídico tan eficiente como esta ley en el caso Iguala. Era muy clara en su aplicación: porque define el delito de desaparición forzada ya sea cometido por una autoridad, como en este caso que estaría representada por los policías, o por civiles ya que también participó un grupo de narcos de Guerreros Unidos”, dijo el ex Procurador General de la República, Ignacio Morales Lechuga a El Financiero.
En caso se investigó por delitos de delincuencia organizada y homicidio, en lugar de desaparición forzada. De haber sido utilizada la ley, se hubiesen detenido funcionarios públicos de alto rango por acción u omisión y las pesquisas no se contraponían con otras líneas de investigación.
En Coahuila, la Ley para la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas (LDADP) que garantiza la protección a los familiares, ya ha desatado polémica entre la Iniciativa Privada (IP) e incluso la legislatura local, pues si un juez determina a una persona como desaparecida, los empleadores deben seguir brindando los beneficios y el salario a los familiares de la víctima.
La legislación considera a una persona como desaparecida luego de que transcurrieron 30 días desde que fue vista por última vez y no es localizada,lo cual debe ser investigado por un Ministerio Público y luego validado por un Juez.
Algunos diputados locales incluso han apoyado a la IP y han sostenido que esta norma jurídica es contraria a la Ley Federal de Trabajo. Entre otras cosas por las cuales es criticada esta ley es que carece de un programa estatal de recompensas y familiares de víctimas han denunciado que las autoridades no han sido claras y transparentes en las investigaciones.
Pérseo Quiroz Rendón, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México, aseguró que a pesar que a nivel local existan legislaciones y otros mecanismos para atender casos de desapariciones forzadas, éstas no cuentan con estándares internacionales para llevar las investigaciones de forma adecuada. Sumado a ello, el director de la organización internacional aseguró que no sirve de nada contar con leyes si a la hora que surge un caso como el de Ayotzinapa no son tomadas en cuenta.
“La mayoría de las legislaciones que tenemos en los estados carecen de la tipificación adecuada, entonces sí las tenemos pero no son del todo adecuadas. Por otra parte tenemos un problema fáctico, pues a pesar de tener legislaciones éstas se quedan durmiendo en el sueño de los justos. Estas leyes no han sido aplicadas, hay mucha deficiencia por parte de las personas encargadas de procurar la justicia, de consignar los casos como desapariciones forzadas; hay muchas barreras para el acceso a la justicia , hacia los familiares de personas desparecidas a pesar de lo que digan las leyes”, refirió Quiroz.
TODO UN PAÍS EN CRISIS
“México reconoce sin la menor ambigüedad que, a pesar de los importantes avances que existen en el país en materia de derechos humanos, seguimos enfrentando retos que debemos superar”, admitió el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, el pasado 3 de febrero.
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (Comité CED) declaró que se practican “desapariciones generalizadas” en “gran parte” del país y que el caso de 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, “ilustra los serios desafíos que enfrenta el Estado parte en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y búsqueda de las personas desaparecidas”.
El Comité criticó “las serias dificultades que existen en la práctica en materia de búsqueda de personas desaparecidas”, recomendando entre otros que el Estado priorice la inmediata búsqueda con vida ante cualquier denuncia de desaparición. Por la urgencia de esta recomendación, pidió al Gobierno federal rendir cuentas sobre su implementación en el plazo de un año.
Por otro lado, el Comité constató “una serie de obstáculos” en el acceso a la justicia en casos de desaparición, incluyendo el hecho de que las autoridades no inicien de inmediato la investigación penal, o clasifiquen hechos de desaparición forzada como otro delito. Recordó al Estado su obligación de “investigar de manera efectiva a todos los agentes u órganos estatales que pudieran haber estado involucrados, así como a agotar todas las líneas de investigación” ante hechos de desaparición forzada.
Cuando se le preguntó a la delegación mexicana sobre números de mujeres, migrantes, niños, extranjeros y otros casos específicos, los funcionarios no respondieron.
Ante esa situación, los relatores explicaron que, si no se sabe cuál es el problema, no se puede crear la legislación adecuada ni tampoco programas concretos para implementar una política de lucha contra la desaparición.
Activistas y organizaciones también han mostrado su preocupación y han denunciado las carencias y vacíos en las leyes.
Amnistía Internacional (AI) por su parte, también hizo recomendaciones al gobierno y publicó un informe en el cual enfatizó que: existe impunidad en la mayoría de los casos, existen falta de recursos, protocolos con estándares internacionales y mecanismos efectivos de búsqueda para tomar medidas urgentes en el momento que se hace una desaparición, falta de reparación para las víctimas directas e indirectas, falta de voluntad política por parte de instancias federales y locales para lograr objetivos y lograr resultados a pesar de los acuerdos de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), propuestas de reformas en el Poder Legislativo y los anuncios del Presidente Enrique Peña Nieto para atender la problemática.
“La situación es mucho peor en muchos estados, donde la legislación es deficiente o inexistente, y donde prácticamente no existen protocolos especializados de investigación”, publicó AI y puso como ejemplo el caso Ayotzinopa.
En aquel febrero, luego que el Estado mexicano admitiera ante la ONU la crisis en derechos humanos y anunciara una Ley general de Personas Desaparecidas, el Padre Alejandro Solalinde Guerra, activista a favor de los derechos de los migrantes, criticó el discurso de México ante la Organización de las Naciones Unidas y aseguró que no es la primera vez que el Estado acepta sus fallas; no obstante, “sigue sin hacer nada como en el caso de los migrantes”
“Después de esto [caso de Ayotzinapa] el Gobierno dice que ya va a tener un registro de desaparecidos, después de esto el Gobierno dice que ahora sí va a tener la ley. Ustedes dense cuenta que sigue teniendo el mismo lenguaje del futuro que no llega, al rato va a salir con que no hay presupuesto, que no va a haber ley secundaria”, expresó.
Human Rights Watch (HRW) informó en 2013 que las fuerzas de seguridad de México han participado en numerosos casos de desaparición forzada. La organización encontró al menos 149 casos donde se involucra a instituciones del gobierno de Calderón Hinojosa y Peña Nieto.
“El Presidente Peña Nieto ha heredado una de las peores crisis en materia de desapariciones que se hayan producido en América Latina a lo largo de la historia”, indicó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
“A pesar de que su administración ha anunciado medidas importantes para asistir a las víctimas, todavía debe tomar los pasos necesarios para asegurar que los responsables de estos horribles crímenes sean llevados ante la justicia”, agregó el informe.
En tanto, la Cámara de Senadores y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ya preparan iniciativas de ley de personas desaparecidas que se prevé salga en julio. Sin embargo, Pérseo Quiroz, de AI, argumentó que el Gobierno mexicano aún no entiende la gravedad de la crisis de desapariciones que se vive en el país.
“México todavía no ha entendido la dimensión de la desaparición forzada y de la desaparición, por tanto todavía no ha implementado las políticas públicas adecuadas. Lo que hemos visto es que se han implementado algunos cambios que no han sido de un calado profundo, que sí se han invertido algunos recursos pero no los necesarios ni los suficientes. Lo otro es que una ley no va a cambiar la realidad inmediata del país, se necesita de más cambios estructurales”, dijo Quiroz.
