Las empresas que presentaron estos recursos con la finalidad de evitar que se imponga el etiquetado de advertencia en sus productos, son las mismas empresas que se han opuesto a prohibir la comida chatarra en las escuelas y su publicidad dirigida a la infancia. Las mismas que se opusieron al impuesto a los refrescos.
Ciudad de México, 16 de marzo (SinEmbargo).– Más de 120 amparos se han presentado contra el etiquetado frontal de advertencia que informa sobre el exceso de azúcares, sal y grasas saturadas en los productos, e ingredientes no recomendables para niñas y niños, la mayoría rechazados, pero muchos aún están pendientes de resolverse.
¿Quiénes los presentaron y que hay detrás de ellos? Estos recursos provienen de poderosas corporaciones que no quieren dar a conocer a las y los consumidores los ingredientes de sus productos ultraprocesados, imponiendo sus intereses comerciales sobre la salud, se expuso en esta ocasión en el programa “En Defensa del Consumidor”, del Estudio B de SinEmbargo.
Son las mismas empresas que se han opuesto a prohibir la comida chatarra en las escuelas y su publicidad dirigida a la infancia. Las mismas que se opusieron al impuesto a los refrescos.
Hoy al centro de este tema se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en donde se espera que se resuelvan sobre tres amparos en contra del etiquetado, que fue desarrollado por expertos de 30 instituciones nacionales y que ha sido reconocido como el mejor de los etiquetados existentes por organismos de Naciones Unidas, una larga lista de académicos, organizaciones de la sociedad civil e instituciones internacionales y nacionales.
Miembros de la Segunda Sala de la Suprema Corte ya elaboraron proyectos de sentencia que respaldan el etiquetado y niegan los amparos a las empresas que los interpusieron.
El primer proyecto de sentencia que podría votarse en el pleno de la Suprema Corte es sobre el amparo presentado por una empresa de lácteos subsidiaria de Coca-Cola. Su resolución podría determinar el destino de los demás casos.
De esta manera, se prevé que, finalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie en torno a diversos amparos que han presentado varias empresas de la industria de alimentos y bebidas azucaradas contra el etiquetado frontal de advertencia.
Javier Zúñiga, abogado de El Poder del Consumidor, expuso en este programa que luego de que se estableció la obligatoriedad de los etiquetados en productos que rebasaban los límites de azúcares, sodio, y grasa saturadas, las empresas productoras de estos alimentos comenzaron a ampararse para evadir los sellos, por lo que hasta el momento existen alrededor de 150 amparos, de los que tres ya llegaron al pleno de la SCJN para ahí sean discutidos y votados.
“Cuando se empezó a aplicar el etiquetado frontal de advertencia, en 2020, las empresas o la reacción de las empresas fue amparase, presentar casos frente a los juzgados federales, diciendo que el etiquetado violentaba algunos derechos (…) por ejemplo sus derechos de marca, de trabajo, libertad comercial etcétera, a partir de eso, los amparos han seguido su propio curso legal”, explicó el litigante.
“Algunos de ellos [amparos] han llegado a la Suprema Corte, lo que tenemos es que la cantidad de casos que se presentaron fueron alrededor de 150 amparos en contra del etiquetado de empresas tan diversas como Nestlé, Danone, Coca-cola”, este recurso también lo utilizaron las empresas subsidiarias de las grandes compañías con la finalidad de frenar la imposición del etiquetado, detalló Zúñiga.
“Una estrategia que hicieron, fue que justamente coca-cola, por ejemplo, que tiene una diversidad de pequeñas compañías, de subsidiarias, coca-cola importaciones-exportaciones, sus ideas de coca-cola, Santa Clara etcétera, presentaron sus propios amparos, lo cual es completamente legal, pero se puede ver todo una estrategia de la industria para tratar de frenar el etiquetado desde la sede judicial”, explicó.
Añadió que “Después de tres, cuatro, años lo que vimos fue que algunos casos llegan a la Suprema Corte, esto fue a finales del 2022 cuando la Suprema Corte atrae estos primeros casos” debido a su “importancia, por su trascendencia”, por lo que en próximos días “los once ministros y ministras tendrían que resolver sobre la constitucionalidad del etiquetado”.
“Lo que tenemos es que actualmente tres de estos casos, uno presentado por la empresa Santa Clara, propiedad de coca-cola; otro por la empresa de corazón al fruto, que es la que se encarga de vender y distribuir barrilitos, las bebidas azucaradas barrilitos; y el conglomerado herdez-nutrisa y otras empresas, son las quejosas de estos casos [amparos]”, detalló Zúñiga.
El abogado explicó que los proyectos del Ministro Alberto Pérez Dayán y de la Ministra Jazmín Esquivel, son los que analizará y votará el pleno de la SCJN, en los que se declara que el etiquetado de los productos es constitucional, lo que significa que “niegan el amparo a las empresas y, además, legitiman el etiquetado como una herramienta de defensa de los derechos de los y las consumidoras”.
“Lo que dicen en sus proyectos es que el etiquetado permite de alguna manera conocer algunos ingredientes que pueden dañar la salud de las personas, en este sentido también protege la salud de las personas, porque pueden tomar decisiones, también protege el derecho a la alimentación de las personas, porque con este pueden segregar entre cierto tipo de productos, en fin, hay una serie de derechos que reconocen estos proyectos”, dijo.
Reiteró que son tres los proyectos que se analizarán y votarán por el pleno de la SCJN, de los cuales el primero que podría discutirse es el de la empresa Santa Clara, pero la importancia de esta discusión también radica en el precedente que establecerá la determinación que se obtenga para la resolución de los otros casos que están pendientes en el país, al mismo tiempo que será un ejemplo a nivel internacional.
“El primer efecto que tienen es resuelve el caso en particular, o sea, Santa Clara se amparó y a partir de eso el proyecto va a decir si tiene o no razón Santa Clara, es decir, si el etiquetado es inconstitucional o no. El proyecto propone que no, tiene que ser votado. Lo mismo para el caso de barrilitos y para el caso de Herdez”, indicó el abogado.
“Pero justo hay un segundo efecto del que poco se habla pero es muy importante, que es que cuando la Suprema Corte resuelve estos casos sienta un primer precedente para los demás amparos que siguen vivos, es decir, ahorita hay como 60 amparos que todavía están en los tribunales colegiados, en los juzgados y eso serán los primeros precedentes que de alguna manera permearán a los demás casos”, destacó.
“También algo que estamos previendo es que estos casos sirvan como un ejemplo, para bien o para mal, a nivel regional el etiquetado advertencia ha sido un etiquetado que se adoptó primero en Chile, pero ya con las características de México se adoptó recientemente en Argentina, se está probando en Colombia, se está discutiendo en Sudáfrica (…) esto es fundamental, porque si la Corte declara que es constitucional el etiquetado, este caso de alguna manera se vuelve un precedente para los demás países”, subrayó.
El etiquetado frontal de advertencia fue desarrollado por expertos de 30 instituciones nacionales y ha sido reconocido como el mejor de los etiquetados existentes por organismos de Naciones Unidas, una larga lista de académicos, organizaciones de la sociedad civil e instituciones internacionales y nacionales.
Respecto a la determinación de la SCJN en estos tres casos, Zúñiga expresó que la sociedad civil considera que existe un riesgo mínimo de que el pleno de este órgano de justicia resuelva que los etiquetados son inconstitucionales, debido a que los proyectos cuentan con argumentos y evidencia científica sólida, ya que cuentan con “un estudio muy a fondo de la evidencia que se estuvo presentando desde la norma 051”, dijo.
“Por ejemplo, cuando vemos proyectos como el del Ministro Pérez, están citando al Instituto Nacional de salud pública, a la Unicef, a la OPS y justifican sus argumentos con base en esta evidencia científica. Lo mismo sucede con los dos proyectos que tiene la ministra Yasmín Esquivel, los proyectos son muy sólidos, no sólo en términos de argumentación legal sino también en la argumentación o en la evidencia científica”, ahondó.
“Por esa parte nosotros en la sociedad civil creemos que el riesgo es mínimo, en términos de que es muy difícil que los ministros (…) sean capaces de contravenir, no sólo lo que nosotros argumentamos o lo que argumentó cualquier persona en el momento de la creación de la NOM, sino que vayan en contra de la evidencia científica”, agregó.
“En ese sentido vemos que el riesgo se ha disminuido, también porque de alguna manera esta discusión en la opinión pública ha permeado a los consumidores y consumidoras, ahora sí que de a pie, la gente está consciente del etiquetado (…) es una herramienta que también se volvió parte de el día a día de las personas, también es uno de los valores o de las consideraciones que en la Corte, aunque no sea legal, tienen el peso, ¿cómo quitarían una herramienta de política pública a la sociedad mexicana?”, señaló.
Todos debemos defender este etiquetado porque nos advierte claramente que no son productos saludables, que representan serios riesgos a la salud por su exceso de azúcares, grasas y sodio. Además, protege el interés superior de la infancia sobre prácticas comerciales que incitan a consumir productos dañinos.
“Si es muy importante que aunque son discusiones un poco menos inaccesibles al público, es fundamental que veamos lo que está sucediendo en la Suprema Corte, que de alguna manera apoyemos ahora los proyectos que tienen estos ministros, que han hecho una buena labor en investigar, en recabar la evidencia, también la sociedad civil nos hemos organizado a nivel nacional internacional para presentar cartas a la Suprema Corte, que de alguna manera reflejen el sentir de las personas que trabajamos”, dijo.
