A pocos días de dejar el Gobierno de Baje California, el Gobernador Francisco Vega busca la reestructuración de dos créditos que superan los mil 600 millones de pesos en el Congreso local, y al mismo tiempo, podría adquirir otros (amparado en una resolución de la SCJN) para cubrir el gasto corriente.
Tijuana, 16 de marzo (Zeta/SinEmbargo).- En Baja California, la deuda pública supera los 19 mil millones de pesos. En su informe de la cuenta pública 2017, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) advirtió que la adquisición reiterada de créditos a corto plazo, la subestimación de la deuda pública y un mal cálculo del sistema de pensiones y jubilaciones, colocan a las finanzas estatales en una categoría de “debilitadas”.
No obstante, según documentos a los que ZETA tuvo acceso, el Gobierno de Baja California envió dos oficios a la Mesa Directiva del Congreso de Baja California, bajo la presidencia del Diputado panista Carlos Torres, para que le sea aprobada la reestructuración de dos créditos, uno por 850 millones de pesos y otro por 785 millones de pesos.
Además, el Gobernador informó a medios de comunicación que, desde hace un año, su administración ha entablado negociaciones con Banobras para refinanciar la deuda por un monto de 2 mil 500 millones de pesos.
Lo anterior “para encontrar una figura que nos traiga mejores beneficios, la reestructura tiene que ver con el trabajo de un año para tener mejores condiciones, parte de una reingeniería presupuestal”, aseguró.
En la misma conferencia de prensa, realizada el 5 de marzo en Mexicali, el mandatario estatal anunció que su Gobierno contraerá créditos a corto plazo para destinarlos corriente, gracias a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que reforma un artículo de la Ley de Deuda Pública de Chihuahua, tras un recurso interpuesto por el Gobierno de este Estado.
Ambas estrategias forman parte de la antesala para saldar los créditos a corto plazo que presenta la administración estatal, ya que antes de la entrada del nuevo Gobierno, éstos deben quedar liquidados, según la Ley de Disciplina Financiera.
Si bien, la resolución de la SCJN abre una posibilidad para que municipios y estados adquieran créditos para cubrir sus necesidades de corto plazo sin rebasar los topes que establece la legislación federal, el Diputado Jorge Eugenio Núñez considera que adquirir mayor deuda es una decisión no solo irresponsable, sino peligrosa.
Independientemente de las consideraciones tomadas por los ministros de la SCJN basadas en la legalidad, el legislador local refirió que no solo en el caso de Baja California, sino del resto de los municipios y estados, los altos endeudamientos representan un severo problema de finanzas, por lo que permitirles adquirir más deuda, no resulta viable.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Kurt Honold Morales, señaló que aproximadamente en dos meses se conocerá si las finanzas del Estado tienen la capacidad para seguir adquiriendo pasivos con los dos o tres proyectos que pretende llevar a cabo el Gobernador, Francisco Vega de Lamadrid, antes de que termine su mandato.
Durante la conferencia de prensa en la que se anunció la designación de Gabriel Camarena Salinas como nuevo presidente del CCE para el periodo 2019-2020, y a pregunta expresa de ZETA sobre si continuará la labor del Consejo Consultivo Financiero en la nueva administración, Honold Morales afirmó que “sí se va a continuar”.
Recordó que antes de Navidad, los empresarios se reunieron con el Gobernador y, después del 26 de diciembre de 2018, que se tuvo la primera reunión técnica, para lo cual se ha recabado información “que no ha permitido determinar si las finanzas del Estado están de la manera correcta o no”.
Debido a la cantidad de información proporcionada por el Gobierno, se contrató un despacho y el resultado se conocerá en máximo dos meses. Hasta entonces la postura del CCE es que no se efectúen esos proyectos (la desalinizadora de Rosarito, el Periférico Zapata-Aeropuerto y el C5i).
“No estamos en contra de los proyectos, estamos a favor; el problema es si el Gobierno del Estado tiene la capacidad para financiarlos”, remató.
Partido de Baja California adelantó que su voto por considerar que esto vulnera más las condiciones financieras del estado.
EN EL CONGRESO, LA DECISIÓN DE REESTRUCTURACIÓN
También el Diputado de Transformemos, Luis Moreno Hernández advirtió que votará en contra de la reestructuración de la deuda cuando este dictamen llegue el Pleno del Congreso.
Hasta la primera semana de marzo, el dictamen todavía no pasaba a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, pero desde el 24 de enero fue recibido por la Mesa Directiva.
Sin embargo, los oficios, firmados por el secretario de Planeación y Finanzas, Bladimiro Hernández Díaz, detallan que el Gobierno de “Kiko” Vega buscará “modificar el tipo de interés pagadero bajo el contrato” en dos créditos, ambos adquiridos con Banamex.
Uno de ellos se celebró el 25 de noviembre de 2014 por un monto de 785 millones de pesos. El otro crédito a reestructurar es por 850 millones de pesos, según el convenio celebrado el 6 de mayo de 2013, meses antes de que iniciara la administración de Vega.
Luego de revisar la deuda pública con la que Baja California cerró 2017, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó una serie de irregularidades que van desde falta de transparencia en el manejo de los recursos, reportes falsos, sobrepago en intereses y honorarios, así como una desmedida contratación de créditos para saldar otros, las cuales el Gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, redujo a “observaciones no atípicas”, algo que podría pasar en cualquier entidad.
“Las reglas cambiaron y muchos estados salieron con observaciones”, reaccionó el mandatario, justificando que desde la aplicación de la Ley de Disciplina Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en 2016, esta situación es más normal de lo que se cree.
De acuerdo con el reporte de la SHCP, que fue utilizado para el reportaje “Kiko desvió 4 mil 600 mdp, ocultó 802 en deuda y pagó intereses sin razón” -publicado en la edición 2344 de ZETA-, Baja California mostró una deuda pública de 15 mil 177 millones 319 mil 700 pesos en su ejercicio 2017.
El reporte evidenció que la administración estatal ocultó la deuda real, al no reportar 802 millones de pesos ante la autoridad financiera; pese a ello, el Ejecutivo insistió en que son sólo observaciones, “una cosa es una observación, y otra cosa es algún tipo de mal manejo o desvío de recursos”, por lo que también descartó haber incurrido en malos manejos.
“Hemos estado trabajando con la Auditoría Superior, muy cerca de ellos, porque estamos haciendo un trabajo de comprobación de las observaciones. Vamos muy anticipados”, recalcó.
Dicho trabajo consiste en mandar información y comprobaciones a la SHCP para aclarar la situación de los recursos señalados. Hasta el momento Baja California se mantiene al corriente porque la dependencia ha aceptado la información y se encuentra en proceso de revisión.
Vega insistió en que BC no es la única entidad federativa en esta situación y tampoco se encuentra entre los estados con mayor número de observaciones, sin embargo, no mencionó ejemplos de esto.
Retomando la información que proporcionó la ASF, se revisó el monto de 15 mil 177 millones 319 mil 700 pesos presentado como deuda pública interna, de éstos se desprende la cantidad de 12 mil 648 millones 569 mil 700 como deuda pública, y refiere que 2 mil 528 millones 750 mil son por pagos de otras obligaciones adquiridas, como las Asociaciones Público Privadas. Lourdes Loza Romero.
