Hace cinco años habitantes de la región sierra y costa de Michoacán se levantaron en armas para defender su territorio. Hoy, la seguridad que lograron a través de guardias comunitarias en colaboración con el Gobierno municipal está en riesgo por el interés del Gobierno estatal de instalar un Mando Único.
Por Heriberto Paredes
Michoacán/Ciudad de México, 16 de marzo (Pie de Página/SinEmbargo).– Entre 2014 y comienzos de 2019, la Guardia Comunal de Santa María Ostula y la policía municipal de Aquila, en común acuerdo con los cuerpos de seguridad de Coahuayana, Chinicuila y Coalcomán, desplegaron una estrategia de seguridad conjunta para evitar que el crimen organizado volviera a aprovecharse de los recursos naturales y sociales de la región. La estrategia se basa en que los integrantes, al ser oriundos de la zona, conocen el territorio y la población los conoce a ellos.
En una entrevista hecha a pocos días de su toma de protesta, en julio del 2018, el actual Edil de Aquila aseguró que no rompería con la estrategia conjunta de seguridad entre la Guardia Comunal y la Policía Municipal que en cinco años ha funcionado para reducir los índices de inseguridad en la región de la sierra-costa michoacana.
“Se le va a dar una continuidad a lo que hay”, dijo Mohamed Ramírez Méndez, Presidente Municipal de Aquila por el PVEM. “De hecho, Carlos (Verdía) sale a propuesta de la comunidad indígena de Ostula, ellos proponen a esta persona para que sea el director de Seguridad Pública. Se hizo un concejo en la comunidad y se les dio la oportunidad de proponer a alguien”, agregó. En efecto, Carlos Verdía, un habitante de la región de Ostula que fue desplazado por la violencia y volvió a su comunidad para unirse a las autodefensas, es ahora el director de Seguridad Pública de Aquila.
El compromiso que hizo el Alcalde, sin embargo, no ha sido cumplido. Desde hace dos meses las guardias comunitarias y la policía de Aquila instalaron un bloqueo en demanda de que se cumpla con la obligación para el sostenimiento de la seguridad.
LAS GUARDIAS COMUNITARIAS
Santa María Ostula tiene experiencia en este rubro de seguridad. A comienzos de junio de 2009 emitió un manifiesto en donde, entre otras cosas, señalaba el derecho a la autodefensa para proteger su territorio. En aquel momento, la comunidad enfrentaba un largo proceso jurídico para recuperar alrededor de mil 250 hectáreas que estaban, en parte, en poder por pequeños propietarios originarios de la comunidad conocida como La Placita. Una resolución presidencial emitida en 1964 certificaba los límites territoriales que defendía la comunidad.
Los pequeños propietarios llegaron, al menos desde 2004, a estas tierras en disputa y los habían usado para ganadería, sin embargo, la principal actividad en estas playas era la descarga y carga de cocaína y metanfetamina procedentes de Colombia o producidas en laboratorios cercanos, según fuera el caso; Federico González, alias “Lico” (actualmente preso en un penal de máxima seguridad en Nayarit, acusado de homicidio calificado), se ostentaba como el principal propietario y en la región se recuerda que realizaba enormes fiestas, que incluyeron la construcción de un jacuzzi a la orilla del mar. Testigos refieren que en estas tierras también se torturó y asesinó a un número indeterminado de personas, justo en el momento en que varias organizaciones criminales despuntaban en Michoacán.
Luego de emitir su manifiesto, el 29 de junio de 2009, la asamblea general de Ostula tomó la decisión de recuperar las tierras en disputa y creó la Guardia Comunal para cuidar a la comunidad de posibles reacciones.
La respuesta de “Lico” y los pequeños propietarios fue agruparse y comenzar una ofensiva en la que fueron asesinados 34 comuneros y seis más fueron desaparecidos entre los años 2009 y 2014. Aquellos que realizaron estos actos también controlaban el poder político local a través de la Presidencia Municipal y generaron un periodo de terror en la región.
De manera particular, la comunidad de Ostula logró medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y, en consecuencia, la Secretaría de Marina (Semar) instaló un retén en la entrada norte de la comunidad. Sin embargo, para los habitantes de la región la presencia de la Marina ha violentado sus vidas, en particular recuerdan el ataque del 19 de julio del 2015, realizado por la Sedena y la Marina, en el que perdió la vida Hidelberto, un niño de 10 años.
Desde que guardias comunales, policías comunitarios y autodefensas ingresaron en la región sierra-costa de Michoacán, el 8 de febrero de 2014, la seguridad y estabilidad de las comunidades, tanto indígenas como mestizas han sido una realidad. Lejos quedaron los días de miedo y de violencia, cuando los Caballeros Templarios y funcionarios municipales sostenían un orden de acoso, extorsión y asesinatos selectivos; poco a poco la calma se instauró en la región y las actividades cotidianas se reanudaron. Un capítulo distinto comenzó a raíz de que la seguridad quedó en manos de habitantes locales.
RESURGIR Y RESISTIR
Durante el lustro de tranquilidad, la población ha tenido que enfrentarse al desafío de reconstruir su comunidad sin ceder en la lucha por la defensa del territorio. En la tierra recuperada se consolidó una nueva población conocida como Xayacalan, donde ha habido reparto de tierras cultivables y la construcción de escuelas en donde antes, según han relatado muchos comuneros, se asesinaba.
Las autoridades agrarias se han renovado en varias ocasiones y esto ha permitido el fortalecimiento de las instituciones políticas comunitarias, y en ellas, poco a poco, algunas mujeres comienzan a gestarse su lugar y su cargo.
Para la Guardia Comunal y para la policía municipal, sin embargo estos cinco años han sido de mucho desgaste, generado no por grupos criminales solamente, sino, principalmente, por la presión del Gobierno estatal que busca imponer un mando único de seguridad. La población de la sierra-costa ha respaldado a su policía y guardia comunales frente a los intentos del Gobierno de Silvano Aureoles, de desarticularlas.
La presencia de la Marina, desde el 2009 con un retén, no ha significado mayor seguridad, de acuerdo con los habitantes. De hecho, aún con el retén, la Marina no actuó para prevenir los asesinatos de líderes locales, como Trinidad de la Cruz y Teódulo Santos, el 6 de diciembre de 2011 y el 15 de mayo de 2012, respectivamente.
Luego vino el operativo del 19 de julio de 2015, realizado por Sedena en conjnto con Semar y policía estatal, en donde se detuvo al entonces comandante general Cemeí Verdía, se disparó contra la población, hubo 11 heridos y el niño Hidelberto Reyes García, de 10 años, resultó asesinado. La participación de la Marina en el operativo de 2015 se reveló a partir de un hecho sintomático, señalado por comuneras y comuneros presentes: desde altavoces instalados en los vehículos de movilidad rápida de la Marina y del Ejército una voz chillante sonaba a todo lo alto: “Ya se les acabó la fiesta, pinches indios, vivan los Caballeros Templarios”.
Y la lista continúa: el 7 de febrero de 2017, cinco policías municipales fueron secuestrados por un grupo liderado por Jesús Cruz Virrueta, alias “Chuy Playas”, a quien se le identifica como un empresario local que fue miembro de los extintos Caballeros Templarios. Tras un operativo que incluyó la participación de la policía municipal, la Guardia Comunal de Ostula y a la policía ministerial michoacana, los elementos secuestrados fueron liberados y en su declaración, así como en la de los testigos del momento de los hechos, refieren que fue en dos camionetas de Secretaría de Marina en donde se les trasladó al punto de resguardo de sus captores.
ACOSO A LA GUARDIA Y LA POLICÍA
A la policía municipal, responsable de patrullar los caminos y carreteras de esta región, se le ha acusado de tener tratos con grupos criminales, aunque hasta el momento no existen pruebas de tales acusaciones, y el Ayuntamiento les dejó de pagar el salario desde hace dos meses. Tampoco existe una infraestructura adecuada para realizar las labores de seguridad y en muchas ocasiones ha sido la propia comunidad de Ostula la que ha proporcionado la gasolina o los alimentos para que los policías de su Guardia y del municipio sostengan el trabajo.
La estrategia conjunta de seguridad depende presupuestalmente del Gobierno municipal, el cual ha decidido, contrario a los propios dichos del Alcalde, retirar los salarios de la Policía municipal bajo el argumento de la falta de certificación en los elementos.
Las bodas en Ostula siempre son grandes, con mucha comida y pasteles enormes que se hacen en la comunidad. Los bailes no esperan y la gente llena la pista al ritmo de cumbias que tocan grupos famosos en la región. La Guardia Comunal cuida de principio a fin las fiestas y se asegura de que las familias mantengan el gozo por encima del sufrimiento.
El 28 de febrero de 2019, sin embargo, una boda estaba alcanzando su clímax cuando fue interrumpida de manera sorpresiva por elementos de la Guardia: se le pidió a la población que terminara antes de lo previsto la celebración y que todo mundo se fuera a primera hora del día siguiente al filtro de seguridad en el lado norte de la comunidad, en el punto conocido como Xayacalan. No dieron más explicaciones.
Una semana antes, el 20 de febrero de 2019, la Guardia Comunal y la Policía municipal de Aquila establecieron un bloqueo carretero para exigir el pago de dos meses de salario. Con acuerdo de asamblea, la comunidad de Ostula apoyó este bloqueo y la exigencia de pagos justos en tiempo y forma para la policía municipal. A pesar de que el Alcalde afirmó, poco después de asumir el cargo, que dejaría en manos de la comunidad indígena la estrategia de seguridad, en hechos lo contradice.
“El bloqueo lo mantenemos porque no queremos que regrese el crimen organizado y porque quienes nos han cuidado son la policía municipal que se formó en 2014 y la Guardia Comunal. Aquí seguiremos hasta que sea necesario”, dijo uno de los integrantes del bloqueo.
EL BLOQUEO DEL BLOQUEO
El bloqueo tenía una semana cuando habitantes de los ejidos de La Placita, Maquili y Aquila se manifestaron en contra de esta situación colocando un nuevo bloqueo y al mismo tiempo instaron al edil para que llamara a Semar y pusiera un punto final a esta situación. El funcionario accedió y reactivó el puesto de control de marinos. Es decir, se bloqueó el bloqueo.
Poco antes de que la boda fuese interrumpida, el comandante de la Guardia Comunal, Germán Ramírez, estaba tratando de establecer un diálogo con los opositores al bloqueo inicial y de esta forma tratar de resolver las inconformidades; de pronto, elementos de la Semar se acercaron en algunos vehículos rápidos y con uno de ellos golpearon el vehículo en que estaba retirándose Ramírez. “Cuando vi que trataban de cercarme y golpearon la parte trasera de mi camioneta, busqué un espacio, metí reversa y me retiré rápidamente. No iba a permitir que la Marina me detuviera o que se generara una situación de violencia”, comenta el comandante un día después de que esta situación ocurriera.
Algunos medios nacionales y estatales no dudaron en difundir una versión errónea de lo que ocurrió en este episodio en que el responsable de la Guardia Comunal se acerca a los opositores a tratar de dialogar, específicamente con el jefe de tenencia de la población de La Placita. Para las redes sociales y sitios web, el funcionario llegó a agredir a la Semar y a los opositores, obteniendo como respuesta un operativo que la institución castrense había puesto en marcha.
Al llegar al territorio de la sierra-costa el ambiente se sentía tenso, pesado, poca gente estaba en las calles de Aquila y La Placita, anteriormente llenas de música y de puestos de comida. En el camino se encuentra el bloqueo original que pide cooperación para los salarios de los elementos de seguridad; es el punto conocido como Triques y los comuneros acomodan sus cosas sobre las hamacas que cuelgan en los árboles, a un costado de la carretera, y algunas fogatas dan cuenta de que se estuvo cocinando. Parece el cambio de turno y se puede avanzar sobre la carretera federal 200.
Pasando La Placita hay un grupo de hombres y mujeres que, sin identificarse, cierran el paso con una cuerda, portan palos y al fondo, detrás de una fogata, un montículo de piedras aguardan. Al explicar que se va de vacaciones, dejan pasar y advierten que más adelante hay otro bloqueo.
Ese siguiente bloqueo, a unos 10 metros de distancia, es el puesto de la Marina resguardado por unos 5 marinos, que alumbran con linternas y piden apagar el auto. Después de un interrogatorio (de dónde vienen, a dónde van), dejan pasar.
Diez metros adelante, una luz de linterna nos sorprende. Es el comandante Germán, Toro, como le dicen en la comunidad, quien parado afuera de su camioneta espera tranquilo a que su gente le pasara corriente a la batería. Es el mismo vehículo que una noche anterior había sido golpeado por la Marina.
“El Presidente Municipal quiere desestabilizar la tranquilidad que hemos logrado, pero no lo vamos a permitir, la comunidad esta fuerte y vamos a resistir sus ataques, no vamos a caer en la provocación de pelearnos con las demás comunidades como Coire y Pómaro, o con los de La Placita y Aquila. Sabemos que tenemos la razón y aquí vamos a seguir”, declara German antes de recibir auxilio de sus compañeros de trabajo.
NEGOCIACIONES
“Su propia comunidad lo corrió. Donde él mismo creía ser un Dios, lo tumbaron del altar de su comunidad en donde ya no lo reconocen y perdió toda credibilidad”, señaló Mohamed, Presidente Municipal de Aquila, sobre Cemeí Verdía luego de la derrota electoral en la que se vio tras haberse postulado como Diputado por el distrito XXI.
Durante la crisis de los salarios, el otrora comunero y comandante de la Guardia Comunal, Cemeí, reapareció públicamente e intentó ser un eventual mediador entre las partes del conflicto. Organizó una reunión encabezada por el Secretario de Seguridad Pública estatal, Juan Bernardo Corona Martínez, y el propio Mohamed Ramírez, y convocó a miembros de las comunidades de Coire y Pómaro, así como de los ejidos de La Placita, Maquili y Aquila.
La reunión se llevó a cabo el 2 de marzo y contó con la presencia del funcionario estatal y de algunos miembros de las localidades mencionadas, pero no contó con miembros de la comunidad de Ostula ni con la propia presencia de Cemeí, lo cual no impidió que se tomaran acuerdos en materia de seguridad.
El titular de la SSP de Michoacán dio a conocer en su cuenta de Facebook que estaba realizando un “diálogo franco y abierto con autoridades municipales y pobladores comunales”. Sin embargo, mientras esta reunión acontecía, el director de la policía de Aquila, Carlos Verdía, y algunos comuneros de Ostula tenían un encuentro con funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob), en la Ciudad de México, para solicitar el establecimiento de una mesa de trabajo que ayudara a establecer el diálogo y concretar varias propuestas para solucionar el conflicto en la sierra-costa michoacana. Así se hizo constar en el acuse de recibido firmado por Lorenzo Gómez Hernández, director general adjunto de Gobierno.
Como resultado de la reunión, presidida por Corona Martínez, la principal acción implementada es la presencia indefinida de elementos de la Policía Michoacana, quienes tendrían la tarea de garantizar la seguridad y el retiro del segundo bloqueo, aquel que bloqueó al primero y que contó con el apoyo de la Semar. La Guardia Comunal de Santa María Ostula y la policía municipal mantienen el bloqueo inicial y esperan la implementación de los acuerdos hechos con Segob.
La distensión del ambiente después de esos acuerdos duró tan sólo unas horas: tal vez de manera simultánea a la reunión con el personal de la SSP estatal o poco después, un grupo de personas armadas hostigó y en varios casos retuvo involuntariamente –durante algunas horas– a comuneros originarios de Ostula. Quienes dicen que fueron agredidos por este grupo aseguran que se trató de Cemeí Verdía y de personal a su disposición, en su mayoría antiguos miembros de la Guardia Comunal de Ostula y de la policía municipal de Aquila.
Verdía ha negado públicamente que se le haya expulsado de la comunidad de Ostula, por decisión de la Asamblea General, a pesar de que la propia comunidad ha dicho en varios comunicados que lo desconocen por haber realizado actos contrarios a los mandatos de su papel en la comunidad, como miembro de la Guardia Comunal y como comunero. Su papel en esta crisis también ha sido cuestionado por habitantes locales y por el propio secretario de seguridad de Seguridad Pública.
Se intentó llevar a cabo una entrevista por vía telefónica con Cemeí Verdía, la respuesta fue negativa: “Por este medio no puedo, yo las entrevistas las doy en persona, quiero saber lo que se va a publicar, quiero que se publique lo que uno dice, no lo que otros dicen”. Por valoraciones de seguridad, al momento de terminar este texto, no había condiciones para realizar dicha entrevista en persona.
LA SEGURIDAD QUE RESISTE
Más allá de las diversas crisis en que se ha visto envuelta la región de la sierra-costa michoacana, se pueden vislumbrar al menos dos aprendizajes sociales: en primer lugar, la estrategia de seguridad conjunta entre policía municipal de tres municipios y Guardia Comunal ha tenido un éxito no logrado en las dos décadas precedentes, especialmente cuando la violencia arreció y cobró la vida a toda una generación de líderes comunales. Basada en la no colusión y en la legitimidad social, la seguridad en los últimos 5 años ha existido gracias al arduo trabajo desarrollado por elementos originarios de las comunidades y ejidos de Aquila, Chinicuila y Coahuayana.
En segundo lugar, se puede observar que quien controle la seguridad de esta región será quien controle el acceso a la extracción y el uso de los recursos naturales, tales como hierro, oro y playas; la diversidad de alianzas que se necesitan para este control pasa por el control territorial, mismo que sólo pueden lograr aquellos cuerpos de seguridad. Siguiendo esta línea de pensamiento, la experiencia de los últimos cinco años revela que cuando la seguridad emana de las y los habitantes de las comunidades se pasa de una situación de asesinatos selectivos, desapariciones y desplazamiento a una en donde la gente puede llevar su vida cotidiana sin temor.
“Hemos brindado la seguridad desde que se limpió la región el 2014, no luchamos por dinero, sino para que no haya violencia e inseguridad. Sólo pedimos las condiciones mínimas para poder hacer nuestro trabajo. No vamos a permitir que regresen los malandros”, dijo en entrevista uno de los policías municipales de Aquila.
