México está lejos de un sindicalismo que vele por los trabajadores. Ya sea en el sector público o en el privado, las organizaciones gremiales anteponen intereses económicos y políticos antes que los derechos laborales. Incluso el SAT ha detectado que los sindicatos ayudan a empresas a evadir impuestos y con ello afectan directamente las prestaciones. A esto se suman instituciones de Gobierno que, según denuncias de jubilados, no informan sobre su retiro. En este escenario es donde las nuevas generaciones incursionan en el mundo laboral.
Ciudad de México, 16 de marzo (SinEmbargo).– El sindicalismo mexicano más que ser una contraparte que vele por los derechos de sus afiliados ha entregado el porvenir de millones de trabajadores para proteger a los empleadores e incluso a las cúpulas políticas del país, coincidieron expertos, trabajadores y ex empleados de diversas áreas, dentro y fuera del gobierno.
La tragedia se repite en todos los sectores: los trabajadores de la educación, petroleros, de la salud, entre otros, han tomado las calles para denunciar malos manejos, opacidad, falta de transparencia, arbitrariedades y hasta hostigamiento por parte de líderes sindicales e incluso de instituciones gubernamentales como la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste).
Y si eso pasa en el sector público, la situación empeora en el ámbito privado, donde la Reforma Laboral cortó de tajo muchos de los derechos de obreros, oficinistas, transportistas y demás, gracias a los diferentes esquemas de contratación que la legislación permite.
La doctora Graciela Bensusán Aerous, profesora de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) unidad Xochimilco, opinó que el sindicalismo mexicano está lejos de ser democrático. Sumado a ello, la Reforma Laboral no tuvo un impacto importante en los derechos de los trabajadores, porque “es una reforma que no resolvió los problemas, ni tampoco la calidad de las organizaciones sindicales”.
“Desde hace muchos años, los sindicatos lo único que hacen es defender los intereses de sus dirigentes y no el de los trabajadores. Eso se agravó en el nuevo modelo económico. Entonces en el contexto donde lo único que interesa es el salario, estamos lejos de un sindicalismo verdadero”, comentó Bensusán Aerous.
La relación de los sindicatos y empresarios es clara en el ámbito privado, pues en México existen 4 mil 334 sindicatos registrados, de los cuales 3 mil 664 están bajo el escrutinio del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de acuerdo con el listado “Notificaciones a Contribuyentes con Operaciones Presuntamente Inexistentes y Listados Definitivos” por presuntamente incurrir en prácticas fiscales indebidas y facilitar la evasión de impuestos a diversas firmas.
De acuerdo con el SAT, estas prácticas beneficiaron a más de 4 mil 500 empresas de diversos sectores. El fisco sabe de esta colusión, y este mes informó que la situación afecta directamente al pago de utilidades, cuotas de seguridad social, otras prestaciones y desde luego, el pago de impuestos al Gobierno.
“La reforma a la ley afectó más a los trabajadores que tienen un patrón del sector privado. En las dependencias de gobierno, se afecta a los trabajadores que fueron contratados temporalmente, de forma eventual o que están por honorarios. Esos son, por ejemplo, a los que están recortando en Pemex [Petróleos Mexicanos]. A los que tienen un contrato colectivo no les ha repercutido tanto”, dijo el abogado empresarial Víctor Guzmán.
El jurista explicó que cuando existe conflictos con trabajadores del Estado con contratos colectivos, los sindicatos negocian con las autoridades, no siempre beneficiando a todos los afiliado.
“Pero la Ley Laboral no obliga a los patrones [del sector privado] a asumir obligaciones que en el pasado sí, incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hace un mes dictó una sentencia donde si a un trabajador lo despiden injustificadamente y lleva, por ejemplo, cuatro años en el juicio, solamente le van a pagar un año de sueldos caídos, cuando antes se le pagaba por todo el tiempo que durara el caso. Esas responsabilidades ya no tienen los patrones, por las interpretaciones que permite esta Ley”, comentó Víctor Guzmán.
LA DEFENSA SE FUE POCO A POCO
Don Jorge dedicó su vida a la planta de Volkswagen en Puebla. Hace unos meses SinEmbargo lo entrevistó y en aquel entonces comentó que durante el paso de los años fue testigo de cómo poco a poco se le fueron restando garantías a los trabajadores.
A pesar que no terminó la primaria, recordó cómo la firma automotriz le brindó una carrera y lo capacitó para ser uno de los soldadores más doctos del país. Pero hoy, las nuevas generaciones ya no tienen esa misma suerte. De hecho, la mayoría de ingenieros son subcontratados por medio de las proveedoras de Volkswagen, mismas que rodean o pertenecen al Parque Finsa en Puebla, conglomerado que integran 150 empresas que surten de servicios y productos a la armadora alemana.
Don Jorge contó que gracias a Volkswagen y a su sindicato logró darle estudio universitario a tres de sus cinco hijos, y servicio médico de calidad a una hija enferma. Además, la empresa le dio los ingresos suficientes para ser emprendedor y tener un taller mecánico, el cual conserva desde hace tres años y al cual le dedica las “horas extras” que ya no puede hacer en la planta.
Pero todo cambió con la rotación de líderes en el Sindicato Independiente de trabajadores de Volkswagen en México. Porque luego de eso hubo riñas y persecución en su interior de la organización. Incluso Don Jorge comentó que la organización favorece a la planta.
“La verdad el ambiente es muy bueno. Las prestaciones y el sueldo no son malas, aunque el sindicato puede hacer más, pero quienes están al frente no lo hacen. De hecho nadie los quiere. Ellos ocuparon la dirección a oscuras, por la noche”, recriminó don Jorge.
Hoy los jóvenes apenas cuentan con lo mínimo, contaron a SinEmbargo. Es el caso de David, ingeniero veracruzano de 25 años, quien se mudó a Puebla hace dos años con la esperanza de un mejor futuro.
Sergio Curro y Martínez, presidente del Consejo de Organismos Empresariales (COE), confirmó que las personas que laboran en Finsa o muchas de ellas, tampoco cuentan con grandes prestaciones.
EL CONTROL DEL ESTADO
Ismael Bautista Orzuna, miembro del Movimiento Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) comentó que el “régimen” ha desmantelado la seguridad para los trabajadores del sector salud y el sindicato al que pertenece no ha hecho nada para defender los derechos laborales, sino que se ha encargado de estar cerca del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a tal grado que uno de sus líderes es ahora Diputado federal.
“En la Reforma Laboral el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) no hizo nada. Ellos, los líderes, son totalmente de afiliación priista. Están entregados al Estado mexicano. Y ése es el gran problema que tenemos. No es un sindicato que tenga una tradición de lucha. A nosotros nos han dejado en el abandono”, comentó Bautista Orzuna.
–¿Cree que existe democracia en su sindicato?
–No, en absoluto. Nada. Yo veo un sindicato que abandonó la defensa de los trabajadores y además los reprime y que no es autónomo. Basta ver el secretario general del SNTSS, Manuel Vallejo Barragán, tiene una diputación federal; lo cual deja en claro que es un sindicato manipulado por el Estado.
–¿Es constante la represión?
–Sí. Se trata de una represión directa violando la legalidad interna que nosotros tenemos. Porque nos rige un estatuto y éste controla la dirigencia sindical.
–¿Lo han reprimido a usted?
–En mi caso, llegaron y me dijeron que a partir de tal día –eso fue en 2011–: ya no estás en esta unidad, te tienes que ir a otro hospital. Yo me opuse porque nosotros tenemos un mecanismo para registrar los cambios, y a parte lo tenemos que ratificar. Yo no te tenía ningún cambio registrado y luego sacaron un documento, que ni estaba firmado por mí y me dijeron que me tenía que ir, incluso no me dejaron checar. Y como no me presenté en el otro lugar tuve problemas por cuarta falta y ahora tengo que demostrar que yo no solicité un cambio. De hecho mi caso está ganado, el problema es que utilizan la violación directa del contrato colectivo con la venia del Sindicato.
ADIÓS AL RETIRO
En febrero pasado, representantes de la Organización de Jubilados y Pensionados de la Universidad Nacional Autónoma de México (OJUPE-UNAM), acusaron al gobierno federal de despojar a trabajadores en activo y jubilados del patrimonio que han construido a través de su trabajo de largos años por culpa de “los malos manejos, opacidad, falta de transparencia y arbitrariedades que cometen Consar, Infonavit y Fovissste en el manejo de las prestaciones sociales”.
El abogado Humberto Luna aseguró que los más de 53 millones de estados de cuenta que maneja el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), son ilegales porque no se ajustan a lo que dice la ley y a través de la opacidad despojan a sus afiliados, con fallas e irregularidades en el cálculo de los fondos de pensiones.
“Las dependencias no pagan de acuerdo al salario base de cotización, los trabajadores tanto en activo como pensionados están siendo despojados, aquí nadie se salva”, advirtieron los inconformes, luego del análisis de actuarios.
Los trabajadores aseguraron que están contraviniendo el artículo 18-BIS de la Ley del Sistema Nacional de Ahorro para el Retiro que obliga a dichas instituciones a otorgar información completa a cada uno de sus derechohabientes, al ocultar información y no entregar estados de cuenta pormenorizados a sus afiliados.
Por ejemplo un trabajador realizó su jubilación tras 23 años de servicio y sólo le dieron 7 mil pesos por fondo de vivienda y 5 mil por SAR. Al hacer un cálculo actuarial, resultó que el trabajador con esta compensación o liquidación de sus sistemas de vivienda y retiro, habría ganado 100 mil pesos en 23 años.
Y el propio trabajador, Marco Antonio Torres se preguntó: “Entonces para las autoridades, de dónde comí, de dónde compré el o los autos que tuve, de dónde le di estudios a mis dos hijos, de dónde obtuve el dinero para irme de vacaciones tantas veces, porque sólo el costo de mi vivienda fue de 100 mil pesos, los mismos que habría ganado en toda mi vida”.
En diciembre pasado, otros trabajadores del Estado denunciaron situaciones similares, esto ante una reforma al Pensionissste, la cual podría ser privatizada y con ello afectar a 1.4 millones de empleados.
El Pensionissste es la única Afore pública que hay en México, en la que están inscritos alrededor de un millón 400 mil trabajadores. Que de acuerdo con diversos sindicatos, es la que cobra menos a los ahorradores y reparte más utilidades; en comparación con otras 12 que están en manos de entes financieros privados y con fines de lucro.
Actualmente, Pensionissste tiene un fondo de más de 119 millones de pesos, de más de un millón 464 mil trabajadores que tienen ahí sus cuentas. Entre los argumentos de esta iniciativa del Ejecutivo que ha presentado para inducir la Reforma están las restricciones administrativas, como todos los procesos de licitación; pues dicen que no tienen oficinas, presupuesto, personal; y, agregan, la figura actual no le permite ser una Afore dinámica, por lo que no puede crecer a la par de sus competidores, y que está en condiciones de desventaja.
