La candidata del PAN al gobierno del Distrito Federal, Isabel Miranda de Wallace, ha hecho del linchamiento de Florence Cassez la mejor defensa de sí misma.
Lleno de irregularidades, el proceso judicial contra la ciudadana francesa es tan inconsistente como el que armó por el secuestro y desaparición de su hijo, Hugo Alberto, en julio de 2005.
Con el membrete de Alto al Secuestro, la candidata panista está embarcada en una intensa campaña para impedir la liberación de Cassez, quien en diciembre de ese mismo año fue acusada de secuestro por el entonces director de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y hoy secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna.
Isabel Miranda sabe que si el caso se le “cae” a García Luna, podría pasar lo mismo con muchos otros montajes no sólo del jefe policial, sino de la Subprocuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada (SIEDO). El de ella, incluido.
Si en el expediente de Cassez el montaje televisivo se convirtió en un factor que hasta la propia Isabel Miranda reconoce que si afecta el proceso penal debe eliminarse, en las actuaciones ministeriales en relación con la desaparición de su hijo abundan testimonios sobre las torturas y amenazas contra los acusados del secuestro y asesinato de Hugo Alberto.
Detallados, esos testimonios invalidan las declaraciones en las que varios de ellos se han inculpado y la manera en que fueron aprehendidos fuera de la ley. En una reposición del caso, a partir de un debido proceso, también tendrían que quedar en libertad.
No se trata del falso dilema planteado por Miranda respecto de que los derechos de los delincuentes están por encima de los de las víctimas. Un debido proceso impide la fabricación de delincuentes, pero al mismo tiempo garantiza que la víctima sepa que se castigó al verdadero responsable de su agravio.
Frente a los señalamientos de graves delitos ocurridos en el “caso Wallace”, la gran ausente ha sido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que más bien sirvió de plataforma de lanzamiento de la campaña de Miranda para presionar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y con una mayoría de votos se anule el proyecto del ministro Arturo Zaldívar que propone la liberación de la ciudadana francesa.
De paso, con esta cruzada Miranda abona a su campaña política, mientras los otros dos candidatos están impedidos de hacer proselitismo.
El caso que le permitió la construcción de su imagen como activista ciudadana es muy peculiar en sí mismo. En un tiempo récord, envidiable para las mejores policías del mundo, Miranda encontró en poco más de 24 horas las evidencias que llevaron, en cuestión de semanas, a la identificación de “la banda” que secuestró y desapareció a su hijo.
Más extraño aún es que sin ayuda de las autoridades y menos de la policía haya logrado llevar a la SIEDO a la banda de secuestradores, quienes sin más reconocen su culpabilidad.
No conforme con las primeras sentencias en contra de ellos, busca que nuevas condenas los “refundan” en la cárcel.
Lo mismo quiere para Cassez, pues insiste en que en tres instancias “se comprobó su plena responsabilidad” en los secuestros de tres personas. Hace suyas las resoluciones de la juez de distrito y de los magistrados de los Tribunales Unitario y Colegiado. Pero rechaza la de la instancia superior, el ministro Zaldívar.
Los jueces que condenaron a Cassez hicieron lo que históricamente han hecho los jueces en México: emitir sentencias condenatorias sin revisar las actuaciones de la autoridad acusatoria. El propio Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señala que esto sucede en 8.5 de cada diez casos.
La influencia y el poder crean culpables. Por eso, cuando se asoma la posibilidad de que el Poder Judicial revise los actos de las autoridades responsables, cómplices o comparsas de tales abusos, las resistencias surgen de quienes se han beneficiado de ese estado de cosas. Si hay algo de lo que avergüenza a México en el mundo es su sistema de justicia.
Como candidata del PAN, Isabel Miranda está defendiendo no sólo a García Luna, sino a la política de seguridad del gobierno de Felipe Calderón, quien la impulsó para buscar la jefatura de Gobierno de la capital del país.
Pero al convertirse en candidata del partido en el poder y despojarse del membrete ciudadano, salió del inobjetable espacio de defensa de las víctimas. Su tarea ahora es defender, sin máscaras, a García Luna y a Calderón.
– Apro
