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Pasamos por una guerra de independencia que pretendió abolir la esclavitud, las alcabalas, así como moderar la opulencia y la indigencia. Y después por una Guerra de Reforma para tratar de alejar de nuestras conciencias los fanatismos y los prejuicios. Nos atrapó, décadas después, el frenesí de la Revolución. 

Cuando el General Lázaro Cárdenas del Río llegó al poder, para tratar de hacer realidad los postulados sociales de la constitución promulgada en 1917 y consolidar sus reivindicaciones en favor de la mayoría del pueblo, la reacción se atrincheró para evitar la profundización de un modelo de Gobierno comprometido con la gente pobre, con los trabajadores, con los campesinos, con los desvalidos y los ultrajados, que integraban la mayoría doliente del país.

Después de dos siglos de luchas sociales, las estructuras de la oligarquía criolla y sus rapaces aliados, con otros nombres, otros rostros y otras falsas estructuras, pero con los mismos intereses aviesos, prevalece por encima de la generosidad y la justicia. Tenaz, perversa, mezquina y cínicamente egoísta, la oligarquía de derecha lucha por recuperar y mantener vigentes sus privilegios. 

La derecha conservadora estigmatiza y rechaza, con inocultable repugnancia, la democracia en la cual se impone la voluntad mayoritaria del pueblo, de ese pueblo al que desprecian, ningunean e insultan día con día, con el repudio de los exquisitos y los privilegiados que sienten que les es arrebatado el paraíso que construyeron durante décadas, en las que moldearon las instituciones del Estado, al diseñar a su muy particular gusto y conveniencia, una estructura económica, jurídica y política de dominación, para beneficio de una minoría rapaz, en la que se entreveran los intereses de políticos y empresarios corruptos, abusivos y sinvergüenzas.

Tenía razón el ahora Presidente de México Andrés Manuel López Obrador cuando el viernes 1 de septiembre del 2006 radicalizó su posición y en el Zócalo de la Ciudad de México y dijo: “Ya decidimos hacer a un lado esas instituciones caducas que no sirven para nada e impulsar la revolución de la conciencia para que el pueblo decida. ¡Que se vayan al diablo con sus instituciones! ¡Vamos a tener un Gobierno de la República!”.

Y mandó al diablo esas instituciones pulidas y lubricadas por la ambición y las complicidades, que en el periodo neoliberal, desde el Gobierno de Miguel de la Madrid, que inició en 1982, hasta el periodo de Enrique Peña Nieto, que terminó en el 2018, incluyendo las administraciones panistas de Vicente Fox Quesada y Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, desfiguraron la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para ajustarla a los intereses una oligarquía rapaz que saqueó al país, abusó de los recursos y de los bienes públicos, y hundió en la miseria y el desconsuelo a millones de mexicanos.

Y para corroborar sus intenciones y coincidencias, en fechas recientes, Xóchitl Gálvez Ruiz, la candidata de la derechista coalición Fuerza y Corazón por México, que integran PAN-PRI y PRD, viajó a Estados Unidos y a España durante la primera quincena de febrero del 2024, para ofrecerse obsequiosa a la ultraderecha imperial y a la ultraderecha monárquica, para hacerles patente la promesa de entregarles en bandeja las bondades de un país que pretendería siga siendo botín de filibusteros, paraíso de potentados e infierno para millones de pobres desvalidos.

Lo más irónico de la posición hipócrita de la oligarquía de derecha es su muy tramposa argumentación de que la atribución de la mayoría calificada en el Congreso de la Unión (diputados y senadores) a un solo partido o corriente política, podría derivar en un régimen autoritario, al despreciar la aplastante expresión democrática y mayoritaria del pueblo. Bajo esta premisa, la democracia mayoritaria es válida sólo cuando es una expresión de los que se presumen ilustrados o instruidos. Desprecian la democracia mayoritariamente popular en la cual no tienen peso ni sus influencias ni sus caprichos, ni la intervención facciosa de los poderosos de siempre. 

En su tratado sobre Derecho Constitucional Mexicano, publicado por Editorial Porrúa en 1972, el jurista Ignacio Burgoa Orihuela analiza el principio de soberanía expresado en el Artículo 39 de la Constitución de nuestro país: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su Gobierno”.

Destaca el jurista la claridad en el contenido del artículo, que en su primera parte alude a la radicación popular de la soberanía, principalmente cuando emplea los conceptos de esencial y originariamente. Esto significa que el pueblo tiene como atributo esencial el de ser soberano.

Las iniciativas de reformas constitucionales que el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el pasado lunes 5 de febrero del 2024, tienen el propósito de restaurar la esencia de los postulados sociales de la Constitución Política de 1917 y la potestad del Estado sobre áreas estratégicas que debe preservarse en beneficio del pueblo, en una Carta Magna que fue vulnerada y desfigurada durante el periodo de gobiernos neoliberales de 1982 a 2018.

El jueves 4 de agosto del 2022, en su conferencia “mañanera”, López Obrador explicó: “Durante el periodo neoliberal las leyes se aprobaron por consigna y a modo, en el sentido que exigían los potentados, políticos, funcionarios y legisladores, para beneficio de particulares, sin importar el interés público”.

El recuento de los daños en perjuicio del pueblo y de la Nación es enorme. Pero sirvan de referencia algunos ejemplos. El 27 de junio de 1990, el PRI y el PAN reformaron el artículo 28 constitucional para entregar todo el sistema bancario, que era propiedad de la Nación, a un segmento privilegiado del sector privado.

El 6 de enero de 1992, el PRI y el PAN modificaron el artículo 27 constitucional para poner a la venta las tierras ejidales. Estas reformas permitieron que hoy existan enormes latifundios en manos de falsos ejidatarios inmensamente ricos, y se despojó a millones de dueños originarios de las tierras.

El 6 de mayo de 1992, legisladores del PRI y del PAN cambiaron la Ley Minera para entregar concesiones a particulares hasta por 50 años, para la explotación de oro, plata y cobre. Derogaron el impuesto a la extracción de minerales. A partir de esa reforma, se entregó al sector privado la minera de Cananea, que era una empresa pública. A raíz de las reformas a la Ley Minera, durante el Gobierno de Salinas de Gortari, se entregaron seis millones 600 mil hectáreas de reservas mineras nacionales, la mayor parte de ellas a tres concesionarios del país: Grupo Peñoles, Grupo México y Grupo Carso.

El 22 de diciembre de 1992 los legisladores del PAN y del PRI aprobaron la reforma a una Ley secundaria que, a contrapelo de la Constitución permitió a empresas privadas, principalmente extranjeras, generar energía eléctrica, en detrimento de la Comisión Federal de Electricidad, a la que gradualmente fueron desmantelando.

El 12 de mayo de 1995, diputados de PRI y PAN reformaron la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario para privatizar Ferrocarriles Nacionales de México y venderlos a empresas nacionales y extranjeras. “Tan descarado fue este atraco que, al terminar su sexenio, el expresidente Ernesto Zedillo se fue a trabajar como asesor del consejo de administración de una de las empresas que se quedó con la mayor parte de la infraestructura ferroviaria del país”, reprochó López Obrador en conferencia mañanera del jueves 4 de agosto del 2022.

El 12 de diciembre de 1998, con Ernesto Zedillo en la Presidencia de la República, diputados de PRI y PAN aprobaron el Fobaproa, que convirtió en deuda pública las deudas privadas de unos cuantos empresarios y banqueros. Hasta el 31 de diciembre del 2018 la deuda del Fobaproa ya había rebasado el billón 200 mil millones de pesos.

Cuando el Presidente advierte sobre mandar al diablo “sus instituciones” se refiere a esa estructura jurídica perversa, edificada durante casi cuatro décadas por PRI, PAN, PRD, a capricho y gusto de la oligarquía, que goza de la celosa y feroz protección de las exquisitas cúpulas del Poder Judicial de la Federación.

Pedro Mellado Rodríguez

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Periodista que durante más de cuatro décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace casi cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad jesuita de Guadalajara.

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