Representantes legales de Pemex han externado en más de una ocasión en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, donde esta mañana se realizará una audiencia por el caso Agronitrogenados, que tienen la intención de llevar a juicio al exdirector Emilio Lozoya por el caso Agronitrogenados, aunque los abogados del exfuncionario aseguran que están muy cerca de alcanzar un acuerdo reparatorio.
Ciudad de México, 15 de febrero (SinEmbargo).– Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, comparecerá este jueves ante un Juez federal por el caso donde la Fiscalía General de la República lo relaciona con la compra a sobreprecio de la planta de fertilizantes Agronitrogenados.
Aunque el exfuncionario fue vinculado a proceso en julio de 2020, diversos recursos legales han aplazado su proceso penal. Para esta mañana se tiene programada una audiencia donde se definirá si el caso llegará a juicio o si el exfuncionario alcanzó un acuerdo reparatorio con la petrolera, lo que lo obligaría a pagar millones de dólares para resarcir el daño.
En al menos tres ocasiones se ha diferido la audiencia que marcaría el comienzo de la etapa intermedia –en la que tanto el Ministerio Público como la defensa de Lozoya tendrían que debatir ante un Juez qué pruebas presentarán en un juicio–. El 3 de enero, al término de la más reciente de ellas, los abogados del exfuncionario descartaron que el caso contra su cliente llegue a esta etapa.
“Lo que va a haber será un acuerdo reparatorio”, dijo el abogado Miguel Ontiveros.
Desde noviembre pasado, Ontiveros confirmó que Emilio Lozoya pagaría al menos 3.4 millones de dólares para compensar el daño al erario causado por la compra a sobreprecio de la planta en 2014, una cifra que recientemente fue cuestionada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Es muy poquito, eso lo ve el Ministerio Público y Pemex pero no es esa la cantidad, aquí no se puede asegurar cuánto fue el daño pero sí hay peritajes y sí hay auditorías”, opinó el mandatario un día después de la última comparecencia de Lozoya Austin ante el Juez Genaro Alarcón López, quien desde enero preside el caso.
La discusión entre autoridades y los abogados del exfuncionario del Gobierno de Enrique Peña Nieto se ha extendido por meses. En abril de 2022, López Obrador confirmó que pidió frenar el acuerdo entre Emilio Lozoya y Pemex tanto para este caso como el de Odebrecht —donde la FGR lo acusa por operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho— para revisar los montos, pues recordó que sólo por la compra de la planta chatarra el daño al erario asciende a los 200 millones de dólares.
“Pedí que se hiciera la investigación porque el daño tendría que reponerlo, repararlo en Pemex”, expuso.
Aunque la defensa del exfuncionario federal ha solicitado aplazar las últimas audiencias argumentado que está por concretar un acuerdo reparatorio con Pemex y para la programada este 16 de febrero a las 9:15 horas ya tendría que informar si lo alcanzaron o no, hasta la semana pasada los abogados reconocieron que desconocen si los montos exigidos por la FGR aumentaron.
Ontiveros y Alejandro Pruneda, abogados de Lozoya, dijeron a Proceso el 6 de febrero que tramitaron un amparo para ser informados sobre una posible actualización de la cifra a entregar a Pemex, por lo que hasta ese día no habían concretado ningún trato.
La firma del acuerdo reparatorio es uno de los requisitos que el excoordinador de Asuntos Internacionales de la campaña de Peña Nieto a la Presidencia busca cumplir para acceder a la figura penal denominada criterio de oportunidad, mediante la cual una persona puede ser exonerada de los cargos de los que se le acusa a cambio de brindar información sobre otros delitos u otros imputados en el mismo.
La última vez que se pospuso la audiencia intermedia por el caso Agronittrogenados, el abogado Miguel Ontiveros envío un mensaje al Presidente López Obrador, le prometió que su cliente continuará colaborando con la FGR “en el marco de los hechos denunciados vinculados a hechos de corrupción sucedidos en el pasado”, y dijo estar confiado:
“Del uno al 10 [de posibilidades de alcanzar un acuerdo] es un 10 de criterio de oportunidad”, mencionó el 3 de enero afuera de los juzgados del Reclusorio Norte, donde Lozoya está detenido desde noviembre de 2021.
Pero el optimismo de la defensa contrasta con lo expuesto por la representación legal de Pemex, de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y del Ministerio Público federal, quienes ese día ante el Juez Alarcón López insistieron en que seguían sin alcanzar un convenio, y coincidieron en estar listos para que el proceso penal avance y se juzgue a Lozoya Austin por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“Exhortamos a la defensa que informe de estas conversaciones”, expuso uno de los representantes de la UIF. Sobre este tema, el abogado Ontiveros sólo ha reconocido”algunas diferencias en el sentido de las garantías”, pero dijo que continúan dialogando.
Por su parte, los abogados de Lozoya también han pedido posponer el inicio de la etapa intermedia porque acusan la falta de acceso a datos de prueba presentados por la FGR. A ello se suma que el 4 de noviembre de 2022 argumentó que su “testigo más importante”, es decir, el exfuncionario de Pemex Edgar Torres Garrido, falleció meses atrás, por lo que tendrían que ajustar su estrategia; de acuerdo con el diario Milenio, él había declarado al Ministerio Público Federal que el expresidente Peña Nieto presionó a Lozoya para acelerar la compra de Agronitrogenados.
En este contexto, la posibilidad de que el exdirector de Pemex acceda a un criterio de oportunidad ha sido criticada por defensoras y organizaciones civiles que documentan casos de corrupción como Tojil, pues insisten en que el Código Nacional de Procedimientos Penales plantea que esta figura legal no puede aplicarse en casos de interés público, como lo son la compra de la planta Agronitrogenados y Odebrecht.
Desde abril del año pasado la organización de abogadas acusó a la FGR de tratar de obstruir la justicia y alentar la impunidad sistemática en el país, por lo que desde entonces llamaron al Poder Judicial a “poner un freno a la Fiscalía y rechazar el acuerdo al que llegue con Lozoya”, para, mediante un juicio, conocer cómo se desarrolló la trama de presunta corrupción.
Por este caso, la FGR ya concretó un acuerdo reparatorio con Pemex y Alonso Ancira Elizondo, presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México (AHMSA), a quien las autoridades señalaron por vender a Pemex la planta Agronitrogenados con un sobrecosto de 200 millones de dólares y entregar 3.5 millones de pesos en sobornos a Lozoya Austin.
El empresario fue detenido en 2019, la dependencia inició un proceso penal contra el empresario por los delitos de cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero en abril de 2021 el acuerdo lo libró de ir a juicio, por ello está obligado a pagar 216.6 millones de dólares a la petrolera, de los cuales ya entregó 104 millones. Ahora, Lozoya Austin busca beneficiarse de un convenio similar.
