El uso de drones, tanto para distribuir drogas como para cargar explosivos y aterrorizar a comunidades, se ha convertido en una práctica más común entre grupos delincuenciales, quienes aprovechan las nuevas tecnologías para facilitar su trabajo.
Tijuana, 16 de febrero (Zeta).– El uso de drones con cargas de explosivos no es una evolución en los grupos de la delincuencia organizada, sino un recurso más de los muchos que implementan para conseguir sus fines, ahora a través de las nuevas tecnologías; sin embargo, preocupa que tengan acceso a explosivos y pongan en riesgo a la sociedad con conductas ilícitas que bien encuadran en el tipo penal de terrorismo, coincidieron los expertos juristas Óscar Manuel Soto Velázquez y Óscar Báez Soto.
Los ataques con drones cargados con bombas de niple o explosivos C-4 que ahora se registran en Guanajuato y Michoacán, o en los límites de Jalisco, son novedosos en cuanto a que se trata de acciones que buscan aterrorizar a la población en general, no sólo a los grupos rivales, a quienes sería más fácil eliminar a balazos. Así lo demuestran las escasas muertes que han producido los atentados de los que la autoridad ha dado cuenta.
Aunque desde 2020 se advirtió del uso de aeronaves no tripuladas con explosivos en la guerra emprendida entre los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Santa Rosa de Lima (CSRL), en Guanajuato, y posteriormente en Michoacán, entre los de Jalisco y Cárteles Unidos, fue hasta el 21 de abril de 2021 cuando el Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, admitió su incorporación en el ámbito criminal y su preocupación por ello, lo que después minimizó al asegurar que “no eran lo efectivos a lo mejor que ellos quisieran”.
En México se tuvo el primer antecedente de la utilización de un dron como arma la mañana del 10 de julio de 2018, cuando dos de esos aparatos electrónicos sobrevolaron la casa del entonces Secretario de Seguridad Pública de Baja California, Gerardo Sosa Olachea, en la colonia Los Laureles en Tecate, y uno de los artefactos se precipitó a tierra con dos granadas de fragmentación adheridas con cinta, sin que estallaran, ante la sorpresa de la persona que realizaba el aseo en el patio. Jamás se conoció el resultado de las investigaciones.
Antes, también en esta frontera, al menos desde 2011 se conoció que autoridades estadounidenses interceptaban drones cargados con droga, además de que otras aeronaves no tripuladas realizaban tareas de “halconeo”. En 2014, autoridades de seguridad de Baja California aseguraron tres aparatos, uno en el Valle de Mexicali y dos en Tecate. El 20 de enero de 2015, otro dron, dotado de cámara de video y GPS integrado, se desplomó en Tijuana, a la altura de la Glorieta de la Diana Cazadora, con tres kilos de “cristal”.
En tiempos más recientes, investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) han llevado a prisión a siete presuntos fabricantes y operadores de drones acondicionados con explosivos, pese a ello, el uso de los mismos y los ataques se han incrementado a partir del segundo semestre de 2021, herramientas que se suman a los “monstruos” (vehículos con blindaje artesanal) artillados con fusiles calibre 50. Y en 2022, a las minas hechizas para frenar el paso de vehículos de los contras y unidades de las Fuerzas Armadas en Michoacán.
CARGA EXPLOSIVA
El hecho que motivó que las autoridades reconocieran el uso y posesión de explosivos por parte de la delincuencia organizada a través de drones, ocurrió el 20 de abril de 2021, cuando integrantes del CJNG atacaron a elementos policiales en el poblado de El Aguaje en Aguililla, Michoacán. Además de cavar zanjas en caminos y carreteras, y bloquear el paso con camiones, se utilizaron explosivos C-4 que empezaron a caer del cielo. Hubo dos personas heridas y una detenida.
En la conferencia mañanera del día siguiente, el Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, admitió: “Hemos ubicado que hay algunos cárteles que están usando esto, Cártel Jalisco Nueva Generación. Ha habido algunos casos en Guanajuato, otros casos en Jalisco, este ahorita en Michoacán, son de preocupación, pero no han sido lo efectivos a lo mejor que ellos quisieran tener, no han tenido la efectividad, porque no pueden cargar cantidades que fueran de tal manera dañinas para el personal o para una instalación”.
Ese tipo de acciones se volvieron habituales en Tierra Caliente. El 4 de mayo de 2021, hombres fuertemente armados dispararon y arrojaron explosivos C-4 desde el aire sobre vehículos en la carretera, en el municipio de Tepalcatepec. No se reportaron lesionados. Hechos similares se registraron el 10 de mayo en Chinicuila, cuando se reportó un ataque del CJNG con el uso de drones con explosivos, además de armas de grueso calibre. El día 24 del mismo mes, hubo enfrentamientos en ambos municipios mencionados, con saldo de dos agentes federales heridos.
Hasta ahí se sabía que las aeronaves no tripuladas con explosivos eran usadas por el CJNG en Michoacán, y que contaban con sus “droneros” expertos conocidos bajo los alias “Flaco Drones” y “Gordo Drones”.
Sin embargo, Cárteles Unidos, conformados por diversas organizaciones criminales, y aseguran que las autodefensas, también comenzaron a implementar como mecanismo -de defensa y ataque- los drones con explosivos, lo que motivó un incremento en su utilización durante el último trimestre de 2021.
Así, el 10 de octubre, una carga de C-4 estalló en una bodega en la que se almacenaba pólvora y combustible en Tepalcatepec. El 9 de noviembre ocurrió un ataque en el mismo municipio con drones y bombas. El día 21 de ese mes, hombres armados irrumpieron en la cabecera municipal donde se realizaron disparos y ataques con drones cargados de explosivos. Igual que el 7 y 8 de diciembre, pero en Chinicuila, donde sicarios dispararon y atacaron viviendas con aeronaves no tripuladas. En todos los casos no hubo muertos ni heridos.
Los hechos más recientes acontecieron el 29 de enero de 2022, cuando criminales atentaron contra personal militar y de Seguridad Pública sobre la carretera Tepalcatepec-Coalcomán, a la altura de la población de El Bejuco. Hubo disparos y la detonación de una mina terrestre de fabricación artesanal. Oficialmente se informó de dos militares lesionados y dos personas detenidas. Extraoficialmente se habló de diez militares heridos, leves la mayoría. Para el 2 de febrero, soldados desactivaron al menos seis de esas minas en el poblado La Romera en Tepalcatepec.
LOS DRONEROS
Autoridades federales han logrado por lo menos la detención de siete sujetos relacionados con la fabricación y distribución de drones con carga explosiva. Los primeros involucrados fueron dos estudiantes de ingeniería, Diego Jiménez Martínez, de 27 años, originario de Puebla; y Rogelio Juan Luna Villa, de 26, del Estado de Morelos.
Autoridades catearon dos domicilios los días 25 y 26 de abril de 2020 en la capital poblana, donde encontraron -entre otros objetos- un niple explosivo, cables rojo y amarillo, tarjetas de circuito integrado, un cilindro con la leyenda bengala y una caja con artefactos pirotécnicos, 99 cartuchos para arma de fuego de diversos calibres y tres dones con las siguientes características:
– Artefacto explosivo acoplado a un dron, marca DJI, con un circuito con antena, en la parte inferior un ángulo metálico y en su interior una sustancia de color blanco conocida como RDX C-4.
– Artefacto explosivo improvisado adosado a un dron marca DJI, con circuito con antena, en la parte inferior un ángulo metálico y en su interior una sustancia de color blanco conocida como RDX C-4.
– Artefacto explosivo adosado a un dron, con la leyenda Phantom Standard con circuito electrónico, con antena, marca DJI, en la parte inferior un ángulo metálico y en su interior una sustancia de color blanco conocida como RDX C-4.
Producto del cateo en un primer domicilio se localizaron tres tickets de la tienda Home Depot, uno de ellos relacionado con la compra de un tubo metálico de las características que tenían los drones y cables localizados en los drones. Otro ticket ampara la compra de un niple galvanizado de pulgada y media de las mismas características del que tenían los artefactos explosivos.
Asimismo, se localizó una libreta con anotaciones como “arquitectos Esteri”, “drones 14”, “extensión”, “cargador Glock”, “sistema remoto de disparo”, “cuando estén listos llamar a Bad Boy”, “a Diego Jiménez Martínez le corresponde el 50 por ciento de los drones”.
En el segundo de los domicilios, el padre de Diego dijo que vio a su hijo enterrar una bolsa en el patio. En el interior había una pistola escuadra calibre nueve milímetros marca Glock con sistema de disparo semiautomático y 35 cartuchos del mismo calibre. Dictámenes de química realizados por peritos concluyeron que en el sitio donde fueron localizados los drones había residuos de CGMS RDX (ciclonita). También se llegó a la conclusión de que los cables de color amarillo, cables naranja, estopín eléctrico y una cápsula detonadora de cobriza incorporados a al dron DJI, correspondían a un explosivo improvisado denominado “bomba de niple”.
Un Juez de Control dictó el auto de vinculación a proceso el 22 de abril de 2021 contra los dos nóveles ingenieros, que presuntamente maquilaban los drones al Cártel de Santa Rosa de Lima, por el delito de fabricación sin el permiso correspondiente de explosivos de uso exclusivo del Ejército; posesión de arma de fuego de uso reservado para las Fuerzas Armadas; y posesión de cartuchos para armas de fuego también restringidos.
Con base en los datos de esa carpeta de investigación, se libraron órdenes de aprehensión en contra de los que distribuían y operaban los aparatos con explosivos en Michoacán, Guerrero y Jalisco, primero para el CSRL y después para el CJNG.
El 19 de noviembre de 2021, en la colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, fue detenido José Luis Hernández López “Bad Boy” o “El Avatar”, presunto líder de los droneros; su hermano, Luis Miguel Hernández López y Abraham Alfredo Montes Martínez “El Chayo”.
Tres días después, en Ecatepec, Estado de México, cayeron en manos de la Policía Federal Ministerial, Alfonso López López y Ariel Gutiérrez García. Los mandamientos judiciales fueron dictados el 21 de septiembre de 2020, vinculados a proceso por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de acopio de armas y tráfico de armas. Fueron internados en el Cefereso número 12 CPS de Ocampo, Guanajuato.
LOS EXPERTOS
El maestro Óscar Manuel Soto Velázquez, profesor investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) e instructor de policías y Ministerio Público, aseguró que “los grupos delictivos estructurados han visto en las tecnologías también una herramienta para poder seguir llevando a cabo sus modus operandi, en razón, de incluso, las propias tecnologías que implementa el Estado. Esto nos lleva también a entender las bases o los análisis de la inteligencia y contrainteligencia que se hacen por el Estado y que se hacen por sus contrapartes, en este caso los grupos criminales”.
El experto advirtió que los criminales en México aún utilizan drones de tecnología civil o de uso comercial; es decir, están alcance de cualquier persona. En cambio, los órganos de investigación y de seguridad nacional del Estado mexicano cuentan con drones cuyo desarrollo es a nivel militar, e incluso autoridades locales los utilizan en sus tareas de investigación en materia de seguridad pública, como Mérida, Tabasco y Monterrey, por lo que no se pueden comparar sus alcances. La diferencia es que los delincuentes los utilizan para fines ilícitos y sin ninguna regulación.
“Específicamente el crimen organizado no ha llegado al uso de esas tecnologías; es decir, de elementos no tripulados o controlados a control remoto a larga distancia, los famosos RPAS (Rapas). Esa tecnología es de un mayor nivel, pero el crimen organizado, sin duda tiene recursos para poder adquirirlas o llegar a ellas si tuviera el canal y el medio adecuado para hacerlo, y por eso hay una regulación internacional en estas tecnologías de ámbito militar”, agregó Soto Velázquez.
Por su parte, el doctor Oscar Báez Soto, experto en ciencias penales y política criminal, también por el INACIPE, asegura que regular las aeronaves no tripuladas es muy importante, pues existen estimaciones de su presencia en manos de particulares por parte de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria: “En 2016 existían un poco más de 113 mil drones en México. En 2017, más de 184 mil. En 2018 subió a 301 mil. Para 2019, se va a 490 mil. Y para 2020, casi se duplica, 800 mil drones surcando en un determinado momento el espacio aéreo mexicano”.
Además, “la tecnología ha venido facilitando, de cierta manera, el trabajo de las organizaciones delincuenciales, no nada más en México, sino en el mundo; indudablemente, el uso de explosivos en drones ayuda a los delincuentes para conseguir sus fines delictivos”, agregó el jurista, quien advierte que el Estado también cuenta con una flotilla superior de estos aparatos, pero su capacidad está regulada y debe ceñirse a los límites de la norma. Situación que no ocurre con los delincuentes que no obedecen leyes.
Tanto Óscar Manuel Soto Velázquez como Óscar Báez Soto, participaron en la mesa de análisis denominada “Drones y Crimen Organizado”, convocada por el Instituto Nacional de Ciencias Penales.
