Entre el 2015 y 2016 Ricardo Monreal, delegado de la Cuauhtémoc, otorgó contratos a zacatecanos por un total de 266 millones de pesos de acuerdo al portal de Compranet, según una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Durante este periodo, la unidad de investigación periodística de la organización, analizó 14 contratos públicos de la delegación. No se afirma que dichos contratos sean los únicos que hay durante el periodo. Es decir, puede haber más contratos asignados por la Delegación que –por opacidad pública- no se encuentran públicos en el portal de compras.

Cuando la organización sacó la investigación en el programa de Ciro Gómez Leyva, el delegado optó por amenazar con demandar a la organización y descalificar al personal que en ella labora. Con un discurso defensivo evitó entrar al detalle de los señalamientos de la investigación y se centró en las descalificaciones. Típico de Monreal, eso lo sabemos, pero no deja de sorprender el bajo nivel de debate que puede tener el delegado morenista.

El zacatecano delegado –por una razón hasta ahora no explicada- otorgó diversos contratos millonarios que beneficiaron a zacatecanos, como se escribió arriba. Un ejemplo son los contratos a Ruben Ledezma y Flavio Mayorga (ambos amigos de la hija del delegado según las redes sociales de esta última).

Según la investigación de MCCI, Ledezma Somohano y Mayorga recibieron de la Delegación Cuauhtémoc seis contratos por 20 millones de pesos en tan solo tres días (entre el 22 y 24 de diciembre). Mediante esos contratos, debieron abastecer a la delegación de mobiliario, equipo de cómputo, equipo recreativo, materiales de limpieza, artículos deportivos, herramientas menores y ferretería, así como servicios de impresión. El contrato más grande, de 14.9 millones de pesos, se le otorgó solo a Ledezma Somohano mediante la adjudicación directa AA-809015999-E33-2015 el 22 de diciembre del 2015. Dos días después, el 24 de diciembre, la Delegación le otorgó otro contrato a Ledezma Somohano, esta vez por invitación a cuando menos tres personas con número IA-809015999-E20-2015 por 2.9 millones de pesos.

Otro ejemplo zacatecano incluido en la investigación es: De los 14 contratos en los que la investigación se centra, dos que suman 83 millones de pesos fueron entregados a la empresa zacatecana Construcciones Ekbejo para construir nuevas banquetas y repavimentar calles de las colonias Roma y Obrera. El contrato para obras en la Colonia Roma, de 27.8 millones de pesos, fue otorgado a Ekbejo en agosto del 2016 tras ganar la licitación IO-809015996-E18-2016. El pasado 28 de enero, MCCI visitó esas obras y constató la paupérrima ejecución de las obras en las que se sustituyeron material especificado o bien las obras no cumplían con la normatividad local.

La investigación periodística no acusa, simplemente acerca los hechos sobre la asignación dudosa de contratos millonarios a zacatecanos quienes están cercanos al delegado y a su hija. Las preguntas están planteadas en el reportaje, las respuestas puntuales debería aportarlas el delegado y disipar –si es que puede- las dudas. Un análisis interesante sería ver si el delegado incurrió en algún delito de acuerdo al nuevo marco normativo anticorrupción que se trata de implementar en el país. Pero esa aportación no la realiza el reportaje.

La amenaza del delego de demandar a MCCI por el trabajo periodístico es un acto de censura y antidemocrático. La información es veraz y corroborada lo que debería generar un debate amplio sobre rendición de cuentas en la delegación Cuauhtémoc. Las preguntas son legítimas, la ausencia de respuestas es antidemocrático.

Ricardo Monreal prometió transparencia en licitaciones públicas durante su campaña. Hace algunas semanas subió una página de transparencia que bajó inmediatamente por una nota que publicó Reforma. La promesa de Monreal se quedó en eso, simple promesa electorera.

Favorecer, por parte del delegado, a empresas y personas zacatecanas en sí no constituye un delito. Sin embargo, si el otorgamiento de los contratos no fue con criterios claros y se promovió abiertamente el otorgamiento a personas e instituciones cercanas al delegado – como subraya el reportaje- la historia es distinta. La coincidencia existe. Pero también la práctica generalizada de otorgar contratos millonarios a círculos cercanos.

Al periodismo no le corresponde juzgar. La verdad periodística radica en la conjunción de hechos corroborados y veraces. El delegado buscará politizar la información e imprimirle un sello que nada tiene que ver con rendición de cuentas. Tan fácil que sería rendir cuentas. Claro, si no hay nada que esconder.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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