Después de que concluyeran las mesas de discusión para votar el proyecto de dictamen para la Guardia Nacional, propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, organizaciones y especialistas han alertado que la iniciativa no debe ser aprobada, pues aunque se modificó la propuesta de que el mando fuera militar y que quede en el orden civil, el esquema sigue planteando una militarización del país.
El Colectivo Seguridad Sin Guerra también ha hecho un llamado a que los legisladores rechacen la propuesta actual, y a que delimiten y y respeten las competencias en materia de seguridad pública del ámbito federal, estatal y municipal; así como establecer un ruta para fortalecer a las policías y los mecanismos de control jurisdiccional y legislativo de la Guardia Nacional.
Por Rocío Melgoza
Ciudad de México, 16 de enero (EconomíaHoy/SinEmbargo).- Este miércoles se discutirá el dictamen para la creación de la polémica Guardia Nacional, el cuerpo policíaco que propuso el Presidente Andrés Manuel López Obrador como brazo de su estrategia de seguridad y que originalmente suponía tener un mando militar, pero que tras generar una acalorada controversia pública podría terminar en un mando mixto, algo en lo que tanto opositores como simpatizantes coinciden: es una mala idea.
Dos meses después de anunciar el plan para la creación de la Guardia Nacional López Obrador dijo en su conferencia matutina del pasado martes que atendiendo a los resultados de las audiencias públicas que se llevaron a cabo para modificar “puntos sensibles” del dictamen, ésta tendrá un mando que en lo administrativo dependerá de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), mientras que en lo operativo recaerá en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La semana pasada se llevaron a cabo diez mesas públicas en las que diversos especialistas, legisladores, funcionarios y activistas analizaron y dieron sus puntos de vista sobre la Guardia Nacional, de las cuales se concluyó que el dictamen no debía ser aprobado y que, de acuerdo al proceso legislativo, debía ser modificado en cuatro ejes:
1- Que el mando de la Guardia Nacional debe ser de carácter civil.
2- Que se delimiten y respeten claramente las competencias del ámbito federal, estatal y municipal en materia de seguridad pública.
3- Que se establezca con precisión una ruta de fortalecimiento de las policías; así como de los mecanismos de coordinación entre éstas y las instancias de procuración de justicia.
4- Que se fortalezcan los mecanismos de control jurisdiccional y legislativo de la Guardia Nacional.
Tras darse a conocer los cuatro puntos consensuados, el grupo parlamentario de Morena y su coordinador, el Diputado Mario Delgado, impulsaron una campaña en redes sociales para informar que se habían admitido las observaciones.
Sin embargo, el colectivo #SeguridadSinGuerra denunció en un comunicado que las declaraciones del Presidente solo eran “una simulación y una mera formalidad sin sustancia” ya que no había ningún cambio que garantice la no militarización del país.
“La propuesta del nuevo gobierno y la mayoría legislativa, con todo y las propuestas de cambios que circulan desde ayer, faculta expresamente a la Secretaría de la Defensa Nacional para realizar tareas de seguridad pública”, reza el comunicado de Seguridad Sin Guerra.
Algunos de los cambios al dictamen de #GuardiaNacional @DiputadosMorena ?? pic.twitter.com/WEsp0DO5rj
— Mario Delgado (@mario_delgado1) January 15, 2019
SÓLO SE REACCIONARÁ CON MÁS VIOLENCIA
Marcela Villalobos, vocal del Comité Directivo de Amnistía Internacional, dijo en entrevista para Economía Hoy que ya se planteaba el tema de un mando mixto en el artículo Quinto Transitorio del dictamen y manifestó su preocupación por que se pretenda simular y hacer creer que no se trata de una militarización “porque la operación, el reclutamiento, la capacitación y la responsabilidad recae en las fuerzas castrenses”, aseguró.
La especialista explica que la propuesta de seguridad de la actual administración no tiene claro un modelo se seguridad y que, más bien, apelan al “populismo punitivo” en vez de hacer cambios profundos que impliquen estrategias de prevención más que de reacción.
Para Villalobos, dejar el dictamen tal como se pretende subir al pleno y avalar reformas como al artículo 19 que establece la prisión preventiva oficiosa en diversos delitos solo perpetuaría la violencia en el país.
“Un joven en un contexto adverso puede convertirse fácilmente en un criminal y en lugar de hacer propuestas o políticas para rescatar, se hace un plan de ataque, ya que se está preparando a más jóvenes para atacar de manera represiva y violenta a otros jóvenes mexicanos”.
La también activista consideró que el concepto de militarización en el país existe desde 1979 con la “Operación Cóndor” y que se institucionalizó en el sexenio de Felipe Calderón tras declarar la guerra al narcotráfico e implementar operativos conjuntos entre la Policía Federal y militares. “El sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto siguió con la misma estrategia”.
Advirtió que se podría violar la autonomía de los estados, ya que el artículo 115 de la Constitución habla del cómo se puede vincular a las Fuerzas Armadas con gobiernos locales, por lo que hoy en día hay presencia militar en varios estados, no necesariamente por mandato del Presidente, pero sí por convenios.
“Entonces se pueden invadir competencias ya que sin convenio previo, la Guardia Nacional puede entrar a combatir un crimen con militares y fuerza”, señala la especialista.
Para Marcela Villaobos el camino que debería seguir es desechar por completo el dictamen y que se respete la Constitución “como está actualmente” y trabajar en un modelo integral de seguridad pública para el país. Si lo que se pretende es conservar el nombre de la Guardia Nacional los cambios deberían ser mínimos, como dar facultades a las policías para colaborar en investigaciones.
“NECESARIA PARA ATENDER CRISIS DE SEGURIDAD”
En contraste, el académico de la UNAM, Javier Oliva, señaló que la creación de la Guardia Nacional es necesario para el combate al crimen organizado y a la delincuencia común.
“Estamos en una situación de emergencia, de violencia y se necesitan respuestas proporcionales por parte del Estado mexicano y me parece que atender la emergencia es una tarea impostergable por parte del Gobierno”.
Sin embargo, consideró que el cambio de argumento de López Obrador no fue lo mejor. “Me parece que el Gobierno no defendió su planteamiento, ahora va haber un mando mixto y sabemos que cuando hay duplicidad de responsabilidades, lo que ocurre es que la responsabilidad se diluye”.
Para el especialista en temas de seguridad, la propuesta no pretende militarizar al país ya que “militarizar significa llevar las prácticas de los cuarteles a la vida cotidiana de la sociedad”, por lo que el termino, dijo, se usa más bien “desde una perspectiva más propagandística que efectiva, creo que hay que matizarlo”.
“Las policías en las democracias son organizaciones paramilitares, tienen uniforme, jerarquías, axiologías, armamento, cuarteles, doctrina, son organizaciones paramilitares, así funcionan”.
Además, explicó que en términos del presupuesto, “México es el que peor trata a sus Fuerzas Armadas”, en relación a Producto Interno Bruto (PIB) les destina el .5 por ciento , solo nos supera Guatemala con el .4 por ciento y Colombia es el país latinoamericano que más invierte con el 3.8 por ciento de su PIB.
Oliva, quien también participó en las audiencias públicas, consideró que uno de los problemas que observó fueron “expresiones fuera de lugar” como las de la diputada Tatiana Clouthier de Morena, en las que dijo que el comandante de la Guardia Nacional podría tener tanto poder como para imponer al próximo presidente de la República, “cuando hay esos niveles de desconocimiento difícilmente se puede avanzar en una propuesta tan compleja”.
Por último, señaló que otro problema es que en la iniciativa no se establece como sería la coordinación de la Guardia Nacional con las policías estatales y municipales “nada, ni un renglón”.
“Los gobernadores, la verdad es que la mayoría han quedado mucho a deber en temas de seguridad pública, si llega la Guardia Nacional, hasta cierto punto es mejor para ellos porque la responsabilidad no va a ser de ellos sino de quien esté comandando las operaciones”.
Se prevé que después de la instalación del periodo extraordinario en la Cámara de Diputados, el presidente de la comisión dictaminadora presente la iniciativa y se dé entrada a los cambios ya sea por un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, un ‘adendum’ o que se deje en la discusión de las reservas.
ONGs ACUSA SIMULACIÓN
El Colectivo #SeguridadSinGuerra rechazó la Guardia Nacional propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, aún con los cambios que se han planteado sobre el mando civil de la nueva corporación.
Criticó que con los modificaciones planteadas en materia de seguridad se siguen otorgando facultades permanentes a las Fuerzas Armadas para realizar tareas de seguridad pública.
El Colectivo señaló que el dictamen que se discute en la Cámara de Diputados para crear la Guardia Nacional, supone mantener el paradigma de combate a la violencia con más violencia, a través de acciones que implicarían constitucionalizar la militarizarización, lo que iría en contra el marco jurídico legal internacional en materia de Derechos Humanos.
#SeguridadSinGuerra indica que la propuesta del Gobierno Federal, presentada con el apoyo de la mayoría legislativa de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), establece cambios en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que facultarían al Ejército para realizar tareas de seguridad pública.
Y aunque se ha introducido en el dictamen la figura de un mando civil para la Guardia Nacional, la iniciativa dejaría a las fuerzas armadas las labores de disciplina, régimen de servicios, ascensos, prestaciones, profesionalización y capacitación, así como la estructura jerárquica. Además, con la propuesta al artículo 13 constitucional, se mantendría el fuero militar, con lo que las faltas que pudieran ser cometidas por miembros de la nueva corporación serían revisados por autoridades militares.
El Colectivo también pide que se respete la Constitución vigente, así como utilizar a las fuerzas armadas sólo en las mecanismos previstos por la ley actual, reconstruir el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), profesionalizar las policías civiles, elaborar un programa de desmilitarización paulatina, regular el uso de la fuerza pública y establecer mecanismos complementarios de justicia y verdad.
