Hoy hace tres meses que Raúl Cervantes Andrade se despidió de la PGR con la afirmación de haber concluido la investigación de uno de los “mayores esquemas de corrupción internacional” en México y América Latina, en referencia al extendido pago de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht en todo el continente.
Al escándalo que alcanzó a Emilio Lozoya Austin cuando era parte de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto se sumó el presunto desvío de recursos federales a las campañas del PRI desde el Gobierno de Chihuahua en 2016.
Legisladores de oposición alertan que el Gobierno federal obstaculiza llevar ante la justicia a los responsables de las acusaciones corrupción para evitar el declive del PRI en las elecciones y alertan que la administración peñista busca protegerse de ser perseguida postergando e impulsando el nombramiento de incondicionales en la titularidad de la Auditoría Superior de la Federación, en la Fiscalía Anticorrupción, en Fiscalía General de la República…
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Ciudad de México, 16 de enero (SinEmbargo).- Legisladores de oposición sostuvieron que el Gobierno federal obstaculiza la justicia en los supuestos sobornos entregados por Odebrecht a funcionarios mexicanos para evitar que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) pierda las elecciones de 2018, y alertaron que además opera para dejar incondicionales en puestos clave que le permitirán impunidad luego de que finalice el sexenio.
“En 10 países de Latinoamérica ya actuaron y aquí lo que se ve claro es que van esperar a que pasen las elecciones e, incluso, hasta que pase el Gobierno federal actual, porque parece ser que está involucrando el Presidente [Enrique Peña Nieto], no alguien cercano, sino él mismo”, señaló Francisco Búrquez Valenzuela, Senador del Partido Acción Nacional (PAN).
Dos meses después de que las primeras declaraciones de directivos de la empresa brasileña Odebrecht salieran a la luz pública señalando el pago de sobornos a Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), el titular de la Procuraduría General de la República (PGR) Raúl Cervantes Andrade renunció al cargo.
En un último mensaje, Cervantes aseguró la conclusión de la investigación en una alusión directa a este escándalo internacional.
“La PGR ha concluido las investigaciones respecto a uno de los mayores esquemas de corrupción internacional que en América Latina y México se hayan visto. El complejo esquema para corromper funcionarios, obtener contratos públicos de manera indebida y luego tratar de esconder dinero mal habido en paraísos fiscales, puso a prueba nuestra determinación y a nuestras instituciones”, dijo el pasado 16 de noviembre. Tres mesas han pasado y esas investigaciones no han derivado e acción penal alguna.
Ayer, el Comité de Coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) solicitó a la PGR que emitiera un informe sobre la situación actual de la investigación por el caso Odebrecht. Las carpetas de investigación por este caso han sido abiertas en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) y Fepade.
Carlos Fadigas, ex director Braskem, filial de Odebrecht, testificó que la empresa transfirió 1.5 millones de dólares a la empresa Latin America Asia Capital, afincada en Islas Vírgenes, presuntamente vinculada con Emilio Lozoya, otrora coordinador de Vinculación Internacional de la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012, según dio a conocer la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Sin embargo, Braskem niega que Fadigas haya testificado sobre la transferencia de recursos y agregó que en “ningún” documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos y Brasil se ha confirmado la intervención de la empresas en procesos electorales de México.
Para el Senador Mario Delgado, del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), es la complicidad del Gobierno federal y la PGR lo que ha impedido avances en el caso. “Hay una complicidad absoluta al más alto nivel y, segundo, la responsabilidad de personajes de muy alto nivel. Que no se les olvide que Raúl Cervantes dijo que la investigación estaba lista sobre su escritorio. Lo que hemos visto de Odebrecht en otros países es que corrompían directamente al cabeza, como es el caso de presidentes en Colombia y Perú que fueron investigados”.
Cuestionado sobre si la salida del Fiscal de Delitos Electorales (Fepade) Santiago Nieto Castillo se suma a la complicidad, Delgado dijo: ”Fue muy visible que [el Gobierno] prefirió quitar al Fiscal de Delitos Electorales cuando se tocó el tema de Odebrecht”.
El Senador Ernesto Ruffo Appel, uno de los impulsores del Sistema Nacional Anticorrupción, apuntaló que las personas que encarnan a las instituciones del sistema no han querido dar resultados.
“El sistema de investigación, averiguación, evaluación de los asuntos del delito en este caso, de corrupción está en manos de autoridades asignadas al Presidente de la República, que es del PRI. No funcionan estas instituciones, como ves, o no han querido dar resultados porque esto precipitaría que con más ganas perdieran las elecciones”, consideró.
A seis meses de las elecciones la presión para que haya detenidos por los supuestos sobornos en México podría venir desde la Cámara de Diputados. El legislador de Morena Vidal Llerenas Morales, quien preside la Comisión de investigación de Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, adelantó la petición de documentos a distintas instancias.
“Vamos a solicitar los contratos que faltan [celebrados por Odebrecht]. Falta mucho por conocer, es increíble que no se esté actuando, hay información muy puntual por parte de testigos brasileños que pueden tener incluso penas mayores a las que iban a tener”, dijo el Diputado federal.
“Hay que aceptar que hace falta robustecer las facultades del Sistema Anticorrupción, se necesita hacer una revisión para que haya una reforma de segunda generación. Y darle mayores facultades”, dijo Rafael Hernández Soriano, Diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática.
El presidente de la mencionada comisión esperará a que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) publique un nuevo paquete de revisiones a la Cuenta Pública para profundizar las averiguaciones.
“La Auditoría ha estado auditando Odebrecht, y algo interesante es que encuentra que el modus operandi de Odebrecht en otros lados inicia con contratos pequeños”, expuso Llerenas.
El caso Odebrecht no sólo ha tenido secuelas en los nombramientos de la PGR, sino en la agenda legislativa del periodo de sesiones que tendrá lugar entre febrero y abril.
De acuerdo con el Diputado federal por el partido Movimiento Ciudadano Víctor Sánchez Orozco, la reforma que transformará la PGR en Fiscalía General -que deberá dar mayor autonomía a la dependencia y dejará a un titular durante nueve años- se encuentra varada por la falta de voluntad de acabar con los casos de corrupción.
“Al no haber voluntad política de parte del Ejecutivo federal para poner a la Fiscalía General, evidentemente, ha bloqueado de todas las formas posibles el avance hacia una Fiscalía autónoma”, dijo Sánchez.
El mismo 16 de octubre, quien había fungido como asesor de la subprocuraduría jurídica y de asuntos internacionales, Alberto Elías Beltrán, ascendió a encargado de la PGR.
“El Presidente no ha permitido que quien llegue al frente de la PGR se alguien que no sea un incondicional a sus intereses. Están buscando que siga al frente el interino y personajes afines que se protegen”, dijo Orozco.
Ruffo Appel insistió en que nombramientos clave en el Congreso, entre febrero y abril, podrían terminar por garantizar un manto de impunidad si no se asegura la idoneidad de los funcionarios.
En ese periodo se pretende el nombramiento del nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación, el nombramiento del Fiscal Anticorrupción, del Fiscal General de la República, y de Magistrados en Asuntos Administrativos. Así como mejorar proceso de licitación de obra pública, el marco nacional del Ministerio Público en el fuero común y la Ley Organica de la PGR.
“Quieren dejar instalados a personajes que los protejan, eso es lo que yo especulo detrás de plan acción legislativa”, alertó Ruffo.
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Los legisladores de oposición advirtieron que a menos de seis meses de las elecciones, no hay garantías de que recursos públicos no sean desviados hacia campañas políticas del PRI.
Hoy Alejandro Gutiérrez, ex secretario general adjunto del tricolor, enfrenta un proceso judicial en Chihuahua por la presunta triangulación de recursos públicos que fueron a dar a la campaña estatal del 2016.
“La base electoral del PRI depende del aceite del dinero producto de la corrupción y del cobro de piso para la delincuencia organizada. Este caso de Chihuahua nos demuestra como se rebasaron todos los escrúpulos, es meter la mano en el dinero público con facturas falsas”, dijo Búrquez.
El escándalo de los desvíos en Chihuahua alcanza a otros personajes como el ex Gobernador César Duarte Jáquez, o el ex Presidente del PRI Manlio Fabio Beltrones, de acuerdo con los testimonios recogidos por las autoridades.
El 12 de septiembre pasado, el actual Gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, presentó 10 acusaciones penales en contra de César Duarte Jáquez, y la solicitud de detención con fines de extradición.
“Después de más de 12 órdenes de aprehensión, curiosamente, la PGR no ha pedido la extradición, ni el mismo Gobierno federal. El Presidente Peña Nieto tiene temor de que hable César Duarte, o de que confiese algunos otros ilícitos”, acusó Sánchez Orozco.
Llerenas Morales insistió en que si bien los 250 millones de pesos fueron desviados en el estado de Chihuahua, al provenir de una bolsa federal de la Secretaría de Hacienda pudo haber complicidad por la falta de controles estrictos. “¿Por qué hay una transferencia de los estados a un proyecto que no es de infraestructura? Se envía dinero a un proyecto que es fácil de desviar. Hay presunciones de testigos y evidencia de que quien envió el dinero pudo haber estado de acuerdo en cómo se hacía todo”.
