Ahórrenos la creación de más leyes y consejos, en este caso en contra de la corrupción, Presidente. Habría bastado con meter a la cárcel a Arturo Montiel. Con eso sí habríamos creído todos que hay una verdadera voluntad de limpiar el cochinero. Lo demás es circo y espectáculo.

Difícilmente puede uno oponerse a la creación de un Consejo Nacional Anticorrupción y eventualmente a una Ley Federal Anticorrupción. Eso en abstracto, pero en la práctica el asunto a mí no me parece muy convincente.

Primero, porque nada en la historia de los grupos Atlacomulco e Hidalgo, que copan los espacios políticos del actual gobierno federal, remite a una práctica de transparencia o rendición de cuentas. Cuando fueron gobernadores, ni Enrique Peña Nieto ni Miguel Ángel Osorio Chón se caracterizaron por un discurso en contra de la corrupción, mucho menos por una agenda de acciones concretas.

Segundo, porque cada nueva administración ha prometido, palabras más o palabras menos, una actuación vigorosa en contra de la corrupción. La Secretaría de la Contraloría General de la Federación fue creada en 1983, por Miguel de la Madrid, justamente con ese objeto. Échele usted cuentas: hace 30 años. Cada sexenio han retocado el nombre y las funciones de esta Secretaría, para vendernos la noción de que “ahora sí” se limpiará de bandidos al gobierno. El ministerio hoy se llama Secretaría de la Función Pública. El resultado es el mismo de siempre: ninguno.

Consideremos, además, que una secretaría tiene más rango que una comisión, ¿o no? Si es así, ¿qué nos hace pensar que lo que no se ha podido lograr en 30 años se va a conseguir con otro nombre?

Se me dirá que un organismo descentralizado y ciudadanizado tiene más margen de independencia que una Secretaría. Otra vez diría que sí, pero en abstracto. Allí están el TRIFE, la Comisión de Derechos Humanos y una porción de los consejeros del IFE; muy autónomos y muy ciudadanos en el papel, pero perfectamente plegados a los intereses de la clase política.

Tercero, me parece muy sospechosa la urgencia por anunciar las acciones en contra de la corrupción, pero con muy poco trabajo de cabildeo real para darle un contenido específico. Muchas prisas para tomarse la foto inaugurando y botando el barco y muy poca inversión en asegurar que este vaya a flotar en alta mar.

Toda proporción guardada, me hace recordar las prisas de Felipe Calderón en emprender una guerra en contra del narco para anunciar a la Nación que había llegado un líder a Los Pinos, pero sin ninguna preparación para conducir con éxito esta estrategia.

De igual forma, las propuestas de Peña Nieto me parecen más bien un afán de responder a las críticas que se han hecho antes y después de las elecciones por el temor del regreso al poder de un PRI corrupto. Tales propuestas se originan muy poco en una vocación democrática y mucho en la necesidad de dar un golpe de imagen.

En suma, con Secretarías y Consejos o sin ellos, me queda claro que el combate a la corrupción tiene que ver más con una vocación de parte de la sociedad, comenzando por los que la gobiernan, que con medidas formales que pueden convertirse en otro elefante blanco.

O para decirlo en plata pura: la única manera de evitar que los gobernadores se sigan robando a manos llenas porciones del erario público consiste en meter a un par de ellos a la cárcel. Mientras se sigan sintiendo impunes no habrá consejos ni leyes que valgan. Los mandatarios estatales tienen que ver a dos o tres colegas sometidos a los jueces, para que tengan temor de verse en esa situación siete años después.

En 1999, Mario Villanueva, gobernador en funciones en Quintana Roo, fue metido a la cárcel acusado de estar vinculado con el narcotráfico. Eso fue hace 14 años. Desde entonces no ha caído ningún otro pez gordo de la clase política, pese a los innumerables excesos de los Mario Marín, los Ulises Ruiz, los Humberto Moreira y un larguísimo etcétera (el caso de Pablo Salazar de Chiapas es un caso de vendetta política, no de combate a la corrupción). En cada ex gabinete hay una nómina de secretarios convertidos en multimillonarios. Y nada ha pasado pese a la existencia de ministerios dedicados a evitar y castigar la corrupción por parte de funcionarios público.

Muy loable pues la creación de una Ley Federal Anticorrupción. Hay que construir el andamiaje institucional para dificultar los delitos contra el erario. Pero insisto, si el presidente quería dar una imagen de honestidad mucho más fácil comenzar por meter a la cárcel a Arturo Montiel. ¿O no?

@jorgezepedap

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Jorge Zepeda Patterson

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Es periodista y escritor.

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