A pesar del debate que hay alrededor del salario mínimo de los trabajadores en México, los aumentos de los últimos años no dan a los trabajadores la cantidad necesaria para satisfacer sus necesidades básicas.
Ciudad de México, 22 de diciembre (SinEmbargo).– En los últimos años, el valor del trabajo se ha ido perdiendo hasta llegar a un punto en el que ya no es posible que una familia viva de manera adecuada con el salario que obtiene, por lo que, según un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), las autoridades con sus aumentos salariales de no más de 3 pesos, somete a los ciudadanos a una vida precaria que tiende a la reproducción de la pobreza.
En los últimos cinco años, el salario mínimo en el país ha aumentado 12.64 pesos y a pesar de que actualmente se desarrolla un debate al respecto, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) aprobó un aumento de 2.94 pesos para 2016.
El problema tiene diagnóstico: a mediados de 2015, las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) arrojaron que el factor principal que propicia el aumento en el número de pobres es el salario. Hace unos días, el Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó una investigación en la que se señala que un empleado debe trabajar poco más de 51 horas con 44 minutos para acceder a una canasta básica indispensable; “humanamente imposible”, sentencia el documento.
En entrevista para SinEmbargo, el doctor David Lozano Tovar, académico de la UNAM y uno de los realizadores de la investigación, expuso que el problema es conocido por todos los actores que pueden resolverlo, pero el tema lo han convertido en mera propaganda política.
¿Hay solución? Para el investigador, la prueba contundente de que el salario de los trabajadores puede aumentar de manera real es la desigualdad económica de sus habitantes.
“El salario lo que expresa es el precio del trabajo y 2.73 pesos por día es lo que vale para ellos la jornada […] El valor del trabajo se ha ido perdiendo, ya no hay forma de vivir con el salario que se gana, cada día que pasa se puede comprar menos, porque el salario vale menos. La población trabajadora asalariada ya no puede tener acceso a un nivel de vida digno”, comentó el investigador.
México es el país más desigual de los que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Se ubica entre los países con mayores desigualdades entre ricos y pobres, compartiendo el sitio con Chile, Turquía y Estados Unidos. El 10 por ciento de la población mexicana de menores recursos concentra el 1.2 por ciento de los ingresos del país, mientras que el 10 por ciento de mexicanos con mayores ingresos concentra el 36.7 por ciento.
La OCDE puso el acento en que la pobreza ha aumentado en muchos de sus países desde 2007, lo que ha eliminado los progresos que se habían producido en los 20 años anteriores en la mejora de los niveles de vida de los hogares de bajos ingresos.
En este sentido, el problema, desde hace años, está en la manera en como se distribuye la riqueza, “las condiciones están y siempre han existido. ¿Cuál es el origen de la riqueza que hay en los bolsillos de los empresarios? Son las ganancias que obtienen de la actividad económica que los trabajadores realizan y son los trabajadores los que producen, son los generadores de la riqueza […] aunque los empresarios tienen una riqueza que ningún trabajador, ni teniendo varias vidas, podría acercarse”.
Sin embargo, continua el investigador, la solución a este problema es un proceso que debe planearse y ejecutarse a corto, mediano y largo plazo, por parte de todos los sectores involucrados, que tienen que “entrarle al problema que ha ido creciendo”.
Y continua: “ellos lo saben. Saben de qué se trata y cómo se puede resolver, pero están de por medio intereses de ganancias, por lo que se opta por decir ‘sí hace falta’ pero no se actúa. La riqueza también debe ser para los que la generan, les debe tocar una parte para que puedan vivir dignamente”.
A octubre de 2015, entre el costo de la Canasta Obrera Indispensable (COI), aquella que además de alimentos, contempla servicios, y el salario mínimo, hay un brecha de 383.50 por ciento. El poder adquisitivo de ese salario carga una devaluación de 83.62 por ciento.
El pasado 28 de septiembre, el titular de la Conasami, Basilio González, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete Prida, y representantes de las cámaras empresariales, patronales y de servicios, se reunieron en una “sesión histórica” en la que anunciaron la homologación del salario mínimo en todo el país; éste alcanzaba ya 70.10 pesos.
La foto que dieron a la prensa en el evento fue de todos juntos, con las manos unidas al centro y sonriendo.
“El mensaje que el Gobierno manda con esos aumentos, es que no piensa cambiar su política salarial, aunque lo establezca como obligación la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y es un mensaje importante”, dijo al respecto Tovar.
El estudio del CAM señala el inicio del problema en 1987, año de crisis económica, política y social, y en el que se realizaron un conjunto de pactos y acuerdos para resolver diferentes problemas, entre ellos, el deterioro del salario real, pero al margen de los trabajadores, lo que dio paso a políticas económicas, salariales y sindicales planeadas por cada uno de los gobiernos en turno y a favor de grandes empresas tanto nacionales como extranjeras.
El Centro de la UNAM también encontró en el Pacto por México, esta misma tendencia: las mismas consecuencias y los mismos beneficiados y perjudicados: “quienes han pagado los costos de las crisis son las familias de los trabajadores, de los asalariados, éstos han sido condenados a vivir y laborar en condiciones cada vez más precarias, deplorables y los privilegios –de nuevo– los grandes capitales nacionales y sobre todo, trasnacionales […] Un mal llamado Pacto por México”.
Para los investigadores el CAM, la nueva administración no trajo diferencia alguna en la aplicación de políticas económicas para la clase trabajadora y muestra de ello es que los niveles de pobreza han aumentado 58 por ciento en los últimos dos años.
Mucho de esto porque en este mismo periodo de tiempo, el incremento del salario no ha rebasado el 4.20 por ciento.
Desde ese año, 102 millones 425 mil mexicanos no pueden comprar la canasta básica constitucional, que tiene un costo de 16.04 salarios mínimos, que también ha perdido 9.65 por ciento de poder adquisitivo.
Otra investigación del CAM sostiene que sólo 2 millones 56 mil personas o el 1.7 por ciento de la población, pueden acceder a ella.
