Las activistas denunciaron que de 2012 a 2014, han documentado 615 agresiones contra defensoras y mujeres periodistas: 118 agresiones en 2012, 189 en 2013 y 308 en 2014. Las violaciones a los derechos humanos ha sido un tema recurrente en los últimos días luego de que el Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) emitió su informe sobre la situación de derechos humanos en México así como una serie de recomendaciones.
Ciudad de México, 6 de diciembre (SinEmbargo).– La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos calificó al Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto como el más peligroso para la protección de los derechos humanos de los mexicanos con un registro de más de 615 agresiones a defensoras.
En una conferencia de prensa, las activistas compartieron un posicionamiento público donde denunciaron una situación de alto riesgo en materia de derechos humanos en el país.
«Los primeros años del Gobierno de Enrique Peña Nieto han sido los años con más agresiones registradas y por ende los más peligrosos para las defensoras», expresó Luz Estrada Castro, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en Chihuahua.
Destacó que de 2012 a 2014, la red ha documentado 615 agresiones contra defensoras y mujeres periodistas: 118 agresiones en 2012, 189 en 2013 y 308 en 2014.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos (RNDDH) está conformada por 189 defensoras de mujeres indígenas, transexuales, periodistas y migrantes en 23 estados.
Las activistas también denunciaron que el Estado mexicano ha actuado con negligencia y complicidad en los ataques y amenazas.
«El Gobierno mexicano, en sus tres niveles, es responsable y cómplice de dicha escalada de violencias, por sus acciones y por su incumplimiento de su mandato de proteger a las y los defensores», señaló Luz Estrada.
Carolina Ramírez, activista de Veracruz, reveló que de enero a octubre se han contabilizado 93 feminicidios y 153 mujeres desaparecidas en esa entidad.
En tanto, Bettina Cruz, activista que se opone a los megaproyectos eólicos en Oaxaca, denunció amenazas de muerte y hostigamiento en el proceso que se libra en Juchitán.
Los habitantes de la comunidad zapoteca de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, que se oponen a la construcción de un parque eólico en su territorio, han señalado en reiteradas ocasiones que el proceso de consulta para la construcción de la obra estuvo llena de irregularidades por parte de la Secretaría de Energía (Sener).
El proyecto en cuestión es un parque eólico de la empresa Eólica del Sur, financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que produciría 396 megawatts y se sumaría a los 21 proyectos eólicos que actualmente existen en la región.
La dependencia federal anunció el pasado 4 de agosto que la población dio su consentimiento al proyecto, hecho que fue desmentido por los opositores al proyecto, sus representantes legales y organizaciones civiles, quienes acusaron al Gobierno federal de violar los cuatro principios que deben regir una consulta ciudadana conforme a estándares nacionales e internacionales: que sea previa, libre, informada y de buena fe.
En el caso de Juchitán, la población ha rechazado el proyecto desde 2013. Pese a que consiguieron que las autoridades respetaran su derecho a la consulta, han denunciado que ésta estuvo llena de vicios desde el principio.
El proceso de consulta concluyó el pasado 31 de julio y cuatro días después la Sener informó en un boletín de prensa que la comunidad había otorgado su aval a partir de una consulta libre e informada.
VIOLACIONES A LOS DDHH EN MÉXICO
Las violaciones a los derechos humanos ha sido un tema recurrente en los últimos días luego de que el Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) emitió su informe sobre la situación de derechos humanos en México así como una serie de recomendaciones.
De acuerdo con el informe emitido por el Alto Comisionado, México acumula desde que inició la guerra contra el narco, 151 mil muertos y 26 mil desaparecidos, agravado por una impunidad del 98 por ciento.
El representante de la ONU acentuó la resistencia del Gobierno mexicano ante las opiniones de organismos no gubernamentales y las caracterizó como “intolerantes ante la crítica pública”.
De acuerdo con un recuente hecho por el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) llamado “Derechos Humanos: el riesgo de normalizar la excepción”, de 2006 a la fecha el Gobierno de México ha recibido 548 recomendaciones de parte de organismos nacionales e internacionales en materia de violaciones graves a los derechos humanos, la mayoría por tortura y tratos crueles.
No obstante, el cumplimiento de un número considerable de estas recomendaciones continúa pendiente. Por ejemplo, de las 12 recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre 2000 y 2013, el 50 por ciento aún no han sido atendidas.
“Más allá de los pendientes, lo preocupante es que a pesar de las acciones formales que ha tomado el Estado mexicano –ratificación de tratados, aceptación de la competencia de organismos como la Corte Interamericana y reformas legales– los efectos no han sido los esperados. Por ello, es momento de replantear los mecanismos de solución”, establece el documento.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) es el organismo que ha hecho el mayor número de recomendaciones al Gobierno de México con 335, seguida por la CIDH con 142, la mayoría se refieren a casos de tortura, desaparición forzada y “tratos crueles”.
“Las violaciones a derechos humanos han sido una de las principales consecuencias de la actual crisis de inseguridad. Además, es cada vez más notorio como la violación de estos derechos es una práctica que no ha sido atendida por las distintas instituciones gubernamentales. Desgraciadamente, el andamiaje legal e institucional de protección a los derechos humanos no ha impedido su vulnerabilidad. Además, ante el fracaso de la estrategia de seguridad, la sociedad se encuentra cada vez más desesperada por encontrar respuestas donde las alternativas de mano dura han ganado una considerable popularidad”, advierte el documento del CIDAC elaborado por los investigadores Mireya Moreno, Carlos de la Rosa, Ximena López, Rafael Vega y Santiago Martínez y coordinado por Mariana Meza.
Una encuesta de Latin American Public Opinion Project (LAPOP), citada en el documento, muestra cómo el discurso de la mano dura se ha hecho más popular entre los mexicanos: comparando los datos de 2008 y 2014 se observa que el 26 y 29 por ciento de la sociedad, respectivamente, considera que en el país hace falta un gobierno de mano dura para resolver los principales problemas. En 2006, el 13.5 por ciento de la población consideró que en algunas circunstancias, un gobierno autoritario es una buena alternativa, para 2014 la cifra había crecido a 18.4 por ciento.
