Hace un año, SinEmbargo planteó al Presidente 21 preguntas que aún no tienen respuestas. Como el Jefe del Ejecutivo no ha dado entrevistas más allá de algunos medios de comunicación y de escenarios bien controlados, nuevamente nos dimos a la tarea de responder estas interrogantes con los datos duros: con cifras y hechos. Inseguridad, corrupción, pobreza, falta de transparencia, violaciones a los derechos humanos, debilidad del Estado, Tlatlaya, «El Chapo», los 43… marcan la mitad del camino de Peña Nieto.
Ciudad de México, 1 de diciembre (SinEmbargo).– La desaparición de 43 normalistas, la segunda fuga de “El Chapo” Guzmán, los escándalos inmobiliarios, el dispendio, el freno económico, la vuelta a la opacidad y un discurso que huye de la crisis de seguridad, problema que más les preocupa a los mexicanos alimentan la crónica de la primera mitad del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto. Pese a una crisis de aprobación sin precedentes para un Primer Mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto ha brindado pocas entrevistas fuera de los protocolos que rigen el hangar presidencial, el avión que lo lleva por el país y el mundo, o la televisión. Ello ha hecho que su mensaje se mantenga distante de muchos de sus gobernados, según observadores políticos.
La falta de voz del Jefe del Ejecutivo no impide acumular preguntas. Cada vez más. Dudas nuevas y antiguas. En septiembre de 2014, este sitio digital publicó 21 de las muchas que en aquel momento le quería hacer. Ahora, cuando se ha llegado a la mitad del camino, hay un cuestionario más grande que gravita en dos temas esenciales: la crisis social que cruza a México y la falta de credibilidad en la gestión. El derecho ciudadano a la Transparencia es el componente básico de este ejercicio que, a la vez de preguntar, identifica que para cada cuestión hay información disponible con la que pudiera esbozarse una respuesta.
Señor Presidente de la República, su Gobierno no ha rebasado jamás el 50 por ciento de aprobación en encuestas nacionales e internacionales. Usted dijo en marzo de 2015 que no ha hecho un esfuerzo para trabajar por la popularidad; pero más allá de su imagen, quienes lo desaprueban han expuesto que el país va por muy mal camino. ¿Le preocupa esta sensación de los mexicanos?
La presente administración ha concluido la mitad del sexenio con una caída sostenida en la aprobación. Las encuestas dentro de México –El Universal, Reforma, Consulta Mitofsky– le dan en promedio 39 por ciento de aprobación, mientras el estadounidense Pew Research Institute, le otorga un 47. En ambas evaluaciones, sale reprobado.
Los cuestionarios que han aplicado las casas de investigación no están concentrados en la imagen del Presidente; sino en cómo perciben el país que habitan. La imagen del candidato agradable a la vista ha quedado lejana. Los gobernados no aprueban cómo está llevando las riendas del país.
Las tragedias nacionales de Tlatlaya –donde están involucrados miembros del Ejército–; la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa; el descubrimiento de casas millonarias de él mismo y el Secretario de Hacienda; el freno en la economía y la fuga de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, son episodios que han marcado el sexenio cuando apenas va a la mitad. Frente a ellos, según las encuestas, el Presidente se ha visto débil, despreocupado e incluso, lejano.
Y mientras la aceptación del Primer Mandatario de México decrece, la leyenda de Guzmán Loera se agiganta. A finales de julio, la Secretaría de la Marina (Semar) lo ubicó en el Valle de El Fuerte, en Sinaloa, y días después, en La Piedrosa, en Durango, en la Sierra Madre Occidental. Ahora, herido en la cara y una pierna, se volvió a perder en la inmensidad de la sierra, entre barrancas y montañas.
Con todo, de aquel primer minuto dorado de su Gobierno bautizado como “The Mexican Moment”, por The Economist, no queda mucho, si es que acaso existió.
Después de que su Gobierno recapturó a Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, usted dijo que sería “imperdonable” que volviera a fugarse. De modo que se comprometió a tomar “las debidas providencias”. Él volvió a escaparse. Y a querer o no, usted arranca el nuevo trienio con este episodio a cuestas. Más allá de sentirse avergonzado o no, ¿qué va a hacer, Presidente?
Luego de que fue recapturado en febrero de 2014, el Presidente Enrique Peña Nieto le dijo al periodista León Krauze que sería imperdonable que “El Chapo” se escapara otra vez.
–Casi 70 por ciento de los mexicanos dice que existe una posibilidad de que se vuelva a escapar Joaquín Guzmán, ¿usted se compromete a que eso no va a ocurrir?–, preguntó el periodista.
–Es una obligación que tiene el Estado mexicano, además, creo yo, ante lo que ya ha ocurrido en el pasado, sería verdaderamente algo más que lamentable, digo, es imperdonable–, respondió Peña Nieto.
En julio pasado, lo hizo de nuevo. “El Chapo” anda libre.
El Gobierno federal inició una frenética búsqueda. Lo ubicó en las inmediaciones del triángulo dorado lo que originó un costo social reflejado en mil desplazados de Durango hacia Sinaloa. Filtrada por la PGR, la información de su persecución ha conformado una escena novelesca en la que se induce al público a un emocionante desenlace. ¿Qué pasará? ¿Entregarán vivo al hombre más buscado del mundo las autoridades mexicanas? Si bien, estos elementos de suspenso han sido puestos en el relato de “El Chapo”, la PGR mantiene bajo reserva todo lo relacionado con su nombre, lo que ante la opinión pública lo vuelve en un ser legendario, como un fantasma poderoso.
Ni siquiera su fortuna está documentada por el Gobierno mexicano. Según el folio 0001700105315 del INAI, la PGR respondió a una solicitud de información que sus bienes decomisados en 2014 –año en que fue recapturado y que implicaba un golpe a su economía ilícita– son: cuatro armas, siete cargadores, una granada, 143 municiones o cartuchos, tres joyas y cuatro “objetos”. En el rubro de embarcaciones, no hay nada. Tampoco en el de Inmuebles. Menos en el de Vehículos. No aparecen cuentas bancarias ni nada relacionado con dinero que se le haya quitado.
El Gobierno federal manufacturó y difundió el spot titulado “Ya Chole con tus Quejas”. Presentaba la historia de dos trabajadores en la que uno conminaba al otro a no quejarse tanto. Apenas duró 24 horas al aire porque la Presidencia lo retiró después de un oleaje de críticas en las redes sociales, ¿qué se proponía comunicar su Gobierno con ese despliegue?
El balance de la primera mitad de su mandato, el Presidente de la República lo inició en agosto con la difusión de 18 spots. En uno de ellos, en los que se refiere a la economía, menciona que el mejor momento para evaluar al Gobierno es precisamente la mitad del sexenio. Un mes después, la administración federal desplegó una nueva campaña de tres anuncios en los que se hacía hincapié en el paquete de reformas estructurales, enviado en 2013 al Congreso y promulgado en 2014. El primero presentaba a un matrimonio. Ella le da a él la vela de un pastel con la figura del número tres. Luego, le desglosa una lista de supuestos logros: “Ahí está la luz, el gas no ha subido; además, te dieron el crédito del Infonavit”. El segundo era “Ya Chole con tus Quejas”, un anuncio que sólo duró 24 horas al aire. A las redes sociales les pareció que el mensaje era insoportable y protestaron hasta que la Presidencia de la República ordenó su retiro.
“Ya Chole con tus Quejas” le llamó la atención al comediante británico John Oliver quien se burló. El actor explicó sus razones para hacer parodia de un promocional del Gobierno: “Uno está acostumbrado a escuchar a los políticos decir: ‘los escuchamos’; pero no lo hacen antes de decir: ‘Cállense la boca’”.
Presidente, mientras usted sostiene que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene viabilidad financiera y no será privatizado, el organismo da señales de que está en camino de lo contrario. Lo mismo ocurre con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Ambos organismos han dado pasos para asociarse con empresarios en la construcción y operación de hospitales. ¿Cómo se explica esta contradicción de la medicina pública?
El pasado octubre, el Presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que el IMSS no se privatizará. “Qué nadie pretenda confundir o engañar a la población: el carácter público de esta noble institución es y seguirá siendo inalterable”, dijo cuando dirigió la 106 Asamblea General Ordinaria del Seguro Social. No obstante, el Consejo Técnico del IMSS autorizó la firma de un contrato para la construcción y operación de cuatro nuevos hospitales bajo un esquema de Asociaciones Público Privadas (APP). El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) había recurrido en años anteriores al mismo esquema cuando se asoció con la constructora Tradeco para invertir en el hospital Carlos Guevara de la Ciudad de México.
¿Cómo se encuentra hoy el sistema de salud mexicano? ¿Por qué ronda el fantasma de la privatización como solución a su crisis? Los dos institutos operan teñidos de rojo. Hay 83 mil 37 camas para 112 millones de habitantes y tres médicos por cada dos mil ciudadanos, cuando la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es de entre dos o tres por cada mil. Para enfermedades degenerativas no hay medicamentos suficientes.
Es un paisaje que resultó de la decisión tomada por el Gobierno Federal en1982 de descentralizar los servicios médicos. Las entidades federativas se convirtieron en administradoras de los centros sanitarios en sus demarcaciones, y en los hechos, el dinero se quedó en el Gobierno Federal.
Después de que la Secretaría de la Función Pública lo exoneró de conflicto de interés por la llamada “casa blanca”, usted ofreció disculpas a quienes resultaron ofendidos por el episodio. Luego, cuando leyó su Tercer Informe de Gobierno, reconoció que Ayotzinapa, la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán y los escándalos inmobiliarios, lastimaron a los mexicanos. Muchos de sus homólogos en el mundo han pedido perdón por una diversidad de asuntos relacionados con la corrupción y los derechos humanos cuando han vivido crisis de credibilidad. Con ello han recuperado parte de lo perdido. ¿Qué resultados obtuvo usted después de ofrecer disculpas?
En la mañana del 21 de agosto de este año, el Secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez, informó que ni Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera o Luis Videgaray incurrieron en conflicto de interés al adquirir distintas propiedades en México, entre ellas la conocida como “Casa Blanca”. Durante su intervención, el Presidente dijo: “Estos acontecimientos dieron lugar a interpretaciones que lastimaron e incluso indignaron a muchos mexicanos, a todos ellos les ofrezco una sincera disculpa”.
En septiembre, cuando rindió el Tercer Informe de Gobierno, expresó: “El último año ha sido difícil para México. Nuestro país se vio profundamente lastimado por una serie de casos y sucesos lamentables. Los hechos ocurridos en Iguala o la fuga de un penal de alta seguridad nos recuerdan situaciones de violencia, crimen o debilidad del Estado de Derecho … Señalamientos de conflictos de interés que incluso involucraron al titular del Ejecutivo, así como denuncias de corrupción en los órdenes municipal, estatal y federal …”.
Del perdón de Estado se comenzó a hablar luego de la Segunda Guerra Mundial. En diciembre de 1979, el entonces Canciller de la República Federal Alemana, Willy Brandt, se arrodilló ante el monumento erigido en memoria del levantamiento judío en un gueto de Varsovia. En esa posición, pidió perdón por los crímenes cometidos por el gobierno nazi de Alemania.
En los años recientes, los ejemplos de quienes han recurrido a esta forma política se desgranan:
Mariano Rajoy, Presidente del Gobierno de España, pidió perdón por los escándalos de corrupción acumulados en el país. En esa misma nación, Juan Carlos, quien fuera monarca, dijo dos años antes: “Me equivoqué; pero no volverá a ocurrir”, cuando se descubrió que mientras millones de sus compatriotas sufrían la crisis económica, él mataba elefantes en Botsuana. El ex Presidente de Chile, Sebastián Piñera, lo hizo dos veces; una fue el 9 de agosto de 2013 por errores en la hechura del censo de población y otra, tres meses antes –el 21 de mayo– cuando rindió ante el Congreso la cuenta pública que equivale a un informe de Gobierno en México. La petición de perdón fue porque su gobierno no había estado al nivel de las expectativas, ni actuado de manera oportuna en algunos conflictos sociales. Juan Manuel Santos, Presidente de Colombia, se valió de ese concepto el 23 de enero de 2012 cuando solicitó un perdón para el régimen que él representaba por la matanza del Tigre, sepultada por el olvido del sistema y que él quiso traer al presente. (El 9 de enero de 1999, un grupo paramilitar, atribuido su mando a Carlos Castaño, incursionó en Putumayo y mató a unas tres mil personas. Se han encontrado 533 cuerpos en fosas).
El Presidente de México también pidió perdón; pero el resultado de ello no se vio reflejado en las encuestas de aceptación de su gestión.
Usted se proponía desaparecer la Secretaría de la Función Pública para crear en su lugar una comisión anticorrupción. Por eso estuvo acéfala hasta febrero, un caso extraño en un Gabinete. Los sucesos sobre la Casa Blanca obligaron a mantenerla y nombrarle Secretario. Una vez transcurrido el episodio, ¿qué va a hacer con esta dependencia?
Si se sigue al pie de la letra la Reforma a la Ley de la Administración Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, la SFP debe ser desmantelada una vez que esté lista la Comisión Nacional Anticorrupción. Pero por lo pronto, ni lo uno ni lo otro puede ocurrir. El Senado de la República aprobó la enmienda el 13 de diciembre de 2013 y ese mismo día, la minuta llegó a la Cámara de Diputados. Ahí está, sin trámite y en el cajón de pendientes.
Ante la imposibilidad de sacar adelante la Comisión Nacional Anticorrupción, fue creada por acuerdo la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, la cual fue adscrita a la Procuraduría General de la República. Se trata del órgano que le sirvió al Presidente para mencionar por única vez la palabra “corrupción” en su Segundo Informe de Gobierno.
Agobiado por el escándalo revelado por Aristegui Noticias, de que había comprado una mansión multimillonaria a Juan Armando Hinojosa, un contratista beneficiado por su Gobierno, el Presidente nombró a Virgilio Andrade como Secretario de la Función Pública en febrero de este año, cargo que hasta ese momento había permanecido acéfalo. Una vez que Andrade dio el veredicto de que el Primer Mandatario no había cometido conflicto de interés, el debate sobre la dependencia ha regresado al principio.
Esta casa editorial ha observado que el cumplimiento de sus compromisos está limitado por el ajuste al gasto público de 124.3 millones de pesos (mdp) con que reaccionó su Gobierno al complicado entorno internacional este año. Ha entregado usted apenas el 10.5 por ciento de lo firmado ante Notario Público durante su campaña. Faltan tres años. A este ritmo va a ser muy difícil cumplir a cabalidad. ¿Qué va a hacer al respecto, señor Presidente?
En los primeros 18 meses de gestión, el Jefe del Ejecutivo había entregado 4.5 por ciento y al completar dos años, había alcanzado el 4.8 por ciento de sus promesas. Para cumplir la totalidad de sus compromisos tendría que hacer válidas 44 promesas por año en promedio, una cifra que le quedó muy lejos en lo que va de la administración.
Hoy por hoy, el cumplimiento de las promesas está en riesgo por el ajuste al gasto público de 124.3 mdp que hizo el Gobierno Federal porque una de las dependencias más afectadas por los recortes es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a cargo de Gerardo Ruiz Esparza, en la que justo se concentra el mayor número de los compromisos: 154 de 266.
La carrera hacia 2018 ya arrancó y algunos Secretarios de Estado aparentan estar en competencia. ¿Los cambios en su Gabinete de este año se debieron a la carrera rumbo a Los Pinos?
Apenas consumadas las elecciones del 7 de junio pasado, la carrera de los aspirantes hacia la Presidencia de la República para 2018 se inició sin disimulos. En agosto, el Presidente hizo cambios en su Gabinete, una decisión que fue leída como una reestructura necesaria para ganar confianza, pero también en una jugada de ajedrez. A partir de entonces, Aurelio Nuño Mayer, antes jefe de asesores en la Oficina de la Presidencia y ahora Secretario de Educación Pública, ha tenido una constante aparición mediática; sobre todo en el conflicto con la sección 9 de Oaxaca de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que se resiste a la evaluación, mandato de la Reforma Educativa. Mientras, los observadores no quitan de su mira a Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación; Luis Videgaray Caso, Secretario de Hacienda y José Antonio Meade Kuribeña, Secretario de Desarrollo Social (antes en Relaciones Exteriores).
Tres años después hay dos millones de mexicanos sumados a la pobreza, lo que indica que la Cruzada Nacional contra el Hambre y el Programa Prospera no han sido efectivos. ¿Estima usted evaluarlos para modificarlos?
En julio de este año, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo (Coneval) reveló que el número de pobres había crecido en dos millones de personas en los últimos dos años. El estudio cifró en 55.3 millones a los mexicanos con pocos recursos, cuando en 2012 –cuando EPN tomó posesión– eran 53.3.
Desde que el Primer Mandatario anunció en 2013, la Cruzada Nacional contra el Hambre, expertos en pobreza advirtieron un peligro: la aplicación del programa podía incrementar el número de pobres dada su focalización en el sector de la pobreza extrema y la exclusión de quienes ostentan el grado de pobreza moderada.
Antes de que el Coneval admitiera el aumento de la pobreza, Julio Boltvinik –uno de los más influyentes investigadores del tema, en el Colegio de México–, calculó que se habían añadido 3.6 millones a ese deplorable universo de 2012 a 2014. En promedio, 105 mil cada mes. El investigador llegó a esa estimación basado en el Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP) del mismo Coneval, que se basa en la evolución de los ingresos por trabajo captados por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), comparados con el costo de los alimentos crudos.
En la pasada celebración del Grito de Independencia usted suspendió la cena en El Palacio Nacional por razones de austeridad. Pero, Señor Presidente, cuando se intenta hacer la crónica de la vida pública de su familia, el dispendio es un elemento que no puede pasarse por alto. Incluso, la compra del avión presidencial TP01 de casi siete mil millones de pesos fue visto desde este análisis. ¿Por qué no ha logrado dar la imagen de que gobierna con austeridad?
Envueltos de opacidad, los gastos de la familia del Presidente han ocasionado enojo entre los gobernados. En noviembre de 2014, se supo que Angélica Rivera, su esposa, había comprado una residencia con valor de 86 millones de pesos en la exclusiva colonia de Las Lomas de Chapultepec, la llamada “casa blanca”. Pero no se trata de una ostentosa adquisición única que haya quedado como elemento aislado en la vida de los inquilinos de la casona de Constituyentes. Angélica Rivera, presidenta honoraria del Sistema Desarrollo Integral para la Familia (DIF), ha mostrado en estos tres años, un estilo de vida caro ante los ojos de su propio país y el mundo. Al tiempo, es la hora en que no presenta su plan de trabajo en el DIF, como sí lo hicieron en el pasado sus antecesoras.
En abril, imágenes de ella en un recorrido en un centro comercial de Beverly Hills de Los Ángeles, California, fueron dadas a conocer por la cadena Telemundo, asentada en Miami. Antes de la transmisión del video, el conductor del programa de Espectáculos “Suelta la Sopa”, Jorge Bernal, externó: “A pesar de las críticas que ha recibido el Presidente Enrique Peña Nieto y su esposa, Angélica Rivera, ellos aparentemente continúan cometiendo los mismos errores sin importarles la crisis en la que se encuentra su país, México, y tampoco el qué dirán. Fíjense que tenemos imágenes exclusivas de ‘La Gaviota’ derrochando dinero en una de las boutiques más prestigiosas y en la zona más cara de Los Ángeles, y la pregunta es: ¿De dónde salió ese dinero para pagar sus lujos? ¿De su cuenta personal o del bolsillo de los mexicanos?”
Habían transcurrido apenas días de que la revista Hola le dedicara a Rivera Hurtado 21 páginas de su viaje a Inglaterra en el que acompañó a su esposo en una visita de Estado. El artículo llevó como título “El esplendor de la Corte Británica al servicio de sus invitados, Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera” y relató la forma en que vistió la Primera Dama de México. La calificó de “estilosa”.
Este es el contexto en el que la Presidencia de la República adquirió un avión Boeing 787 Dreamliner que le permitirá realizar viajes transatlánticos sin necesidad de hacer escalas. En respuesta a una solicitud de información en el Infomex del INAI, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio a conocer que el costo de la aeronave será de 125 millones 45 mil 800 dólares. Pero esa cifra no coincide con la registrada por la Secretaría de Hacienda en la cartera de programas y proyectos de inversión que es de seis mil 769 millones 996 mil 888 pesos.
¿Cómo piensa usted resolver la crisis de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa? ¿Y la tragedia de Tlatlaya? ¿Y lo sucedido en Tanhuato? No hay observador político dentro y fuera del país que no vea en estos tristes eventos el descarrilamiento de su Gobierno.
Pese a que se trata de las tragedias que desequilibraron su Gobierno, el Presidente no ha mostrado interés político en responder las preguntas que cimbran el territorio nacional: ¿Participó el Ejército en Tlatlaya? ¿Quién se llevó a los 43 la maldita noche del 26 de septiembre? ¿Se les dio tiro de gracia a los 43 muertos en Tanhuato? Sus acciones y palabras (o la ausencia de ellas) lo dibujan como un Mandatario lejano de los problemas que más lo han afectado en su ejercicio del poder y que están relacionados con la violación de los derechos humanos.
En Tlatlaya, militares ejecutaron a civiles (niños entre ellos) y es la hora en que no se sabe si formaban de una estructura delictiva y recibieron tiro de gracia.
En Tanhuato, 43 jóvenes presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación murieron por impacto de bala, pero el Gobierno informó que las bajas ocurrieron en un enfrentamiento.
Cuando apenas había transcurrido un mes de la tragedia de Ayotzinapa, el 6 de octubre de 2014, el Presidente llamó con un tono de lejanía “afectados” a los 43 jóvenes que se preparaban para maestros rurales. Ocho días después volvió a usar ese tono cuando dijo que el asunto lo resolvería la PGR. En esa tonalidad se mantuvo el 29 de octubre al recibir en Los Pinos a los padres de los normalistas. Luego, se fue a una gira por China y Australia. Del tono del regaño se valió cuando regresó del viaje y dijo que no permitiría que le reclamaran justicia a través de la violencia y que otros “desestabilizaran” su proyecto de Nación.
La parquedad, el Presidente la tuvo el 27 de noviembre, cuando anunció un plan de 10 puntos para cimentar el Estado de Derecho. Después, en diciembre, se expresó como si quisiera borrar a golpe de palabra una pesadilla que aún no termina: “Quiero convocarles para que con su capacidad, con su compromiso con su estado, con su comunidad, con sus propias familias, hagamos realmente un esfuerzo colectivo para que vayamos hacia adelante y podamos realmente superar este momento de dolor”.
En dos ocasiones, ha recibido a los padres de los estudiantes en Los Pinos. La primera en octubre de 2014 y la segunda en septiembre de 2015. En ninguna, los hombres y mujeres en duelo han obtenido alguna esperanza.
Y cuando el pasado 26 de septiembre, se cumplió un año de la rotunda tragedia que reunió deudos, tanto de Tlatlaya como de Tanhuato, el Primer Mandatario se fue a Nueva York para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno para la Adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
En noviembre de 2014, usted presentó un decálogo para reasumir el Estado de Derecho después de los hechos de Iguala. Pero en 2015 usted no volvió a hablar de seguridad ni de violencia, problemas que más preocupan a los mexicanos, según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), ¿por qué Presidente?
Un análisis del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Imdhd) sobre el decálogo de Peña Nieto presentado en noviembre de 2014, expone: “Luego de un año lo que encontramos es que prácticamente no ha cambiado nada y que la crisis de derechos humanos está instalada en el país. Ese decálogo fue un discurso para transitar el momento, pero, así como se anunció se dejó atrás.
Como ocurre con los 266 compromisos firmados ante Notario Público en campaña, los lineamientos del plan para reasumir el Estado de Derecho han sido cumplidos mínimamente: sólo ha sido llevado a cabo el punto seis, referente a un operativo en la región de Tierra Caliente. Dos medidas más fueron cumplidas de manera parcial. La cuarta que consistía en que hubiera un solo número nacional para llamadas de emergencia. Hasta ahora, sólo se cuenta con el visto bueno del Instituto Federal de Telecomunicaciones. La otra fue la octava medida que consistía en crear leyes en contra de la tortura y desaparición forzada. El pasado 28 de octubre, un grupo interdisciplinario de la Procuraduría General de la República se reunió con integrantes del Senado para definir el contenido de la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura.
Los muertos se acumulan, Señor Presidente. Conteos oficiales y no oficiales exponen que hay más homicidios que en el mismo periodo de su antecesor, Felipe Calderón Hinojosa. No obstante, usted insiste en que los homicidios dolosos han disminuido. ¿Qué ocurre realmente respecto al asesinato en México?
El Secretariado Ejecutivo reportó 33 mil 347 averiguaciones previas por homicidio doloso entre el 1 de diciembre de 2006 al 31 de julio de 2009. La misma institución registró 47 mil 988 averiguaciones previas y víctimas por homicidio doloso del 1 de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2015. Es decir, en el mismo momento político, Peña superó a Calderón con 14 mil 641 asesinatos, según las estadísticas del propio Gobierno.
Respecto al conteo, el semanario Zeta revela que son más muertos los de EPN porque algunos Gobiernos locales no han reportado por completo sus números. Por ejemplo, el Gobierno de Veracruz de Javier Duarte Ochoa no ha informado por lo menos 403 asesinatos.
Señor Enrique Peña Nieto, si la perspectiva de género es una de las tres estrategias transversales de su Gobierno y “México en paz” un apartado en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿por qué usted no ha informado sobre acciones en contra de la violencia hacia las mujeres? Presidente, un cálculo conservador indica que cinco mujeres mueren cada día de manera brutal y en manos de uno o varios hombres en México.
Han transcurrido tres informes de Gobierno y el Presidente Enrique Peña Nieto no ha mencionado una sola palabra sobre los asesinatos de mujeres en el territorio mexicano. “México en paz” ha sido un apartado de todos los documentos oficiales. Proviene del Plan Nacional de Desarrollo, el documento rector de los Presidentes de México con los que marcan su impronta. Significa que el Gobierno está ocupado en recuperar la tranquilidad para vivir en una sociedad de derechos; pero no hay ni una palabra para la atención, sanción y erradicación del feminicidio (tipificado así sólo en algunas entidades). Este año, se declaró la Alerta de Violencia de Género para 11 municipios del Estado de México, la entidad donde nació Peña Nieto, así como en ocho de Morelos.
México se ha convertido en un mapa peligroso para ser mujer. Tres mil 892 han sido brutalmente asesinadas durante 2012 y 2013; es decir, más de cinco al día, de acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio, asociación integrada por 49 organizaciones de Derechos Humanos.
Dos funcionarios del Gabinete ampliado han pasado a las primeras planas de los periódicos debido a sus malas conductas. Uno es Arturo Escobar, ex dirigente del Partido Verde y ex subsecretario de Prevención del Delito en la Secretaría de Gobernación (Segob). El otro es Alfredo Castillo Cervantes, quien de Comisionado de Seguridad en Michoacán, se fue a dirigir la Comisión Nacional del Deporte (Conade). ¿Por qué no ha pedido usted controles de confianza en los nombramientos de su equipo?
Cuando el pasado septiembre, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, nombró a Arturo Escobar como subsecretario de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la Segob, varias asociaciones civiles impugnaron el puesto y trajeron a colación su currículum. Se trataba del ex Senador del PVEM que en 2009 fue detenido en el Aeropuerto de Chiapas con una maleta Luis Vuitton en la que llevaba un millón 100 mil pesos en efectivo. El mismo que apoyó y promovió la pena de muerte para los secuestradores que hubieran asesinado a sus víctimas. El mismo ser que durante los comicios del pasado 7 de junio, cuando era vocero de ese instituto político, violó la Ley Electoral. El partido de Escobar fue multado por desacato de retirar anuncios en las salas de cine de Cinemex y Cinépolis, entregar paquetes escolares con materiales no reciclables, vales para lentes, tarjetas Premia de descuento, papel para tortillas, calendarios dañinos para el medio ambiente y vales de medicina del Gobierno. Y aunque todo ello era conocido, Arturo Escobar permaneció en el cargo en la Segob hasta que el pasado 25 de noviembre, anunció su renuncia. Momentos antes, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) dio a conocer que pediría una orden de aprehensión en su contra por delitos electorales.
El otro currículum controvertido es el de Alfredo Castillo Cervantes quien ha ido de un puesto a otro en los tres años de Gobierno de Enrique Peña Nieto. Tanto, que es motejado como “apagafuegos”. Una de sus características reconocida por ex colaboradores es desmantelar las estructuras de cualquier dependencia a la que llega. Fue subprocurador regional de Cuautitlán Izcalli, y en mayo de 2010, el entonces Gobernador Enrique Peña Nieto lo designó como titular de la Procuraduría del Edomex cuando Alberto Bazbaz renunció por el escandaloso caso de la desaparición y muerte de la niña Paulette. Fue designado como Procurador Federal del Consumidor cuando Humberto Benítez dejó el organismo debido a un escándalo suscitado cuando su hija ordenó que observadores de la Profeco acudieran a un restaurante en la Roma donde no le daban sitio. Luego, fue titular de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, donde se le acusa de meter en prisión al doctor José Manuel Mireles con cargos fabricados. No hay instancia en la que no haya dejado un halo de conflicto. En estos momentos, el Comité Olímpico Internacional (COI) mantiene la advertencia de que México podría ser suspendido de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 si la Conade, bajo su dirección, no pone fin a su injerencia sobre las federaciones y los comités deportivos nacionales. Al tiempo de este conflicto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos reveló que hubo ejecuciones extrajudiciales en Apatzingán, Michoacán, cuando él era comisionado para la paz.
¿Presentará de nuevo su declaración patrimonial? La pregunta es porque la ha modificado tres veces, pero el documento aún conserva algunas inconsistencias lo que a expertos de la Transparencia les parece una contradicción dado que México comparte con Indonesia la presidencia de la Alianza para los Gobiernos Abiertos.
El ocultamiento de datos ganó una vez más en México. Tras una larga batalla de organizaciones no gubernamentales, la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública promulgada en mayo de este año por el Presidente, no incluyó la obligatoriedad de la declaración patrimonial, el documento que ayudaría a conocer qué tienen los funcionarios mexicanos y por qué.
Es justo la inconsistencia en sus declaraciones patrimoniales lo que mantiene en jaque a varios políticos mexicanos, desde el Primer Mandatario, Enrique Peña Nieto; el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso; el ex Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón hasta Arturo Escobar quien fuera subsecretario de Gobernación y ahora enfrenta una averiguación de la Fepade. A cada uno de ellos se les han descubierto propiedades no declaradas, lo que les representa un escándalo.
La primera fase de la Ronda Uno salió mal si se toma en cuenta el desinterés tan marcado de los inversionistas. ¿Cuál fue el error, Señor Presidente? Si hay un diagnóstico, ¿será dado a conocer?
La aplicación de la Reforma Energética, avalada por el Congreso de la Unión en 2013, comenzó en julio de 2015 con el inicio de las rondas de licitación de campos susceptibles a la explotación y que requieren una infraestructura y logística. Pero no hubo ofertas y 12 de los 14 bloques petroleros que se licitaron se declararon desiertos. Sólo el consorcio encabezado por Sierra Oil & Gas ganó los bloques 2 y 7. Pese a que Pedro Joaquín Coldwell, Secretario de Energía, dijo que durante la Ronda Uno habría un porcentaje de adjudicación de entre el 40 y 50 por ciento sólo el 14.28 por ciento de los bloques petroleros fueron adjudicados a un solo consorcio.
Y la política para el campo, ¿cuándo la va a presentar, Señor Presidente?
En su toma de protesta, el Presidente Peña Nieto dijo: “Vamos a generar mecanismos de mayor interlocución para escuchar a la gente que está en el campo, para recoger su experiencia y traducirlo en una política pública que permita cambiar la realidad social y económica del campo en el país”.
Después, en noviembre de 2013, el primer mandatario externó que su política modificaría el rostro del agro mexicano al presentar el programa “Un nuevo campo para México”. Pero ese plan depende en su totalidad de la Reforma Financiera. Al concluir la primera mitad del sexenio, no hay una política definida y exclusiva para el campo donde hay más de siete millones de trabajadores mexicanos. El ámbito que antes significó el arranque de cualquier gobierno priista, para Peña Nieto no representa una cuestión merezca planes gubernamentales dirigidos.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), rectora del agro mexicano, cambió de titular en agosto. A Enrique Martínez y Martínez lo sustituyó José Eduardo Calzada Rovirosa.
En la Economía, los pasados tres años pueden resumirse en bajo nivel de crecimiento, dólar caro y la caída del precio del petróleo. ¿Tiene su Gobierno pensado un plan de contingencia más allá del recorte financiero del presupuesto?
Los reportes sólo traen malas noticias. Por séptimo mes consecutivo, en agosto pasado, los analistas privados del Banco de México (Banxico) bajaron el pronóstico de crecimiento de 2.60 a 2.55. A este cálculo, se sumó el realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que modificó sus expectativas del Producto Interno Bruto (PIB) de un 3 por ciento a un 2.4.
En julio, el peso alcanzó los 16.77 pesos por unidad en los bancos del Distrito Federal. Al cierre de este texto se encontraba en 17.9 a la venta. A la hora de las explicaciones, algunos analistas para Financial Times dijeron que los ciudadanos están sacando sus depósitos en pesos para convertirlos en dólares, un acto que puede ser consecuencia de la falta de confianza en la economía mexicana.
El FMI ha dicho que el crecimiento de la economía nacional podría llegar al 4 por ciento cuando se vean los frutos de las reformas emprendidas por el Gobierno bajo el amparo del Pacto por México. Pero la Reforma Energética se enfrenta a nuevos retos por la volatilidad del precio del petróleo. En el Gobierno de Enrique Peña Nieto la mezcla cayó a su precio más bajo en los últimos cuatro años y llegó a 75 dólares.
Su Gobierno mantiene reservados 15 millones 216 mil 834 expedientes ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI). Es el mayor número desde la creación del instituto en 2001. ¿Cómo puede México presentar ante el mundo una política de Gobierno Abierto con este nivel de reserva?
El INAI, jamás en su historia de 14 años, había tenido en su entraña un cúmulo tan grande de negativas para brindar información. En tres años, el Gobierno de Enrique Peña Nieto ha hecho crecer el número de expedientes clasificados con respecto a la administración anterior del panista Felipe Calderón Hinojosa. Si hasta diciembre de 2012 había ocho millones de expedientes en ese catálogo, al día de hoy están ahí 15 millones 216 mil 834, según consta en el Índice de Expedientes Reservados [http://indices.ifai.org.mx/wb2/IFAI/Expedientes_Registrados].
Hasta ahora, no hay entidad de la administración pública que no haya decidido ponerle un lazo a su información. La que más lo ha hecho es la Procuraduría General de la República (PGR) con un millón 695 mil 921 expedientes. Luego, se encuentra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con un millón 341 mil 784. El tercer lugar de este índice lo tiene la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) con 967 mil 838.
¿Qué le interesa a usted del futuro? ¿Cómo le gustaría que lo evaluara la Historia?
El Presidente Enrique Peña Nieto arranca la segunda mitad de su Gobierno. La imagen del Mandatario reformista no cuadra dada las tragedias de Tlatlaya, Ayotzinapa y Tanhuato. Los analistas ven que, para recuperar credibilidad, hace falta liderazgo en el conflicto social, más que en el Congreso.
