Un estudio realizado por el GIRE basado en solicitudes de transparencia señala que es en los estados donde más se dan este tipo de casos.
Ciudad de México, 16 de noviembre (SinEmbargo).- La violencia obstétrica en México ha mostrado un incremento en los últimos años ante la falta de acceso a los servicios de salud o por desconfianza de mujeres que viven principalmente en zonas rurales o indígenas, concluye un informe del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
“Si en México siete de cada diez mujeres mayores de 15 años han tenido al menos un hijo vivo, significa que casi 72 por ciento de la población femenina con vida reproductiva ha requerido atención médica durante el embarazo, parto y puerperio, y por ese solo hecho ha estado expuesta a sufrir un evento de violencia obstétrica“, menciona el informa.
Destaca que entre enero del 2014 y julio de 2015, 266 mujeres que fueron víctimas de este tipo de violencia interpusieron quejas ante las secretarías de salud de sus estados, sin embargo, no existe la atención y seguimiento de los casos. El 48 por ciento de estas mujeres viven en el estado de Guerrero.
Las comisiones estatales de derechos humanos también han recibido quejas en este sentido, encabezadas por el Estado de México (48), Oaxaca (20), Durango (14), Puebla (10), Sinaloa (10), según el documento “Violencia obstétrica. Un enfoque de derechos humanos”.
La violencia obstétrica es aquella que se genera durante la atención del embarazo, parto y posparto en servicios de salud tanto públicos como privados y consiste en cualquier acción u omisión, por parte del personal de salud que provoque algún tipo de daño físico y/o psicológico en las pacientes. También se refleja en la falta de acceso a servicios de salud reproductiva, un trato cruel, inhumano o degradante hacia la mujer.
Un ejemplo de este tipo de violencia son los distintos casos de mujeres indígenas embarazadas a las que se les ha negado una atención apropiada por parte de personal de salud.
Para elaborar el estudio, investigadores del GIRE realizaron una serie de solicitudes de información sobre las denuncias en diferentes entidades, y ante distintas instancias, y encontraron que en las secretarías de salud, hubo 266 reportes: 130 ocurrieron en Guerrero, 54 en Morelos, 18 en el Distrito Federal, 14 en el Estado de México y también 14 en Veracruz.
En Campeche, Colima, Michoacán, Nayarit, Puebla, Quintana Roo y Zacatecas no se registraron casos.
LAS QUEJAS Y LOS DERECHOS HUMANOS
Según la información obtenida por los investigadores, durante el periodo de análisis, en el país se registraron 132 quejas por violencia obstétrica en las comisiones estatales de derechos humanos; de ellas, 48 ocurrieron en el Estado de México, 20 en Oaxaca, 14 en Durango, 10 en Puebla e igual número en Sinaloa. Sin embargo, sólo se emitieron 14 recomendaciones.
Las comisiones de Arbitraje Médico de los estados también recibieron 118 quejas en 18 meses , siendo San Luis Potosí la entidad con el mayor número, al registrar 18.
Señala que cuando una mujer embarazada es víctima de violencia obstétrica, uno o varios de sus derechos humanos son vulnerados, entre ellos, el derecho al acceso de servicios de salud de calidad.
También le niega el derecho a la integridad personal, que implica la prohibición de la tortura y de penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. “Existen conductas en los entornos de atención a la salud que más allá de constituir violaciones al derecho a la salud, pueden encuadrar en casos de tortura y malos tratos, como lo ha expuesto el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, ‘…si bien en un principio la prohibición de la tortura puede haberse aplicado sobre todo en contextos como el interrogatorio, castigo o intimidación de los detenidos, la comunidad internacional ha empezado a ser consciente de que la tortura también puede darse en otros contextos”, señala el documento.
Reclama que ante esta situación, el Estado ha dado soluciones de “baja calidad”, por lo que persisten los problemas de infraestructura y equipamiento que por años han afectado la prestación de servicios de salud en las instituciones del sector público. “Por ello, a pesar de esfuerzos como el Seguro Popular —esquema pensado para personas que no tienen un trabajo formal— y los acelerados ritmos en la afiliación a éste, el derecho a la salud de muchas personas en México sigue siendo una mera ficción”.
Destaca que en México, la participación pública en el financiamiento del cuidado de la salud es una de las más bajas entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y aproximadamente la mitad del gasto total en salud es pagado directamente por el usuario. De igual manera, el número de médicos per cápita en el país (2.2 por cada mil habitantes), de personal de enfermería (2.6 por cada mil habitantes) y de camas de hospital (1.6 por cada mil habitantes) se encuentran por debajo del promedio de países de la OCDE de 3.2, 8.8 y 4.8, respectivamente.
Recuerda que el pasado 15 de octubre, el Senado de la República aprobó por unanimidad 41 adiciones tanto a la Ley General de Salud como a la Ley del Seguro Social y a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia de obligatoriedad en la atención de urgencias obstétricas.
