El Edomex se ha convertido en una entidad dominada por el crimen, la corrupción, la pobreza, la opacidad, los feminicidios y ahora por ataques como el de ayer.
Por Shaila Rosagel, Juliana Fregoso y David Martínez
Ciudad de México, 1 de noviembre (SinEmbargo).- Las cuatro explosiones, provocadas ayer por bombas reguladas por relojes, en la Línea 2 del Mexibús en Ecatepec, son sólo la punta de un gigantesco iceberg donde coinciden la violencia, corrupción, inseguridad, impunidad y pobreza que cada día viven los habitantes del Estado de México, coinciden análisis, activistas y legisladores.
Destacan que en los últimos años el Edomex se ha convertido en una entidad dominada por el crimen, la corrupción, la pobreza, la opacidad, los feminicidios y ahora por ataques como el de ayer.
“Todo lo que golpea al Estado de México un coctel explosivo; es una mezcla terroríficamente compuesta por estos elementos, es una mezcla aberrante que se vive en la cotidianeidad mexiquense”, aseguró José Antonio Lara Duque, coordinador general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.
Hace tres meses, el Centro de Investigación para el Desarrollo AC (CIDAC) presentó un análisis en el que resaltaba que la entidad gobernada por el priista, Eruviel Ávila Villegas, tenía prendidos varios focos rojos, como el hecho de ser el último lugar en la disponibilidad de médicos por cada mil habitantes, el número 26 en gasto per cápita en salud y el primero en incidencias delictivas por cada 100 mil habitantes, entre otros.
El análisis expone que el Edomex es el número 29 en la implementación del nuevo sistema de justicia acusatorio y el segundo con el mayor número de población penitenciaria [18 mil 056 personas]. También ocupa el segundo lugar a nivel nacional en materia de actos de corrupción.
A pesar de que es la segunda entidad que aporta más al Producto Interno (PIB) Bruto nacional, con el 9.4 por ciento, el 49.6 por ciento de su población vive en pobreza y el 7.2 por ciento en pobreza extrema.
“Nos llama mucho la atención que dado esto tendría que estar reportando unos niveles más altos en calidad de vida, debería ser uno de los más grandes en crecimiento del país”, dijo en su momento a SinEmbargo Lorena Becerra Mizuno, investigadora del CIDAC y una de las autoras del análisis.
Sin embargo, 8 millones 269 mil 900 de sus habitantes viven en condición de pobreza, de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
El 58.9 por ciento de la población, es decir 9 millones 823 mil 900 personas tiene un ingreso inferior al de la línea de bienestar, es decir, que no pueden comprar una canasta básica ni cuenta con los elementos suficientes para llevar una vida digna.
“Corrupción, impunidad, violación de derechos humanos… evidentemente son elementos que se conjugan en una población que acusa a un alto índice de pobreza y marginación y eso es dinamita pura para los conflictos sociales”, alertó el activista.
El documento del CIDAC alerta que uno de cada dos mexiquenses es pobre, mientras que tres de cada diez sufren algún tipo de vulnerabilidad, ya sea por ingreso o por carencia social. A nivel nacional, cuatro de cada diez mexicanos son pobres y tres de cada diez son vulnerables.
EL CAOS MEXIQUENSE
Lara Duque expresó que en esta entidad, los ciudadanos ya empiezan a organizarse para resolver “de manera pacífica” todas las carencias y delitos que los aquejan, ante la falta de una acción contundente del gobierno estatal para hacerlo.
“En el Estado de México lo urbano y lo rural son un caos, a pesar de ello, hay una vocación cívica por transformar las cosas por la vía pacífica, pero es el gobierno estatal el que no genera canales efectivos para una solución. Estamos en tiempo de hacer la apuesta, de transformaciones civiles y pacíficas porque si esto no sucede, sería muy grave”, añadió.
Alertó que la situación es más grave en los municipios metropolitanos del oriente norte y poniente porque esas zonas recibieron el desplazamiento de la mancha urbana que cada día necesita más servicios y seguridad.
Por su parte, el Senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) por el Estado de México, Luis Sánchez Jiménez, particularizó en el municipio de Ecatepec –donde se registró la explosión en el Mexibús.
“En Ecatepec la Policía Municipal, la Policía Estatal, van en contra de sus propios habitantes eso lo vemos todos los días, todos los días se sabe de la corrupción de los cuerpos policíacos, entonces imaginamos que los delincuentes están en un paraíso, ese es el problema de Ecatepec”, expresó e hizo un llamado a investigar las explosiones en las unidades.
Insistió en que Ecatepec es en este momento “un municipio sin ley”, por lo que las explosiones en el medio de transporte son un acto delincuencial que debe ser investigado, antes de que este tipo de acciones alcancen a los ciudadanos.
LA SOSPECHA DE ATENTADO
Tras las explosiones, la Línea 2 del Mexibús, que corre de La Quebrada, en Cuautitlán Izcalli, a Las Américas, en Ecatepec, publicó ayer un tuit en el que advertía: “Alerta por posible atentado en autobuses, permanecerán cerradas estaciones hasta nuevo aviso, disculpen las molestias”.
Sin embargo, en la explicación oficial, emitida a través de un boletín de prensa, no se dieron muchas especificaciones sobre el tipo de objetos que explotaron. Únicamente se señaló que se había tratado de ocho “aparatos caseros” de los cuáles explotaron sólo cuatro. En fotografías se puede apreciar que algunos de los paquetes incluían relojes.
“Tras sofocar las llamas de las cuatro unidades, se procedió a verificar el resto de los vehículos, en los que se detectaron cuatro artefactos caseros más, lo cuales no se activaron”, explicó Ricardo Campos, director de Transporte Masivo de la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de México.
Posteriormente, la Procuraduría General de la República (PGR) emitió un comunicado en el que anunció la apertura del Acta Circunstanciada 51PP/2015 por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Ninguna de las dos instancias dio más detalles sobre las explosiones.
David Mancera Figueroa, presidente de Solidaridad por las Familias, una organización civil del Estado de México, dijo que el ataque ocurrido en el Mexibús se debe a la lucha entre transportistas y Gobierno del Estado por la ruta.
La concesión del Mexibús, explicó, se entregó a distintos grupos, pero afectó a otros grupos de transportistas que operaban en la ruta.
“Son concesiones que se entregaron a grupos de transportistas que cobran doble pasaje, porque hay que pagar un pesero al Mexibús y de ahí a Las Américas. Esto está sucediendo por la incompetencia del Secretario de Movilidad Isidro Pastor Medrano, que no ha sabido poner orden”, dijo.
Mancera Figueroa explicó que desde hace algunos meses la violencia entre los transportistas se desató en Ecatepec, por lo que constantemente aparecen taxistas ejecutados.
“Esperemos que la violencia no alcance a la sociedad. Le exigimos al Gobernador Eruviel Ávila brinde la seguridad necesaria a los usuarios de Mexibús. Que haga efectivo el viajero simulado del que había hablado hace unos meses y que se coloquen cámaras al interior del Mexibús para ver qué nos está ocurriendo”, indicó.
No obstante, Lara Duque estimó que la violencia en el Edomex alcanzó a la sociedad desde hace muchos años, lo que se evidencia en un muestreo realizado por el centro que encabeza en el que se destacan agresiones a 150 defensores de los derechos humanos durante la administración del Gobernador Ávila Villegas –hace 3 años, con un nivel de impunidad del 95 por ciento.
“El gobierno ha estado controlado desde la Revolución por el Grupo Atlacomulco. No se puede negar que existe un grupo de poder, y uno de los principios fundamentales es un ejercicio autoritario del poder, lo que implica que las voces disidentes sean perseguidas y cooptadas y eso lo tienen perfectamente practicado”, concluyó Lara Duque.
FOCOS ROJOS QUE NO BRILLAN
En los últimos meses se publicaron una serie de noticias que reforzaron el hecho de que en el Estado de México existen varios focos rojos, tres de ellos fueron: las grabaciones que mostraban actos de corrupción por parte de altos funcionarios del gobierno local para favorecer a la empresa española OHL [Obrascon Huarte Lain]; la segunda, las sanciones por parte del Instituto Nacional Electoral [INE] al Gobernador por hacer promoción en tiempos electorales, y la tercera es el hecho de que sea uno de los 10 estados del país donde creció más la pobreza.
También está el tema de los feminicidios: el 31 de julio, la Secretaría de Gobernación (Segob) emitió por primera vez en la historia la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para 11 municipios del Estado de México tras los altos índices de violencia que registra la entidad en contra del sexo femenino.
La declaratoria se emitió para los municipios de Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco Solidaridad, Cuautitlán Izcalli y Chalco del Estado de México.
De acuerdo con el análisis del CIDAC, la impunidad de este delito en el Edomex es alarmante ya que uno de cada diez feminicidios reportados entre 2005 y 2010 no derivó en imputación alguna; para el periodo 2011 y 2014, la cifra aumentó a cuatro de cada diez.
La medida fue necesaria toda vez que entre 2011 y 2013 se registraran 840 femicidios y tan sólo entre 2011 y 2012 se reportaran mil 258 mujeres desaparecidas, el análisis compara que entre 1993 y 2014 en Ciudad Juárez, Chihuahua, ciudad emblemático en el tema del feminicidio en México se cometieron al menos mil 530 asesinatos de mujeres, mientras que en el Estado de México entre 2006 y 2013, sólo siete años, se registraron 2 mil 837 casos, lo que representa casi el doble.
“Sin embargo, el problema de inseguridad en el Estado de México no se restringe a este tipo de delitos, la incidencia delictiva es la más alta del país y aumentó de 2012 a 2013 en 64 por ciento”, destaca el análisis del CIDAC. Nueve de cada diez habitantes fueron víctimas de al menos un delito en el año 2013.
La cifra de ilícitos no denunciados, detalla el análisis, es la segunda más elevada en el país y asciende a 96 por ciento. “Este número de delitos no reportado se explica en gran parte por la desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones y autoridades. La suma de los elementos mencionados, nos indica que la problemática de inseguridad en la entidad no es un fenómeno reciente sino más bien un problema permanente que ha sido ignorado por mucho tiempo”.
