Mulino, quien dio este lunes declaraciones por tercer día consecutivo ante la Fiscalía Tercera Anticorrupción, permanecerá detenido en la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en la ciudad de Panamá, confirmó la fuente.

Según medios locales, a su llegada a la sede del Ministerio Público (MP-Fiscalía) esta mañana, Mulino criticó las acusaciones en su contra y defendió su inocencia.

"Para los actuales ministros y futuros se sienta un precedente funesto, un ministro que firma un contrato, aprobado por el Gabinete de la época y refrendado por el Contraloría, sea responsable de los resultados del mismo", cuestionó el exministro de la Administración de Ricardo Martinelli (2009-2014), de acuerdo con el canal TVN.

Panamá e Italia suscribieron en 2010 un acuerdo de seguridad que permitió la compra de 19 radares a Selex, seis helicópteros a la empresa Augusta, ambas filiales de Finmeccanica, y un mapa digital a Telespazio Argentina, por 250 millones de dólares en total.

Según la Fiscalía de Italia, exfuncionarios del Gobierno de Martinelli y exdirectivos de Finmeccanica, uno de los conglomerados más importantes del país alpino, de capital público privado, acordaron el pago de unos 25 millones de dólares en "coimas" a cambio de la adjudicación de los contratos.

"Yo firmé los contratos, yo no me retracto de lo que he hecho", reconoció Mulino a periodistas el pasado 22 de octubre antes de presentarse en la indagatoria de la Fiscalía.

La Fiscalía panameña le imputó el día antes el delito de peculado (malversación de fondos públicos), y también por el mismo caso al exdirector del Centro Nacional de Seguridad Alejandro Garúz, acusado además por la práctica de escuchas ilegales en el gobierno de Martinelli.

Al finalizar la indagatoria de este lunes, el hijo del ex Ministro, de igual nombre, leyó por su padre un comunicado a las puertas del organismo fiscal, en el cual destacó los logros y satisfacciones de su gestión y calificó la medida cautelar como una acción política y una venganza.

"No se puede acusar de peculado a quien lo único que ha hecho ha sido cumplir con directrices de Estado, emanadas de un Consejo de Gabinete donde fueron presentados los contratos en mención, y del que hacía parte como Canciller, el actual presidente de la República. Fue Juan Carlos Varela quien lideró la iniciativa", se defendió Mulino en una declaración pública.

"No se trata de justicia Señor Presidente, es su venganza personal, que señala errores y faltas, pero que ignora toda la obra realizada en el quinquenio pasado", concluyó el exministro.

Horas antes del dictamen de la medida, seguidores del gobierno de Martinelli se manifestaron frente a esa sede de la fiscalía para exigir justicia y el cese de "persecuciones", como consideran a los expedientes abiertos en la gestión de Varela por presunta corrupción en la anterior administración.

Martinelli, quien vive en Miami según sus abogados, publicó en su cuenta de Twitter una foto de la protesta junto con el mensaje: "Que injusto todo lo que hace la dictadura Varelista".

A principios de agosto, el Gobierno panameño suspendió la instalación de los radares porque estos presentaban "serias deficiencias" y el pasado 26 de agosto la Corte Suprema de Justicia de Panamá ordenó la suspensión del contrato al encontrar "indicios de desviación de poder".

Panamá reclama a la empresa italiana, especializada en el sector de defensa, "el replanteamiento del contrato" y la restitución de los radares, que considera están por debajo de sus expectativas.

Hasta el momento, Panamá ha adelantado pagos a Selex por 70.4 millones de euros (unos 78.8 millones de dólares), según datos oficiales.