El vocero de los padres de los 43 normalistas desaparecidos denunció que, luego de la negativa del Gobierno mexicano a la CIDH para entrevistar a los soldados que atestiguaron la tragedia del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, se confirma que el Estado está protegiendo a los militares.
Ciudad de México, 21 de octubre (SinEmbargo).– Aunque el Estado mexicano suscribió un acuerdo con 10 puntos a cumplir con los miembros del GIEI y lo dio a conocer ayer en el 156 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se realiza en Washington, DC, los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, no quedaron satisfechos.
La razón: el Estado mexicano se negó una vez más a que los expertos se entrevisten frente a frente con miembros del 27 Batallón de Infantería destacado en Iguala, Guerrero.
“El Gobierno mexicano defiende a los militares. Ya no hay duda de que ocultan algo. Hoy quedó demostrado cuando el Subprocurador de los Derechos Humanos debería estar preocupado por saber qué pasó con los normalistas”, dijo Felipe de la Cruz, uno de los voceros de los padres de los desaparecidos de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos en entrevista con SinEmbargo después de la audiencia.
Ayer, en medio de un intercambio de preguntas y aclaraciones sobre la necesidad de que el GIEI entreviste frente a frente a los miembros del 27 Batallón del Ejército, el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) Roberto Campa Cifrián, dio como respuesta que sólo podrán ser entrevistados a través del Ministerio Público.
Campa Cifrián destacó además que el acuerdo que se firmó entre el GIEI y el Estado mexicano, consta de sólo 10 puntos y omite el tema las entrevistas presenciales de los expertos con los militares.
El comisionado de la CIDH James L. Cavallaro le preguntó a Campa si el Secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos Zepeda, estaba sobre el Presidente de la República Enrique Peña Nieto y decía si se interrogaba o no a los militares.
“La respuesta puntual es que en México el comandante supremo de las fuerzas armadas es el Presidente de la República. En el tema vinculado con la declaración de los miembros del batallón, que me parece importante destacar, para identificar cuáles son las preocupaciones principales con respecto a la investigación que no forman parte de los acuerdos que se tomaron ayer. Me parece relevante destacarlo”, contestó.
A lo que Ángela Buitrago, miembro del GIEI respondió: “Como expertos hemos realizado seis peticiones a la par, sobre la necesidad de entrevistar a los miembros del batallón. En la continuación del mandato está la verificación de las solicitudes que hemos hecho. Lo que no entendemos como grupo de expertos, es porqué en el caso concreto del 27 Batallón, siempre hay una respuesta evasiva, frente a la necesidad de verificar una serie de información que le pusimos enfrente a la PGR. Seguimos insistiendo y con el mayor y profundo respeto Subsecretario Campa, este documento que firmamos ayer, lo contiene”, expuso.
Los expertos del GIEI aclararon ante la Presidenta de la CIDH Rose Marie Antoine, que entre sus expectativas está el entrevistarse frente a frente con los miembros del 27 Batallón.
Felipe de la Cruz lamentó las respuestas de Roberto Campa y aunque reconoció que el acuerdo de 10 puntos y el compromiso por extender el mandato por seis meses más a los expertos fue un avance, para ellos es fundamental que los miembros del GIEI entrevisten a los militares.
“Queremos que las entrevistas sean de manera directa, porque no confiamos en nadie, sólo en ellos [los expertos del GIEI]. Hablamos de la protección que está haciendo el Gobierno de México a los soldados, porque saben que ellos colaboraron en el crimen, fueron ellos quienes hicieron el crimen”, dijo.
El vocero de los padres agregó que no es suficiente una ampliación del mandato de seis meses más, pues la exigencia de los familiares es que el GIEI acompañe el caso hasta que finalice la investigación.
Santiago Aguirre Espinosa, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), destacó la importancia de los acuerdos celebrados ayer entre el GIEI y el Estado mexicano.
“Fue importante la suscripción de una serie de acuerdos que le genera la condiciones mínimas al grupo de expertos”, consideró.
Pero reconoció que en cuanto a la solicitud del GIEI de entrevistarse con miembros del Ejército, no hubo una respuesta satisfactoria.
“Lo que hemos señalado es que hay elementos fundados para que sean necesarias esas entrevistas, desde el Centro Prodh enfatizamos que hay declaraciones en el expediente que indican que desde 2013 el Ejército tuvo conocimiento de la infiltración de algunas policías municipales. Podría ser presumible algún tipo de protección del 27 Batallón”, explicó Aguirre Espinosa.
Aguirre destacó también la importancia de ir a fondo en la investigación de cómo se generó el contexto que hizo posible la desaparición de los 43 normalistas y la muerte de más de 104 personas que se ha encontrado en las fosas de Iguala.
“Es necesario entrevistar a los elementos del Ejército que pudieron incurrir al menos en omisión en los hechos del 26 de septiembre”, agregó.
GIEI Y MÉXICO ACUERDAN 10 PUNTOS
El Estado mexicano aceptó trabajar de la mano con el GIEI a través de la firma de un acuerdo que consta de 10 puntos.
Ángela Buitrago anunció que el día de ayer se firmó un documento entre el GIEI y el Estado mexicano en donde acordaron que los especialistas seguirán siendo coadyuvantes en la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre del año pasado.
De acuerdo con Buitrago se acordó que la investigación salga de forma inmediata de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y se ponga en manos de Eber Omar Betanzos Torres como nuevo titular de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad (SDDHPDSC).
El GIEI y el Estado acordaron que el nuevo peritaje en el basurero de Cocula que anunció la PGR, será realizado con el consenso de ambas partes.
La elección de los perfiles de los expertos que participarán en el peritaje, será realizado entre el GIEI y la PRG.
El Estado aceptó integrar el informe de los expertos de la CIDH en la investigación, se conformará un nuevo equipo de trabajo, con representantes de las víctimas. Se abrirán las nuevas líneas de investigación propuestas por el GIEI y se firmará una minuta que determine los acuerdos la forma de seguimiento de los acuerdos por la PGR y el GIEI.
Se acordó relanzar la búsqueda con las autoridades competentes, realizar minutas de las reuniones del GIEI con el nuevo equipo de la PGR y que los expertos proporcionarán un documento de trabajo para realizar la investigación y las búsquedas.
En el acuerdo también se estipula que el Estado se compromete mantener en confidencialidad los hallazgos de la investigación, hasta que los padres de los jóvenes sean informados.
En las próximas semanas se realizará oficialmente la ampliación del mandato de los expertos, de acuerdo con las conclusiones de la audiencia.
