Luis Eliud Tapia Olivares, uno de los abogados de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos en México explica cómo avanza el caso tras la ampliación de la investigación internacional.
Por Laura Olías
Ciudad de México, 18 de octubre (SinEmbargo/El Diario.es).– Los padres de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos en la noche del 26 de septiembre de 2014 no se rinden. No hasta que alguien les demuestre dónde están sus hijos y, un año después de verlos por última vez, el Gobierno mexicano «no lo ha hecho», zanja uno de los abogados de las familias, Luis Eliud Tapia Olivares. Los padres han tenido que escuchar de un organismo internacional de Derechos Humanos (la CIDH) que la versión que les había contado el Gobierno de Enrique Peña Nieto no era cierta: que los cuerpos de sus hijos no fueron quemados en un basurero, como les dijeron. «Sienten que los han torturado con esa mentira», critica el letrado.
Eliud Tapia Olivares explica, a través de la desaparición de los 43 jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa, la desconfianza de la sociedad mexicana en el sistema judicial y político del país. Visita Madrid de la mano de Amnistía Internacional para recordar que las violaciones de derechos humanos campan a sus anchas en México, con la seguridad de una tasa de solo un 2% de los delitos comunes que acaban en condena, dice en una conversación con eldiario.es. «En los más graves es aún peor».
Tras la ampliación de la presencia del grupo independiente de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en México para continuar su investigació sobre ‘los 43’, el abogado de las familias repasa en qué punto está el caso y cómo ha afectado a la sociedad mexicana.
El 26 de septiembre se cumplió un año de la desaparición de los 43 normalistas mexicanos en Iguala. ¿Qué ha supuesto este caso para las desapariciones forzosas en México?
El discurso del gobierno mexicano se cayó totalmente. El presidente Peña Nieto había vendido que teníamos unas instituciones de justicia fuertes, que los problemas de graves vulneraciones de derechos humanos, como torturas, desapariciones forzosas y detenciones arbitrarias, ya se habían abordado.
La desaparición de los 43 estudiantes es un crimen con responsabilidad del Estado desde la más alta esfera, por acción y por omisión. Puso de relieve, puso a flotar toda la basura de impunidad que hay en el país.
PORQUE LAS DESAPARICIONES SON MILES
La desaparición de los 43 estudiantes se enmarca en, al menos, más de 25 mil desapariciones reconocidas por el Gobierno de México entre 2007 y enero de 2015. La sociedad civil las cifra en 60.000 en el mismo periodo, dato que fue recogido también por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que visitó México la semana pasada.
Las desapariciones están muy vinculadas con el cambio de política de seguridad, con el uso de fuerzas armadas en tareas de seguridad que llegó en la denominada «guerra contra las drogas» declarada por el presidente Felipe Calderón. Se inauguró una guerra en las calles que continúa hasta hoy y ha agravado la situación de los derechos humanos en el país en lugar de disminuir la violencia del crimen.
¿Ha hecho algo el presidente Enrique Peña Nieto para frenar esta situación?
No, aunque en su discurso como candidato dijo que la iba a cambiar. Decía que había que revisar y hacer cambios profundos. Pero en realidad él continuó con el apoyo económico a las fuerzas armadas y con el despliegue militar en el país.
– ¿Los 43 han vuelto a poner en evidencia este sistema?
– La desaparición de los normalistas, según el Centro PRODH (de promoción y defensa de los derechos humanos en México) en el que trabajo, debería ser un punto de inflexión, ser un antes y un después. Debería ponerse en evidencia las redes de corrupción, el trabajo conjunto entre el crimen organizado y el Gobierno, hasta qué nivel alcanza lo que llamamos un «estado criminal», cuánto ha penetrado el crimen organizado en la esfera del gobierno mexicano, local y federal. Tendría que investigarse todo eso para saber lo que sucedió ese día.
Pero el Gobierno de México le dice a los medios de comunicación que dejen de reportar hechos de violencia, que ya hay mucha sangre en los medios. Es una política de silenciamiento de la realidad, para que dejen de aparecer esas noticias.
– ¿Y funciona?
– Empieza a funcionar. Las agencias de cooperación que trabajan en México empiezan a voltearse hacia otro lado. Dicen: «México tiene instituciones democráticas, se pueden procesar las denuncias de violaciones de derechos humanos…». A las organizaciones como la nuestra nos preocupa, se nos van los proyectos; es como si estuviéramos gritando y nadie nos escuchara. La política de seguridad no ha cambiado, las detenciones arbitrarias continúan y no hay mucha respuesta.
Para nosotros hay dos casos que ponen de relieve la situación que vive México. Uno es este, el de los 43 estudiantes, y el otro es el de Tlatlaya: la ejecución de entre 12 y 15 personas de 22 que murieron en el estado de México el 30 de junio de 2014. Se había quedado también silenciado y un periodista freelance español en México, Pablo Ferri, entrevista a una sobreviviente de esta masacre y cuenta todo lo que vio, como los militares ponían a civiles en un pelotón de fusilamiento. Es la primera vez que se da a conocer que militares habían matado a civiles en un supuesto enfrentamiento, que es como lo vendió el gobierno. Se revela entonces que hay una ejecución, que el ejército mexicano ejecutó a personas civiles el año pasado.
– ¿Se han juzgado estos hechos?
– Están investigados pero no hay procesamiento ni culpables hasta hoy. La Procuraduría hizo periciales y determinó que habían movido la escena del crimen para hacer parecer que todas las muertes se debían a un enfrentamiento. La Comisión Nacional de Derechos Humanos determinó lo mismo.
– ¿Qué falla para que se hagan investigaciones que apunten a un presunto delito y no se juzgue a los culpables?
– Para que haya condiciones de impunidad tienen que haber muchas barreras. Una es la falta de voluntad política para reconocer las violaciones de derechos humanos, que se confunden con un ataque a la estabilidad del Estado y del Gobierno. El trabajo de documentación de violaciones de derechos humanos es «desestabilizador», dice el Gobierno mexicano.
Y no hay capacidades de investigación científica. El caso de Ayotzinapa lo pone en evidencia, no hay capacidad de investigación seria, no sabe hacer una cadena de custodia… El delito común no es bien investigado, mucho menos el delito grave. El Alto Comisionado de Derechos Humanos destacaba que la impunidad es de un 98% en delitos comunes. Uno sabe que si lo roban, tiene un 98% de posibilidades de que no recupere lo que le robaron y de que no sepa quién le robó.
– ¿En qué actores de las instituciones está el problema?
– Hay problemas profundos, vínculos entre la Procuraduría, los jueces y los militares para dejarlos en la impunidad. Sobre todo en la Procuraduría, que depende del Ejecutivo y que en México es la única que puede hacer judicial un caso. Yo no puedo ir directo a un juez y llevar mi caso; la Procuraduría tiene que investigar, identificar un posible delito y judicializar. Decimos que tiene el monopolio de la acción penal por disposición constitucional.
La investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que las autoridades mexicanas obviaron pruebas claves, que había agentes federales y municipales que presenciaron los hechos del ataque a los 43 estudiantes sin intervenir… ¿Qué piensa la sociedad mexicana, cómo les ha afectado este caso?
El caso generó un movimiento de protesta social que no se había visto en México en años en un caso de violación de derechos humanos. Sí en movimientos políticos, pero no sobre un tema de derechos humanos. Que llevase a la gente a la calle con dolor… parecía la inauguración de un nuevo momento.
El problema es que el Gobierno mexicano ha lanzado una ofensiva mediática muy fuerte para desmovilizar y para vender su verdad. Nosotros compramos monitoreo de agencias especializadas y la ofensiva de columnistas y opinólogos en televisión y prensa escrita es impresionante. Atacando a la defensa, a todas las asociaciones que representan a las familias, criminalizando a los jóvenes, diciendo que estaban aliados con el narcotráfico, de los papás dice que hay intereses políticos por detrás…
Su apuesta es el olvido. Lo dijo Peña Nieto: «Hay que superarlo».
– ¿Qué pasos quedan ahora en la investigación?
– El informe del grupo interdisciplinario de la CIDH da a conocer que la versión histórica es una mentira: dice que la quema de cuerpos era científicamente imposible, denuncia la participación silenciosa de las fuerzas militares y federales en todo el momento de la agresión inicial y la desaparición posterior, la existencia de un quinto camión (autobús) del que no informaron las autoridades… El grupo de expertos tiene seis meses más de mandato y vuelve a poner el ojo sobre el Ejército.
Hay que saber quiénes estaban interesados en que ese camión no saliera, dónde iba, quiénes estaban enterados, si era el ejército, la policía Federal y qué gobernantes estaban implicados.
-¿Cómo están las familias tras el informe?
– Las familias están con mucho dolor, con mucha rabia frente a lo que ellos vieron como una mentira. Lo decían fuerte en la conferencia de prensa tras conocerse el informe: «Nos sometieron a tortura al decirnos que nuestros hijos estaban quemados sin que fuera cierto». La versión oficial se basa en el testimonio de tres personas y de pruebas periciales imposibles, que estaban mal hechas. Además, una de las personas que dan esta versión denunció torturas, amenazas de cortarle en pedazos y matar a su familia, y hay certificados médicos de que tiene huellas de lesiones.
Los familiares piden que se procese a todo el grupo de investigación que les mintió. Desde el procurador que estaba, Jesús Murillo Karam, hasta cada funcionario que estaba interviniendo y que les vendió esa verdad. Han solicitado que se reemplace por completo el grupo investigador, era una de sus solicitudes con el presidente Peña Nieto, y no ha habido respuesta, ningún compromiso. Los familiares describen que, frente a la primera reunión con Peña Nieto, parecía que ya no había humanidad del lado del presidente. Y ellos insisten en su búsqueda con la esperanza de encontrarlos con vida.
-¿Todavía confían en que estén vivos?
– Así lo creen, es parte de su reivindicación. Nadie les ha enseñado una prueba que les confirme que están muertos.
También quiero decir que es muy importante la responsabilidad federal antes de la desaparición. Lo que dice el Gobierno es que es un hecho aislado y que no sabía que ese presidente municipal que está ahora detenido, Abarca, tenía vínculos con el crimen.
-¿Y lo sabía?
– Lo cierto es que tenían una investiagción federal abierta respecto a sus vínculos con el crimen organizado. Ya lo sabían y no lo detuvieron porque tenía inmunidad, porque los presidentes municipales de México tienen inmunidad política y solamente el Gobierno local puede decidir si son detenidos o no. En ese entonces no empezaron el proceso político para quitarle la inmunidad y detenerlo. A Abarca, de hecho, no lo detienen por la desaparición de los estudiantes sino por esa investigación que estaba abierta un año antes. Y luego le imputaron el secuestro. Eso es gravísimo.
Ante esta situación de impunidad y desconfianza en los políticos e instituciones, ¿ha surgido algún movimiento o partido político que intente cambiar esta situación?
En general, creo que no hay un movimiento ni una opción política que digas «va a ser la nueva vía democrática», como ha pasado aquí en España, que parece que genera cierta esperanza. En el país no hay opciones políticas que hagan parecer que viene un cambio profundo y eso es bien preocupante. No nos enseña una vía de salida.
