Ciudad de México, 11 de octubre (SinEmbargo).- La Procuraduría General de la República (PGR) puso hoy a disposición de la ciudadanía la versión pública de la averiguación previa sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, en su sitio de Internet www.pgr.gob.mx . Esto a pesar de las declaraciones del abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, quien aseguró que la publicación del informe ponía en riesgo a los testigos y a las víctimas.
El pasado 8 de octubre, el abogado de las familias de los desaparecidos de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra, dijo que la publicación del expediente sobre el caso anunciada por la dependencia federal ponía en riesgo a las víctimas y a los estudiantes sobrevivientes que dieron sus testimonios.
“Es de interés general para todo el pueblo de México lo que ahí esta ocurriendo, pero creo que compromete la seguridad de las víctimas, de los testigos, de los estudiantes que han brindado un testimonio que resulta fundamental en la investigación”, dijo a la agencia de noticias Efe el abogado.
En su opinión, se debió discutir con las víctimas cuáles son las partes del expediente que se tienen que hacer públicas porque “publicar todo de manera indiscriminada puede tener algunas afectaciones para las víctimas y sobre todo para los testigos”.
Este domingo, la PGR difundió el informe en cumplimiento al compromiso hecho por la titular de la dependencia, Arely Gómez González, ante legisladores durante su comparecencia en el Senado de la República la semana pasada.
En un comunicado, la PGR informó que la publicación del expediente se hizo con el objetivo de garantizar, de mejor manera, el derecho ciudadano de acceso a la información y en apego al eje prioritario de Transparencia y Rendición de Cuentas.
La Procuraduría señaló que la versión pública del expediente del caso Iguala consiste en alrededor de 54 mil fojas divididas en 85 tomos y 13 anexos.
Su elaboración implicó más de siete meses, participaron alrededor de 100 servidores públicos y la información clasificada fue verificada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Lo anterior con el fin de garantizar el derecho a la privacidad, a la presunción de inocencia y al debido proceso de víctimas, testigos, ofendidos y presuntos responsables.
La totalidad de la versión pública está disponible para descarga en formato PDF y en caso que se requiera acceder al expediente de forma física, o solicitar copia simple o certificada del mismo, el interesado puede realizar una solicitud de acceso a la información a través del sistema INFOMEX.
INFORME DEL GIEI
El pasado 6 de septiembre, el Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI), integrado por cinco representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aportó al menos dos nuevas líneas de investigación que echan abajo “la verdad histórica” oficial sobre el caso.
De acuerdo con la versión de la Procuraduría General de la República, los estudiantes fueron detenidos por policías municipales en Iguala cuando se dirigían a una manifestación en Chilpancingo, luego de una persecución a tiros los uniformados entregaron a los jóvenes al grupo criminal Guerreros Unidos que, al confundirlos con miembros de un grupo rival, los asesinó e incineró en un basurero del municipio vecino de Cocula entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre.
Tras seis meses de indagaciones, el grupo de expertos dijo que la versión de la incineración en un basurero muestra inconsistencias científicas, tales como la cantidad de combustible y tiempo que se necesitó para lograr reducir los 43 cuerpos a cenizas.
El informe del GIEI también reveló la existencia de un quinto autobús que desapareció de la escena, que nunca investigó la PGR, ni consignó en su expediente y que para los expertos independientes pudo ser el detonante de la agresión a los estudiantes, al ser un vehículo posiblemente cargado con droga o con dinero.
Los resultados del GIEI desataron sendos pronunciamientos por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW), quienes exigieron al Gobierno de México llevar a la justicia a los responsables de las fallas en las investigaciones y abordar de manera “inmediata” las deficiencias descubiertas en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La organización WOLA y abogados penalistas mexicanos recomendaron iniciar de cero la investigación.
