El sustento de 15 mil familias que viven en la Península Maya de Yucatán está en riesgo por la contaminación que provoca la siembra de soya transgénica y el uso de plaguicidas.
Ciudad de México, 10 de octubre (SinEmbargo).– La siembra de soya transgénica y el uso de plaguicidades de grandes multinacionales como Bayer y Monsanto pone en riesgo la apicultura en la zona maya de Campeche y Yucatán, así como en otros cinco estados del país denunciaron distintas organizaciones de apicultores y activistas a favor del medio ambiente.
Comunidades mayas de la Península de Yucatán denunciaron a través de una petición en la plataforma Change.org los daños que ha dejado la siembra de soya transgénica en más de 200 hectáreas de la zona que junto con los pesticidas ha provocado la muerte de cientos de abejas, poniendo en riesgo la economía de más de 15 mil familias de la zona que viven de esta actividad.
Jorge Fernández Mendiburu, abogado de Indignación Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, así como integrante de MaOGM, aseguró que no sólo hay afectaciones en la apicultura sino que también temen daños a los mantos acuíferos, sin contar con la deforestación que ya se observa en la zona.
“No tenemos cuantificados los daños; hay un estudio que establece la cantidad de hectáreas que se han deforestado y cómo el porcentaje más alto ha sido para la siembra de monocultivos”, expresó Fernández Mendiburu.
El caso de las abejas ya fue documentado por la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, gracias a lo cual es posible saber que el nivel de afectación impide que puedan quedarse en la zona porque cada vez tienen que volar más lejos para buscar bosques, además de que el uso de herbicidas y agrotóxicos las mata o las desorienta.
Gracias a la documentación que se tiene del caso, también es posible saber que la zona maya de la Península de Yucatán no es la única afectada, sino que las secuelas se extienden a otros estados: Chiapas, Quintana Roo, Veracruz y San Luis Potosí.
OTRA VEZ MONSANTO
De acuerdo con los activistas, en 2012, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) aprobó un permiso a Monsanto para la siembra de soya genéticamente modificada en 253 mil hectáreas en la Península de Yucatán, la Planicie Huasteca y Chiapas.
En la Península de Yucatán, el permiso afectaría a más de 50 mil personas campesinas de origen indígena maya que viven de la apicultura, una actividad económica sustentable, ya que la siembra de soya transgénica implica el uso del herbicida Glifosato, clasificado en 2015 como probablemente cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud (OMS). “El Glifosato y otros plaguicidas se están filtrando al subsuelo, contaminando la única fuente de agua de que dispone la Península de Yucatán”, señalo el representante legal de los afectados.
Por su parte, las distintas organizaciones, en un comunicado, reclaman que expertos mundiales han mostrado que la siembra de soya transgénica en otros países ha traído como consecuencia la concentración de la tierra, la pérdida de empleos, daños a la salud, la deforestación y desertificación de bosques y selvas.
“A pesar del impacto negativo y la transformación sustancial que la siembra de soya transgénica conlleva en los modos de vida de los campesinos maya-hablantes de la región, las comunidades indígenas afectadas no fueron informadas sobre el mismo, y nunca fueron consultadas sobre la pertinencia del permiso para sembrar este cultivo”, aseguran.
Este mes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá siete amparos en revisión presentados por comunidades y asociaciones de apicultores mayas en contra del permiso para siembra de soya transgénica otorgado por el Ejecutivo Federal en siete entidades del país, incluyendo las tres de la península de Yucatán.
La Corte deberá pronunciarse sobre la violación al derecho de los pueblos indígenas a la consulta libre, previa e informada, así como las violaciones a los derechos a la salud y a un medio ambiente sano, incluyendo la pertinencia de implementar el principio precautorio, ante el alto riesgo de la ocurrencia de daños a la economía, la salud y el medio ambiente de las comunidades, generados por la siembra de la soya transgénica.
Los apicultores y activistas de Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Chiapas, decidieron presentar un total de nueve juicios de amparo contra dicho permiso.
En respuesta, el Juez Federal Primero de Distrito del estado de Yucatán otorgó la suspensión de oficio del permiso a nivel nacional, misma que estuvo vigente durante varios meses mientras avanzaba el juicio. Finalmente, en marzo del 2014, el juzgado segundo de distrito del estado de Campeche dictó sentencia en favor de las comunidades y asociaciones de apicultores mayas, y en julio del mismo año, el Juzgado Primero de Distrito de Yucatán también amparó a las asociaciones de apicultores del estado de Yucatán.
Con ello, el permiso para la siembra de soya transgénica quedaba cancelado en la entidad; la Sagarpa debía asegurarse que no se sembraría más soya transgénica en 2012 y luego en 2014.
“Sin embargo, a pesar de la sentencia, algunos productores de la región persistieron en la siembra, ahora ilegal de la soya transgénica. En 2015, los apicultores que denunciaron pública y legalmente los cultivos ilegales”, según el comunicado de los afectados.
En respuesta a los fallos a favor de los apicultores de varios de los juicios de Amparo, la Sagarpa y la empresa Monsanto, presentaron recursos de revisión, impugnando las sentencias de los jueces federales, algunos de los cuales fueron tomados en cuenta.
El caso fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que actualmente lo está revisando.
MENOS EXPORTACIÓN
De acuerdo con el representante legal, tres cuartas partes de la producción de miel en la Península de Yucatán se exportan a Europa, pero a raíz de que empezó la siembra de soya transgénica todos los contratos de exportación del endulzante al Viejo Continente incluyen como condición que el producto esté libre de transgénicos.
“Lo que les está provocando un daño económico porque también tienen que invertir en pruebas y si resultan positivos, ya no se puede exportar”, planteó.
También advirtió que en caso de que la Suprema Corte no emita un resolutivo a favor de las productores, las organizaciones que los respaldan, entre ellas Greenpeace, llevarán su demanda hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “donde ya esta marcado el respeto a las comunidades indígenas, pero esperaríamos no tener que llegar a ese nivel”, concluyó.
