El director Ejecutivo Adjunto de la de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Aldo Lale-Lemoz, expuso lo anterior al inaugurar los trabajos de la “Conferencia Regional de Aplicación de la Ley: delitos contra la vida silvestre y los Bosques en las Américas”.

Durante el evento organizado de manera coordinada con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), el represente del organismo planteó que dado el crecimiento de este fenómeno, es necesario emprender diversas acciones como la sensibilización sobre el tema.

Por esa razón propuso la capacitación de autoridades del poder judicial y de las encargadas de aplicar la ley, a fin de evitar que las industrias utilicen especies de flora y fauna silvestres en la manufactura de sus productos.

De igual forma se busca que los responsables de la comisión de estos delitos sean llevados a la justicia, subrayó.

Por su parte, el subprocurador de Recursos Naturales de la Profepa, Ignacio Millán Tovar, destacó la importancia de “adelantarnos a las nuevas formas de operación de los traficantes”.

Para ello es necesario el fortalecimiento de la cooperación internacional que trascienda la esfera de actuación de cada país; y el intercambio de información mediante el uso de redes formales e informales.

Asimismo se requiere de la asistencia técnica mutua entre las naciones para fortalecer las capacidades de combate al tráfico de especies y la tala ilegal de madera.

Recordó que el tráfico ilegal de vida silvestre se ubica entre las tres primeras causas de extinción de las especies a nivel mundial, junto con la pérdida de hábitat y los efectos causados por especies invasoras.

A nivel internacional los países han acordado regulaciones contra la explotación excesiva, debido al comercio internacional de por lo menos cuatro mil 956 especies de animales, de las cuales 602 se encuentran en México, es decir el 12 por ciento.

Por su parte, el asesor regional de la UNODC en México, Felipe de la Torre, aseveró que “si no existe una ley o un artículo que tipifique y criminalice el tráfico de flora y fauna silvestres, evidentemente ésta será una ventana de oportunidad para que los traficantes”.

Por ello, en materia de tráfico ilegal de vida silvestre advirtió que son tres los grandes retos, de los cuales el primero es generar y sistematizar información en la materia, toda vez que en América Latina se carece de datos certeros y sistematizados sobre la incidencia del delito.

El segundo consiste en visibilizar la participación real de la delincuencia organizada en este fenómeno ya que ésta no se ha podido documentar de manera efectiva; y el tercero sería fortalecer los regímenes jurídicos de las naciones.

Detalló que las especies más traficadas en América Latina son el tapir, el venado, los mamíferos marinos, los armadillos, las tortugas, los reptiles, el gato salvaje, las plantas ornamentales incluida la orquídea y los peces de agua dulce.

En tanto los destinos principales de este tráfico ilegal de especies latinoamericanas son Estados Unidos, Japón, Hong Kong, Egipto, China y naciones europeas como España, Alemania y Francia, así como el sudeste asiático.

A su vez el director del Programa Global para el Combate de los Delitos contra la Vida Silvestre y los Bosques de la UNODC, Jorge Ríos, reconoció que este tipo de ilícitos son complejos de combatir, de ahí la necesidad de diseñar mejores estrategias de combate.

En un comunicado la Profepa detalló que con base en sus datos y los de la UNODC se estima que el valor del tráfico ilegal de madera alcanza los siete mil millones de dólares por año.

Mientras tanto, el tráfico ilícito de vida silvestre, excluyendo la pesca y la madera, oscila en ganancias en los 7.8 mil millones de dólares anuales.

Por ello en el encuentro inaugurado esta semana los expertos reconocieron que los grupos delictivos están diversificando su portafolio de operaciones, toda vez que resulta un incentivo que en varios países los marcos normativos ni siquiera criminalizan este delito.