Por Ley, los servidores públicos tienen derecho a un aguinaldo de hasta 40 días de salario, además de su “gratificación de fin de año”. Así, en promedio, la alta burocracia mexicana cerrará 2018 con 425.3 mil pesos netos más en sus bolsillos. En comparación con la mayor parte (75 por ciento) de los trabajadores nacionales que tienen ingresos de menos de uno a más de cinco salarios mínimos, los aguinaldos de la élite política son entre 17 y 321 veces mayores.
Ciudad de México, 15 de diciembre (SinEmbargo).- Para el 75 por ciento de los mexicanos (40.4 millones de personas) que percibe entre uno y cinco salarios mínimos mensuales, juntar los miles de pesos de aguinaldo que recibirán los altos funcionarios públicos de México, implicaría ahorrar la totalidad de su salario neto por un periodo de tres a 13 años, según su nivel salarial.
De acuerdo con el Artículo 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, los funcionarios públicos tienen derecho a un aguinaldo “equivalente a 40 días del salario, cuando menos, sin deducción alguna”.
A ello se suma la “gratificación de fin de año” que reciben junto con su aguinaldo. Dicha gratificación, que es proporcional a la “compensación garantizada” que reciben como parte de su salario, es asignada según su nivel de puesto y hasta por un monto equivalente a 40 días de trabajo adicionales (artículos 12 y 13 del decreto DOF:05/10/2018).
Por ejemplo, el Presidente de la República –según el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018– tiene derecho a percepciones netas por 259 mil 627.58 pesos mensuales. De esa cantidad, el 20 por ciento es salario y el 80, compensación garantizada. Así, el primer mandatario tiene –o tenía– un aguinaldo de 82 mil 806 pesos, además de una gratificación de 340 mil 822 pesos.
Por fórmula, el aguinaldo neto del Presidente debería ser equiparable a 40 días de su salario neto (346 mil 170.11 pesos). Pero con el beneficio de la gratificación, esa cantidad se vuelve 22 por ciento mayor (asciende a 423 mil 628 pesos netos).
En comparación, el trabajador promedio, de acuerdo el Artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, tiene derecho a un aguinaldo “equivalente a 15 días de salario, por lo menos”. Con un salario como el del 75 por ciento de la población, esta cantidad asciende a un mínimo de entre 1 mil 325.40 y 6 mil 627 pesos.
Los trabajadores que tienen ingresos de uno a dos salarios mínimos –como vendedores de mostrador (100 pesos diarios), albañiles (115), choferes de carga (118), mecánicos (120), trabajadores sociales (130 pesos diarios), entre otros– y que componen el 44 por ciento de la población económicamente activa (PEA) ocupada, tienen aguinaldos entre 160 y 320 veces menores al del Presidente.
La remuneración y prestaciones de los servidores públicos son adecuadas al “desempeño de su función”, porque “reconoce el cumplimiento eficaz de las obligaciones inherentes al puesto”, o al “logro de resultados sobresalientes”, se lee en los artículos 127 constitucional, 64 de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como en los apartados 3 y 6 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
Este aspecto contrasta con los resultados de la última Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), según los cuales, sólo el 39 por ciento de la población mexicana confía en los funcionarios públicos, cantidad superior a la confianza depositada en los gobiernos estatales (29.3) y federal (25.5 por ciento).
El tema de la reducción de percepciones y beneficios por parte de los servidores públicos cobró importancia derivado de las recientes medidas de austeridad, anunciadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Sin tocar el debate sobre una justificación real –o no– de los ingresos y beneficios que reciben los servidores públicos, en la Administración Pública Federal existe “un manejo discrecional” de los criterios que determinan la base salarial de los cargos públicos, concluye el estudio “Análisis de puestos y sueldos de personal de mando en la Administración Pública Federal 2018”, realizado por el profesor Luis Alfredo Sánchez Ildefonso, del Centro de Estudios en Administración Pública de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En su análisis de las estructuras organizacionales de las secretarías de Estado, Sánchez recomienda una revisión y redistribución de las estructuras orgánica y de remuneraciones en el sector público, con mecanismos “de evaluaciones del desempeño objetivas y un servicio civil de carrera funcional, para evitar la asignación de sueldos que no correspondan a las realidades y necesidades de la institución ni del servicio público”.
GRANDES INCENTIVOS
Desde la reforma (2009) al Artículo 127 constitucional, “ningún servidor público podrá recibir remuneración […] por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República”.
El 5 de noviembre de este año, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que reglamenta los artículos 75 (sobre los tabuladores salariales en el PEF) y 127 constitucionales, entró en vigor tras ser publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Sin embargo, un mes después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró acciones de inconstitucionalidad en su contra y le dio marcha atrás.
A pesar de ello, el siguiente año “nadie ganará más que [Andrés Manuel] López Obrador como lo ordena la Constitución”, ya que en el PEF 2019 “se ajustarán los salarios” para garantizarlo, aseveró la semana pasada el Diputado Mario Delgado, coordinador del grupo parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara Baja del Congreso de la Unión.
Mientras el PEF 2019 entra en vigor, según los tabuladores para este año, aún hay funcionarios con ingresos superiores a los del Presidente de la República. Entre ellos están algunos magistrados de la SCJN y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como algunos consejeros del Consejo de la Judicatura Federal.
En tales circunstancias estarían, por ejemplo, los magistrados del máximo tribunal mexicano, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Fernando Franco González Salas, Luis María Aguilar Morales y Margarita Beatriz Luna Ramos, quienes comenzaron a desempeñar sus funciones antes de la reforma de 2009.
Según las disposiciones de la base III del Artículo 6 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, “en ningún caso se cubre una remuneración con efectos retroactivos a la fecha de su autorización, salvo resolución jurisdiccional”. Es decir, las partidas salariales no pueden ser modificadas con leyes posteriores a su establecimiento, salvo sea por orden del Poder Judicial.
Los tabuladores de la SCJN refieren que estos cuatro magistrados tendrían un salario máximo neto de 269 mil 215 pesos mensuales. Los otros siete magistrados que llegaron a la Suprema Corte después de 2009, tendrían un salario máximo de 159 mil 282 pesos mensuales.
En cualquier caso, ganarían más de los 108 mil pesos mensuales que AMLO dice ganar.
A reserva de los tabuladores de la SCJN, el PEF 2018 indica que los magistrados tienen salarios de 388 mil 290.75 y 247 mil 078.17 pesos mensuales, en comparación con los 259 mil 627.58 pesos de remuneración para el jefe del Ejecutivo Federal.
De este modo, un magistrado de la SCJN tiene derecho a un aguinaldo neto –que incluye la compensación garantizada– de 586.3 mil y de 385.6 mil pesos, según sea el caso. Esta cantidad sólo es igualada por los aguinaldos de algunos magistrados del TEPJF (entre 586.3 y 386.6 mil pesos) y de ciertos consejeros del Consejo de la Judicatura Federal (entre 586.3 mil y 378 mil pesos).
A ellos siguen los secretarios de Estado (563.9), los consejeros del Instituto Nacional Electoral (503.3), el Presidente de la República (423.6), el presidente del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (418.7), el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (406.3), el Auditor Superior de la Federación (404.3), los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia y de Acceso a la Información (399.3), los consejeros del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (393.4), los senadores (242) y diputados (140.5), además de los gobernadores (125.3 mil pesos, en promedio).
Inclusive para el 4.5 por ciento (2.4 millones de personas) de la PEA ocupada, que recibe más de cinco salarios mínimos mensuales (de 13.3 mil pesos mensuales en adelante), alcanzar el monto equivalente al aguinaldo promedio (425.3 mil pesos netos) de estos altos funcionarios públicos, es una labor titánica.
Una persona que gana 50 mil pesos mensuales, por ejemplo, tiene derecho a un aguinaldo de 25 mil pesos. El aguinaldo de un año de un alto funcionario público es, entonces, equivalente a 17 años de aguinaldo de un trabajador que gana 50 mil pesos al mes.
Inclusive, si este trabajador ahorrara todo su salario mensual neto, tardaría 8 meses y medio en obtener el monto neto de las gratificaciones de fin de año de la alta élite política de México.
El aguinaldo, para cualquier mexicano, es indispensable. Más si consideramos que el 43 por ciento de los trabajadores lo usará para comprar regalos, además del 24 por ciento que lo destinará al pago de la cena de Navidad y el 32 por ciento que lo ahorrará, según datos de la Comisión Nacional para Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).
Este ingreso es de especial provecho para el 16.1 por ciento de la PEA ocupada (8.7 millones de personas) que se encuentra en “condiciones críticas de ocupación”, de acuerdo con el Inegi.
Dichas condiciones aluden a personas “que se encuentra trabajando menos de 35 horas a la semana por razones de mercado, más la que trabaja más de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario mínimo, y la que labora más de 48 horas semanales ganando hasta dos salarios mínimos”.
