Por decisión de los diputados de todos los partidos, este día se aprobará una excepción a los primeros acuerdos del Sistema Estatal Anticorrupción lo que sin duda marca límites a los alcances de este nuevo intento de frenar el mayor mal del país.

Ante una petición del rector de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, quien argumento que sería una lesión para la autonomía universitaria el hecho de que el Congreso designara al contralor de la institución, la comisión encargada de la reforma anticorrupción determinó que la UG gozaría de un tratamiento de excepción entre los entes autónomos de la administración pública estatal.

Inicialmente, el PAN estaba dispuesto a avanzar en la decisión de incluir a la UG entre las entidades que deben modificar su esquema de control interno mediante la designación de contralores designados por el Congreso.

Sin embargo, los hizo retraerse la argumentación de tres funcionarios de la UG, todos cercanos al rector Agripino: el director jurídico Mauricio Murillo, el director del departamento de derecho Leonardo Astraín; y el secretario de cuerpos colegiados, Jesús Arellano, quienes ante la comisión encabezada por Libia Denisse García, llegaron al extremo de calificar a la medida como “un golpe a la autonomía.”

Consultados al respecto, dos profesionales calificados: la presidenta de la Asociación de Magistrados de Tribunales de lo Contencioso del país y presidenta del TCA de la Ciudad de México, Dra. Yasmín Esquivel Mossa; y el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Dr. Daniel Márquez Gómez, opinan exactamente lo contrario.

Para ambos juristas, asistentes a la presentación del Informe del TCA de Guanajuato, la autonomía universitaria no significa ni exclusión, ni extraterritorialidad, además de que no la exime de rendir cuentas sobre los recursos públicos que ejerce.

Más allá de la artificial polémica sobre los alcances de una autonomía universitaria cuyo espíritu original buscaba solo salvaguardar la libertad de cátedra, lo cierto es que lo más preocupante radica en el mensaje que está enviando a la sociedad la administración universitaria de Guerrero Agripino.

Al eludir un mecanismo de transparencia con el argumento del ultraje a la autonomía,  para sorpresa de todos la máxima casa de estudios del estado se coloca en el vagón trasero de la reforma anticorrupción, en lugar de ir a la vanguardia de la misma, como correspondería a una institución con un presupuesto de 4 mil 500 millones de pesos, el equivalente al gasto anual del municipio de León, que debe atender a una población de millón y medio de habitantes.

Los diputados aceptaron en parte los argumentos de los funcionarios universitarios y aprobaron en comisiones un nuevo mecanismo para la designación del contralor universitario, a través de una votación en el Consejo Universitario, mediante una convocatoria abierta en lugar de recibir una propuesta del rector.

Sin embargo, lo que la iniciativa no contempla es que el Consejo Universitario no es un órgano en cuya composición se respeten reglas democráticas claras, como se acaba de mostrar en la reciente elección donde candidatos estudiantiles fueron bloqueados por las autoridades de sus propias unidades académicas.

Si alguien ha tenido control absoluto del Consejo Universitario es el grupo político en torno a guerrero Agripino que mediante ese mecanismo copó la Junta Directiva y de allí dio el salto a la rectoría sin ninguna complicación.

Y son, precisamente, ese tipo de controles corporativos los que están haciendo crisis en México, por lo que otorgarles mecanismos de excepción deja, de entrada, trunca a la reforma anticorrupción y teñida de fuerte sospechas sobre su fortaleza sistémico y la eficiencia que pueda alcanzar.

De haber existido un contralor independiente, no atado a los intereses del rector, como lo es la actual contralora Adriana de Santiago, amiga y compañera de generación del rector Guerrero Agripino, quizá se hubiera podido conocer a tiempo la bomba de tiempo que significaba el tema de las pensiones universitarias, que hoy se busca resolver a golpes de autoritarismo, con pésimos resultados, por cierto.

Con la decisión que hoy tomaran los diputados, la reforma anticorrupción de Guanajuato muestra ya sus limitados alcances y lo elevadas que les quedan las exigencias ciudadanas de trabajar en pro de verdaderos mecanismos de transparencia y control de la corrupción.

Bastó una maniobra política del rector y la defectuosa argumentación de tres funcionarios universitarios para frenar la que parecía una firme decisión de los diputados, sobre todo los panistas, de poner piso parejo al control del manejo de los recursos públicos en las entidades públicas de carácter autónomo.

Y con ello, quedaron dos cosas claras:

1.- La reforma anticorrupción es discrecional y atiende presiones de los sujetos obligados a la rendición de cuentas.

2.- La Universidad de Guanajuato, particularmente en su actual gestión, parece tener fobia de las miradas externas sobre sus manejos presupuestales.

Y ambas son malas noticias, sin duda alguna.

Arnoldo Cuellar

https://www.sinembargo.mx/author/arnoldocuellar

Periodista, analista político. Reportero y columnista en medios escritos y electrónicos en Guanajuato y León desde 1981. Autor del blog Guanajuato Escenarios Políticos (arnoldocuellar.com).

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