Pocas coyunturas logran tanto consenso entre diversas expresiones sociales, políticas e ideológicas. El rechazo a la reelección de Rosario Piedra como presidenta de la CNDH es una de ellas. Tanto las formas como el fondo han sido cuestionados por un amplio espectro de personas públicas, organizaciones, académicas… e incluso integrantes del oficialismo.

Algunas lecciones se pueden obtener de esta designación fundamental.

Primero, un bloque aun mayoritario dentro oficialismo muestra desdén por los derechos humanos. Más allá de los cuestionamientos dentro de MORENA y aliados a la reelección, al final todos los senadores y senadoras se alinearon. Pero queda registro de las posiciones que cuestionaban su inclusión en la terna y su posterior designación. Aun así, se muestra de cuerpo entero otra contradicción de la expresión política dominante hoy, misma que se identifica con la izquierda partidista: las luchas por los derechos humanos no importan cuando de acumular y concentrar poder se trata.

Poner a una persona leal con el gobierno primó sobre la atención a la terrible crisis de derechos humanos que pasa el país desde hace década y media. Hemos repetido que las víctimas, las cientos de miles de víctimas, deben ir al centro de una verdadera política de Estado en materia de derechos humanos. Otra vez, en los hechos, se les ha relegado.

Segundo. El papel de las organizaciones de la sociedad civil mantiene su relevancia en cuanto al registro, documentación y visibilización de las falencias de las instituciones del Estado. El ejercicio de parlamento abierto y los insumos técnicos aportados para la evaluación de los perfiles que se postularon, son muestra de ello. A la luz del resultado, se podrá decir que sirvió de poco. Tal vez. Pero es innegable que ha quedado registro público contundente de lo que está sucediendo desde la realidad de miles de víctimas de este país y a la luz de los estándares internacionales.

Desde el cuestionamiento a la propia posibilidad de reelección prevista en la ley (contrario a los principios de la Declaración de Venecia), pasando por la documentación de las omisiones en la labor de Rosario Piedra, los actores políticos y la sociedad tiene elementos de información suficiente para evaluar la designación realizada. En síntesis, no hay autoridad moral de conformidad con su gestión anterior, que es el reconocimiento base que debe ostentar la persona titular de la CNDH.

Tercero ¿Hay fragmentación en la coalición gobernante? Se comienza a mostrar una complejidad en la dinámica oficialista de poder. Hay voces que apuntan al Ejército (como Carlos Pérez-Ricart) como el impulsor de Rosario Piedra. Su primera gestión fue condescendiente con las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas castrenses, incluida la Guardia Nacional. Otras voces apuntan a López Obrador (como Denisse Maerker). Su legado estaría en juego si se concede que la gestión de la ombudsperson ha sido desastrosa y completamente alineada al Poder Ejecutivo.  Puede ser una combinación de ambos factores.

Incluso la propia configuración de los liderazgos parlamentarios fue una jugada maquiavélica que prolongó la disputa que dio inicio con la pre-precampaña (la de las “corcholatas”) dentro del oficialismo. Un indicio de estas luchas intestinas es el anuncio de Alfonso Ramírez Cuellar, quien apunta a la creación de un movimiento de apoyo a la presidenta dentro y fuera de MORENA (El País, 12/11/2024). Ya tocará al periodismo ir documentando esta disputa en el seno de la hegemonía política imperante y ver los factores reales de poder que están operando en el actual gobierno.

En conclusión, podemos decir que nadie está poniendo en tela de duda la lucha personal y familiar de Rosario Piedra. Eso es aparte y merece respeto y reconocimiento. Lo que ponemos en duda es su independencia frente al gobierno para llevar a buen puerto el mandato que tiene: defender y promover los derechos humanos en un contexto de atrocidades innegables. Cinco años de evidencia empírica respaldan esta afirmación. Pretender confundir una cosa con otra, no abona a la discusión pública y al intento de legitimar la decisión de la mayoría en el Senado. Más bien confirma que no hay argumentos y pruebas para defenderla.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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