La Secretaría de Gobernación había acusado al Poder Judicial de conflicto de interés sobre los fideicomisos, ya que son los propios jueces y magistrados los que promueven estos amparos y son ellos mismos los que determinan las suspensiones.
Ciudad de México, 15 de noviembre (SinEmbargo).- El Gobierno federal impugnó ayer la suspensión provisional otorgada por una Jueza a la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), que prohíbe la utilización de los más de 15 mil millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial de Federación (PJF) en la reconstrucción de Acapulco, Guerrero, luego de las afectaciones por el huracán “Otis”.
De acuerdo con registros judiciales, el Gobierno federal impugnó la resolución de Elizabeth Trejo Galán, Jueza Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien determinó suspender las negociaciones entre el Poder Judicial y el Ejecutivo para que el dinero de los fideicomisos se destine al apoyo de las víctimas del huracán en Guerrero.
El asunto se turnó al Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el cual se encargará de determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia.
“Se tiene por interpuesto el recurso de queja de la parte quejosa en contra del auto que resolvió respecto de la suspensión provisional. Remítase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en turno”, detalla el acuerdo 1754/2023.
SEGOB ACUSA CONFLICTO DE INTERÉS
El pasado 10 de noviembre, la Secretaría de Gobernación acusó al Poder Judicial de conflicto de interés, al ser Juez y parte de los amparos promovidos para evitar que los fideicomisos del Poder Judicial –que suman 15 mil millones de pesos– vayan la reconstrucción de Acapulco y otros municipios de Guerrero devastados por el huracán “Otis”, a propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador y que la Ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, había aceptado.
“Lo que nosotros venimos planteando es que son los propios jueces y magistrados los que promueven estos amparos y son ellos mismos los que determinan las suspensiones: solamente para dar un ejemplo: hay tres amparos con suspensión (son jueces de Chihuahua, Ciudad de México y Morelos). En el segundo amparo de una asociación de magistrados y jueces, la Jueza de la causa era agremiada, ella promueve el amparo y ella misma decide la suspensión. Si eso no es conflicto de interés, no sabemos qué signifique”, explicó ese día la titular de Segob, María Luisa Alcalde.
Alcalde señaló que la suspensión en el juicio de amparo es “cuando se presume que puede haber afectación, pero no hay derechos de jueces ni de magistrados del Poder Judicial afectados”.
JUEZA PROHÍBE LA UTILIZACIÓN DEL DINERO DE LOS FIDEICOMISOS
El pasado 8 de noviembre, la Jueza Elizabeth Trejo Galán otorgó una suspensión para prohibir la utilización de los más de 15 mil millones de pesos de los fideicomisos del PJF en la reconstrucción de Acapulco, Guerrero, luego de las afectaciones por el huracán “Otis”.
La Jueza Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México había determinado suspender las negociaciones entre el Poder Judicial y el Ejecutivo para que el dinero de los fideicomisos sea destinado al apoyo de las víctimas del huracán en Guerrero.
El Magistrado Froylán Muñoz Alvarado, director nacional de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito del PJF (Jufed), dio a conocer, en un encuentro con medios de comunicación a las afueras del Palacio de Justicia Federal en San Lázaro, que Trejo Galán ordenó la suspensión temporal, pues “se analizarán las violaciones al procedimiento legislativo” del acuerdo al que ya habían llegado el Presidente Andrés Manuel López Obrador y la Ministra presidenta Norma Piña Hernández.
“En dicha sentencia, con toda seguridad, se analizarán las violaciones al procedimiento legislativo mediante el cual fue aprobado dicho decreto, las violaciones a los principios de independencia y autonomía judicial, división de poderes, progresividad, seguridad social y derechos laborales adquiridos en favor de todos los que integramos la Judicatura Federal. Lo anterior es el derecho que tienen todas y todos los ciudadanos para que los actos de cualquier autoridad legislativa, ejecutiva e incluso judicial sean revisados a través de una sentencia a los ojos de la Constitución por un Juzgado o Tribunal Federal, con el respaldo de un Poder Judicial independiente y autónomo respetuoso del principio de la división de poderes”, dijo Muñoz Alvarado.
Por su parte, la Jueza Elizabeth Trejo concedió la suspensión provisional para el efecto de que no se disponga de los recursos a que hace alusión el decreto, en detrimento de los derechos adquiridos de los miembros del PJF en materia de trabajo y seguridad social, y destacó que la suspensión no afecta el interés público al no aclarar para qué se usará el recurso.
El Poder Judicial, y los poderes Ejecutivo y Legislativo han protagonizado en los últimos meses una férrea batalla por la conservación de esos “guardaditos” por 15 mil millones que, finalmente, el pleno del Senado de la República eliminó el pasado 24 de octubre.
El Presidente López Obrador ha insistido por años en que dichos “guardaditos” sólo han beneficiado a la élite del Poder Judicial, en especial a ministros, magistrados y jueces que, durante décadas, han tenido los salarios y prestaciones más altas en la burocracia federal.
Ante la emergencia en Guerrero, la Ministra Piña Hernández había mostrado una postura más flexible sobre el tema y compartió un oficio en donde le tendía la mano al Poder Ejecutivo.
