Pese a la realización de algunas detenciones por la violación de los Derechos Humanos de la periodista Lydia Cacho, aún se encuentra prófugos la justicia y en libertad el ex Gobernador de Puebla, Mario Marin Torres; el empresario Kamel Nacif y el ex Jefe de la Policía Judicial, Adolfo Karam Beltrán.
Puebla, 15 de noviembre (Periódico Central).– Este día fue detenida María Irene “N”, una de las agentes de la entonces Policía Judicial que estuvo encargada del traslado y que participó en la detención y tortura de la periodista Lydia Cacho el 15 de diciembre del 2005.
Sin embargo permanecen prófugos el ex Gobernador de Puebla, Mario Marin Torres; el empresario Kamel Nacif y el ex Jefe de la Policía Judicial, Adolfo Karam Beltrán.
La detención de la Agente ocurrió esta mañana en un cateo en su casa ubicada en la ciudad de Puebla. Se encuentra en estos momentos en la delegación de la Fiscalía General de la República, en Puebla, para ser trasladada en breve a Cancún.
Su aseguramiento se dio a pesar de que inició un amparo por el caso de tortura en contra de la escritora y activista Lydia Cacho Ribeiro. Como Página Negra informó, las agentes de la Policía Ministerial de Puebla, María Irene “A” y Verónica “Ch” se ampararon para evitar la detención, pero el documento no aplica al ser un delito grave.
El portal informativo detalló el 13 de noviembre que el hijo de la otra ministerial buscada, Verónica “Ch”, fue el taxista muerto localizado en el Camino a Alpuyeca en los límites de Puebla y Amozoc, quien se dedicaba al robo de los usuarios.
DETIENEN A QUIEN TORTURÓ A LA COMUNICADORA
Cabe recordar que el pasado 16 de octubre, Miguel “M”, el ex director de Mandamientos Judiciales que detuvo a Lydia Cacho en 2005, fue detenido por la Fiscalía General de la República (FGR) investigado por tortura contra la periodista.
Posterior a su captura, la dependencia informó que la detención se logró en Cancún, Quintana Roo, en cumplimiento de una orden de aprehensión luego de que un agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, obtuvo el mandamiento judicial, por lo que Miguel “M” fue llevado al Centro de Reinserción Social Cancún.
