El régimen morenista y sus aliados parecen tener prisa en desmantelar el sistema judicial tal y como lo hemos conocido en los últimos lustros. De acuerdo con todos los signos que nos envía la realidad, es inevitable que tendremos un poder judicial sometido a los designios políticos de quienes están gobernando. Ese sería el resultado de todas las maniobras un tanto truculentas del oficialismo para liquidar la independencia de las personas juzgadoras en el ámbito federal. 

Lo primero que va a sucumbir es la existencia de un eficiente servicio de carrera del poder judicial. Este sistema tiene todavía su fundamento en la racionalidad jurídica, en el cultivo de la continúa educación de los profesionales del sistema judicial y en el fomento a su independencia respecto a otros poderes políticos y económicos.

Estamos hablando de uno de los mejores sistemas de carrera del país en el que la mayoría de los que lo conforman es gente honorable con un gran compromiso por el bienestar general.

Ellos han sido objeto de una gran calumnia por parte del grupo en el poder. Desde los funcionarios de gobierno a los representantes en el Congreso, de los medios del oficialismo y sus apologistas en las redes sociales, pero empezando por el ex-Presidente saliente, se les ha acusado de corrupción sin prueba alguna.

En los casos en que sí podría existir corrupción, esta no se solucionará desde luego con la elección de jueces, magistrados y ministros. Antes al contrario, colocarlos en la embarazosa posición de participar en la arena política aumenta el potencial para la corrupción. Ni que hablar del contexto mexicano en el que el crimen organizado puede influir para que una persona juzgadora que pueda representar su intereses triunfe en una elección. Esto sería un desenlace trágico de la transición a la democracia que comenzó en la década de los noventa del siglo pasado y que supuso el establecimiento de un orden republicano que, con todos sus defectos, fue una corrección fundamental al orden autoritario prevaleciente hasta ese momento.

El reciente espectáculo, un tanto bochornoso, de una tómbola en la Cámara Alta – en la que se decidió al azar cuándo se realizarán las elecciones de las personas juzgadoras – es un símbolo ominoso de nuestros tiempos. 

La organización de la elección del poder judicial se realiza a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha decidido que discutirá la constitucionalidad de la reforma judicial que se aprobó hace unas semanas. ¿Qué pasará si la SCJN llega a la conclusión de que la reforma judicial es anti-constitucional? Muy probablemente ingresaríamos a una crisis política de grandes proporciones. 

En una situación propia de un cuento de Kafka arribaríamos a un momento donde una institución declara jurídicamente nula la elección de los jueces que se supone la integrarían el año próximo.

Es en este trágico surrealismo mexicano donde nos ha colocado el oficialismo. 

Gustavo de Hoyos Walther

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Abogado y empresario. Ha encabezado diversas organizaciones empresariales, comunitarias, educativas y filantrópicas. Concentra su agenda pública en el desarrollo de líderes sociales (Alternativas por México), la participación ciudadana en política (Sí por México) y el fortalecimiento del estado de derecho (Consejo Nacional de Litigio Estratégico).

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