El TEPJF ratificó la negativa del INE sobre dar el registro de México Libre, de Margarita Zavala y Felipe Calderón, como partido político.
Ciudad de México, 14 de octubre (SinEmbargo).– La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazó dar el registro como partido político a la organización Libertad y Responsabilidad Democrática o México Libre, liderada por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa y Margarita Zavala Gómez del Campo, con lo que corroboró la decisión tomada por los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) el pasado 5 de septiembre.
Ese día, los consejeros del INE decidieron no otorgarles el carácter de partido por “graves” irregularidades: “Si lo hacen hoy, ¿qué harán después con presupuesto público?”, dijo entonces Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente.
Calderón Hinojosa llegó en 2006 a la Presidencia acusado de fraude. Zavala Gómez del Campo fue señalada y multada por lo mismo en 2018: fraude.
Esta noche del 14 de octubre, el fraude les ha pasado una factura mayor que los deja fuera de la contienda política formal y, además, del acceso al presupuesto público.
En sesión no presencial, a través del formato de videoconferencia, el TEPJF determinó, por mayoría de votos, respaldar la decisión del INE, que negó registro a México Libre como partido político. Entre sus razones, la autoridad electoral subrayó que no había acreditado el origen de recursos de diversos aportantes, por lo que no se pudo corroborar el origen lícito de su financiamiento.
Los magistrados señalaron que un registro como partido político no está condicionado únicamente a la satisfacción del procedimiento estipulado por la ley, sino que también se basa en los principios constitucionales en materia electoral a los que están sujetos todos los partidos políticos. Advirtieron que el actuar de los aspirantes debe ajustarse a los exigencias impuestas a las organizaciones de ciudadanos, como la certeza, la pulcritud y la transparencia en rendición de cuentas.
Las irregularidades resaltadas en la fiscalización de sus recursos, dijeron, deben analizarse por sus circunstancias particulares, contexto, efectos y trascendencia en el procedimiento, para evitar una afectación desproporcionada al derecho de asociación de los ciudadanos afiliados a la organización.
El pleno del TEPJF resolvió que la reglamentación de fiscalización permite que las aportaciones monetarias sean únicamente a través de cheque o transferencia electrónica, mientras que México Libre hizo uso de la aplicación Clip, cuyos comprobantes no permiten identificar a los aportantes, de manera que no se puede verificar el origen lícito de un porcentaje de las aportaciones.
Los magistrados concluyeron que el monto de los recursos recolectados a través de la aplicación fueron muy significativos para cumplir con los requisitos mínimos para aspirar a su registro como partido político, por lo que fue una actuación grave.
Cuatro magistrados votaron a favor de negar el registro a México Libre y otros tres lo hicieron en contra.
El Magistrado José Luis Vargas Valdez, quien sometió al pleno del TEPJF la propuesta para confirmar la negativa del INE sobre el registro de México Libre como partido, se pronunció en contra del uso de la plataforma Clip para recibir ingresos, recordó que los comprobantes mostrados por Libertad y Responsabilidad Democrática A.C. solo señalan cuatro números de la tarjeta usada para las transacciones económicas sin precisar nombres, números de cuenta o bancos de origen de los recursos.
“Podrán ser recursos que se estiman, o que estima la organización que provienen de un origen lícito, pero la autoridad administrativa no tiene forma de corroborarlo”, dijo esta noche durante su intervención.
Agregó que los recibos de aportaciones y cartas de protesta sólo contienen los nombres y direcciones, pero “en ninguna de ellas se precisa las cuentas bancarias de dónde provienen esos recursos que permitan al INE asegurar la pelan convicción de los mismo y que efectivamente provinieron de los sujetos aportados”.
“La autoridad electoral le notificó y le informó que no era un mecanismo válido que utilizaba para este tipo de recaudación”, agregó.
Recordó que aunque Mexico libre argumentó que INE podría investigar el origen de sus recursos, el organismo “no esta obligado a desempeñar dichas facultades de investigación”.
Por su parte, el Magistrado Indalfer Infante opinó que la autoridad electoral incurrió en una “inexacta analogía” por “pretender equiparar los efectos de un parámetro establecido para confirmar la nulidad de una elección a un procedimiento registrado, cuestión problemática en muchos sentidos no solo por el hecho de que no existe semejanza relevante o significativa en la naturaleza del procedimiento”.
“También por el hecho de que un porcentaje sobre un monto que no está predeterminado como sí lo esta el tope de gastos de campaña genera incertidumbre y un trato injustificadamente desigual entre organizaciones que no tienen un límite de ingresos”, agregó.
El Magistrado Vargas Valdez volvió a intervenir, opinó que el monto de recursos no comprobados no constituye defina la trascendencia de la irregularidad, “lo que realmente define la magnitud de la irregularidad deriva del impacto que esta tuvo en el desarrollo del procedimiento para obtener el registro”, expuso.
En su intervención, Reyes Mondragón, Magistrado cuestionado por su cercanía con los Calderón-Zavala, pidió complementar la información de México Libre ante el INE. Y se apartó del proyecto, porque dijo que el INE debió consultar a la Comisión Bancaria y de Valores.
El controvertido Magistrado agregó que el INE sólo necesitaba el nombre y la credencial de los aportantes a México Libre y, además, se bancarizó el tema.
En síntesis, dijo, el INE no hizo una investigación de rastrear los ingresos, por lo que recomendó reponer el procedimiento. El Magistrado, ligado a los Calderón-Zavala, expuso que “no hay gravedad” en las faltas presentadas.
La negativa de registro implicaría una causa injustifica a la libertad de reunión, expuso; el magistrado agregó: “Como autoridad electoral, me parece que se debe de proteger la facultad de organización y asociación”.
Y, luego, votó en contra del proyecto para negar a Calderón y Zavala el registro de México Libre.
En su intervención, el Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera adelantó que se pronunciaría a favor de proyecto del Vargas Valdez. Recordó que las normativas establecen que las aportaciones deben ser invariablemente por cheque o transferencia electrónica, “por lo que es evidente que quien tiene la carga u obligación de cumplir demostrando que fue con cheque o transferencia es la organización ciudadana”.
La Magistrada Mónica Aralí Soto opinó que es necesario que las organizaciones que pretendan conformarse como partidos respeten los parámetros de validez.
“Estimo que la autoridad responsable actuó de manera debida al negar el registro, pues la agrupación actora desatendió los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios vinculados con su solicitud como partido político nacional”, mencionó.
El Magistrado Vargas Valdez hizo público desde el 13 de octubre el proyecto avalado por el TEPJF, en él argumentó que Libertad y Responsabilidad Democrática A.C no acreditó el origen de las aportaciones en dinero que recibió de sus simpatizantes.
bffe02753e1c6c4“Estimo que el derecho de asociación de sus afiliados se vio afectado por las irregularidades sistemáticas cometidas por la misma organización, que no fueron subsanadas ante el INE durante el proceso de revisión de sus ingresos y egresos para la obtención de su registro”, detalló desde su cuenta de Twitter.
En aras de los principios de transparencia y máxima publicidad, y por considerarlo un asunto de interés general, con fundamento en el Acuerdo 9/2020 aprobado por la Sala Superior para la publicación de los proyectos de resolución… (1/9) https://t.co/5KkRQoUFp0 pic.twitter.com/I2fV8g9AsJ
— José Luis Vargas Valdez (@JL_VargasV) October 13, 2020
El Magistrado dijo que no comparte las consideraciones en las que el INE se basó para negar el registro de México Libre como partido, pero consideró que la infracción en materia de fiscalización vulneró “los principios constitucionales de transparencia, rendición de cuentas, certeza y pulcritud, que repercuten de forma determinante en la concesión del registro”.
