El responsable del 27 Batallón de Infantería de Iguala era el actual General José Rodríguez Pérez, quien fue mencionado el mes pasado por el Subsecretario de Gobernación y presidente de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas, como el presunto responsable de la desaparición de seis de los 43 estudiantes, ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre del 2014.
Ciudad de México, 15 de septiembre (SinEmbargo).- Ricardo Mejía Berdeja, Subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, reveló la mañana de este jueves que ya se ejecutaron tres de las cuatro órdenes de aprehensión que se liberaron en contra de elementos del Ejército mexicano por el caso Ayotzinapa. Entre los aprehendidos, confirmó, se encuentra el General José Rodríguez Pérez, quien era el Comandante del 27 Batallón de Infantería en Iguala cuando ocurrió la desaparición de los 43 normalistas en septiembre de 2014.
“Informar también con relación al caso Ayotzinapa y con relación al informe que presentó en días pasados la Comisión Presidencial para la atención del caso Ayotzinapa, que preside el Subsecretario Alejandro Encinas, que al momento se han liberado cuatro órdenes de aprehensión contra elementos del Ejército mexicano. Al momento se han ejecutado ya tres de ellas. Hay tres detenidos, entre ellos, el Comandante del 27 Batallón de Infantería cuando se suscitaron los hechos en Iguala en septiembre de 2014. Ya tres detenidos, hay cuatro órdenes de aprehensión y se seguirá informando al respecto”, dijo en la conferencia de prensa del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Ni la Fiscalía General de la República (FGR) ni la Secretaría de la Defensa (Sedena) han informado en qué condiciones se dio este arresto del General, señalado como participante de los eventos funestos contra los estudiantes en el ataque en el que participaron distintas autoridades y grupos criminales entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Algunos medios dicen que José Rodríguez Pérez se habría entregado ayer por la tarde a las autoridades en la Ciudad de México y que posteriormente fue llevado a la prisión militar.
El General José Rodríguez Pérez, Comandante del 27 Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero, cuando hace ocho años desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa, fue detenido por presuntamente ordenar el asesinato de seis de ellos y ya está preso en la prisión del Campo Militar Número Uno.
Rodríguez Pérez tenía el grado de Coronel cuando ocurrió la desaparición de los 43 normalistas, la noche del 26 y la madrugada de 27 de septiembre de 2014, y según Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), habría ordenado el asesinato de seis de los normalistas que estaban cautivos en una bodega de Pueblo Viejo, en Iguala.
“Se presume que seis de los estudiantes se mantuvieron con vida hasta cuatro días después de los hechos y que fueron ultimados y desaparecidos por órdenes del Coronel”, aseguró Encinas sobre Rodríguez Pérez en la presentación del informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (CoVAJ), el 26 de agosto, en Palacio Nacional.
El actual General Rodríguez Pérez es uno de los al menos veinte elementos de las Fuerzas Armadas de México, mandos y tropa, contra quienes se han librado órdenes de aprehensión o se han involucrado en el caso Ayotzinapa, entre ellos el General de División Alejandro Saavedra Hernández; así como los almirantes Marco Antonio Ortega, Jefe de la Unidad de Operaciones Especiales, y Eduardo Redondo Arámburu, titular de la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina (Semar).
El anuncio de esta detención ocurre después de otra captura importante: la de Jesús Murillo Karam, exprocurador General de la República. El padre de la llamada “verdad histórica” fue aprehendido por la FGR el pasado 19 de agosto, pues se le acusa de los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa.
Ante la presión pública para que se aclarara un crimen que generó conmoción dentro y fuera de México, Murillo Karam fue quien calificó como “verdad histórica” su versión de los hechos: que los jóvenes fueron capturados por policías locales y entregados a criminales, y que éstos los mataron, los quemaron a todos en una gran hoguera en un basurero y arrojaron los restos a un río.
Sin embargo, un grupo de expertos internacionales y la actual Fiscalía mexicana echaron por tierra la versión del basurero, confirmaron que en el crimen participaron distintas autoridades, fuerzas de seguridad y militares, que hubo manipulación de pruebas y que se torturó a decenas de detenidos, lo que unido a otras irregularidades derivó en que muchos de los procesados quedaran en libertad.
En 2020, el actual Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, acusó a Murillo Karam de “orquestar un engaño mediático masivo”. Dos años después fue detenido en su casa en la Ciudad de México y, según el comunicado oficial, sin que opusiera resistencia. Se convertía en el primer exprocurador General mexicano en ser capturado por la institución que él mismo dirigió.
Horas después de la aprehensión de Murillo Karam, la Fiscalía informó en un comunicado de la emisión de 83 órdenes de captura, 20 de ellas de militares y el resto de policías, funcionarios estatales o delincuentes, por distintos delitos vinculados con el caso: delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia.
Murillo Karam, exlegislador y exgobernador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), de 74 años, dirigió la entonces Procuraduría General de la República (PGR) de 2012 a febrero de 2015, durante la primera mitad del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.
Dejó el cargo cinco meses después del crimen, tras haberse convertido en una de las personas más criticadas por los padres de los estudiantes, que desde hace años habían pedido su arresto. En una ocasión dio por terminada una conferencia de prensa con el argumento de que ya se había cansado de dar explicaciones.
Hasta ahora, el más alto funcionario acusado en el caso, también por torturas y desaparición forzada, era Tomás Zerón, el jefe de la investigación y subalterno de Murillo Karam. Zerón se encuentra oculto en Israel. México le ofreció un acuerdo para que colabore con la justicia, pero Alejandro Encinas, Subsecretario de Gobernación, dijo que no aceptó.
La desaparición de los 43 estudiantes el 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, trascendió a nivel nacional e internacional porque, pese a la violencia en la que ha estado sumido el país desde hace años, este caso resumía muchos de sus males: víctimas jóvenes, la acción del narcotráfico, la corrupción de las autoridades, la impunidad y el fenómeno de los desaparecidos.
¿QUÉ PASARÁ CON JOSÉ LUIS ABARCA?
Por otra parte, el Subsecretario de Seguridad también habló hoy de la absolución de José Luis Abarca Velázquez, exalcalde de Iguala, por el delito de secuestro en contra de los 43 estudiantes normalistas, la cual se va a impugnar.
“También quiero señalar con relación al fallo de un Juez de Control en el estado de Tamaulipas, en el caso de Matamoros, en contra de José Luis Abarca, donde generó la absolución por el delito de secuestro agravado en contra de José Luis Abarca por el tema de Ayotzinapa, de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas, hechos cometidos en septiembre de 2014, informar que el Juez de procesos penales del estado de Tamaulipas en Matamoros decretó la absolución en primera instancia de José Luis Abarca y 19 personas más. Esto se va a impugnar por parte del Ministerio Público federal, de tal suerte que José Luis Abarca y estos 19 copartícipes no saldrán de prisión”, afirmó.
Desde Palacio Nacional, el funcionario adelantó que se interpondrá una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en contra del Juez de procesos federales que emitió dicha resolución, ya que “con esta sentencia absolutoria en primera instancia de José Luis Abarca y 19 personas, acumula un total de 98 exoneraciones en primera instancia en contra de diferentes individuos que participaron en estos hechos”.
“Se sigue impugnando legalmente. No va a haber impunidad, pero sí es importante también señalar que se va a proceder en términos de la Ley ante el Consejo de la Judicatura en contra de este Juez de procesos penales”, concluyó.
El exalcalde de la ciudad del sur de México de la que desaparecieron 43 estudiantes en 2014, su entonces jefe de policía y otras 18 personas más implicadas en el caso fueron absueltas de participar en los hechos por falta de pruebas, según determinó un Juez federal.
Alejandro Encinas, Subsecretario de Gobernación y presidente de la Comisión de la Verdad que investiga la desaparición de los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, lamentó el miércoles la decisión del Juez Samuel Ventura Ramos y, a través de Twitter, confió en que la Fiscalía General de la República apele lo que llamó “este desafortunado acto de impunidad”.
Lo dicho. Nuevamente el juez de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, quien liberó a 77 presuntos perpetradores implicados en la desaparición de los estudiantes de #Ayotzinapa, hoy absolvió a José Luis Abarca, uno de los principales involucrados en la desaparición de los muchachos
— Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) September 14, 2022
Según la notificación judicial a la que tuvo acceso The Associated Press, un total de 20 personas, entre ellas Abarca y el jefe de la policía de Iguala para ese momento, Felipe Flores, fueron absueltas del delito de “secuestro agravado… al no haberse acreditado los elementos de los delitos enunciados”.
La absolución de Abarca por ese delito previsiblemente no implicará su liberación porque está siendo procesado por otros cargos. Fue capturado a finales de 2014 junto a su esposa. A ambos se los acusó de estar involucrados con un cártel local.
Encinas denunció que el mismo Juez que absolvió a Abarca, “uno de los principales involucrados en la desaparición de los muchachos”, fue también quien “liberó a 77 presuntos perpetradores implicados en la desaparición de los estudiantes”.
Esas liberaciones se debieron en parte a que desde 2016 fueron prosperando los amparos de los detenidos por los errores e inconsistencias en los primeros días de recopilación de pruebas, según los críticos. Además, en junio de 2018, un tribunal colegiado echó por tierra toda la investigación federal porque, según dijo, “no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial por parte de la Procuraduría General de la República”, y ordenó repetirla.
Numerosas investigaciones gubernamentales e independientes no han logrado llegar a una versión concluyente sobre lo que le sucedió a los 43 estudiantes, pero se presume que la policía local los sacó de varios autobuses en Iguala la noche del 26 de septiembre y los entregó a una banda de narcotraficantes. El motivo sigue sin estar claro. Nunca se han encontrado sus cuerpos, aunque se han localizado fragmentos de huesos quemados de tres de los estudiantes.
El papel del Ejército en la desaparición de los estudiantes ha sido durante mucho tiempo una fuente de tensión entre las familias y el Gobierno. Desde un principio hubo dudas sobre el conocimiento de los militares de lo sucedido y su posible participación. Los padres de los estudiantes exigieron durante años que se les permitiera registrar la base militar en Iguala. Recién en 2019 se les dio acceso junto con Encinas y la Comisión de la Verdad.
El caso Ayotzinapa se ha convertido en todo un símbolo en un país con más de 100 mil desaparecidos y donde todavía imperan altísimos niveles de impunidad, corrupción y violencia.
-Con información de Álvaro Delgado y AP
