Luego de que la declaración de Emilio Lozoya sacara a la luz el financiamiento que Nacional Financiera otorgó a un diario nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se subió al tema y dijo que en los sexenios anteriores se usó a la banca de desarrollo “de manera muy irregular”.
Ciudad de México, 15 de septiembre (SinEmbargo).- Son seis las entidades que conforman la banca de desarrollo mexicana y la mayoría de ellas acumula en el registro de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) diversas anomalías en su funcionamiento, incluso en casos sensibles, por ejemplo, en el caso del dinero para las víctimas de los sismos de 2017.
La semana pasada, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se auditará a esos organismos por su participación en presuntos casos de corrupción. El tema salió por el financiamiento que recibió un diario nacional en 2014.
“Por primera vez se va a llevar a cabo una auditoría a toda la banca de desarrollo, porque en todo esto de Odebrecht, en lo de los fertilizantes, en todo, se utilizó a la banca de desarrollo de manera muy irregular, discrecional, se ordenaba de arriba dar los créditos; también en la Financiera Rural, lo que era antes Banrural. Entonces, vamos a hacer una auditoría”, comentó en su conferencia matutina del 9 de septiembre.
El Presidente agregó que de esas entidades financieras salieron los créditos para la planta de Odebrecht de Etileno XXI, “y antes de que empezaran a operar la planta ya les estaban devolviendo IVA, y con la devolución del IVA pagaron el crédito. Muy extraño. Cuando pedí que se investigara, resultó que era legal. No, los tecnócratas era magos, se suponía que era un estímulo a la inversión”.
Por el “influyentismo”, dijo, esos créditos no llegaron a las pymes o a una pequeña o mediana empresa.
La ASF tiene observaciones de los últimos 10 años de Nacional Financiera (Nafin), Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjército).
De acuerdo con una revisión hecha por SinEmbargo, son esas las dependencias que acumulan más anomalías, principalmente deficiencias de información, reembolsos perdidos, supervisiones deficientes y el otorgamiento de créditos sin expedientes legales que los sustentaran.
Estos son algunos ejemplos relacionados con el otorgamiento de financiamiento.
En primer lugar, Bansefi en la asignación y recuperación de créditos, otorgó 21 créditos que no contaron con un expediente, además de que la ASF no encontró evidencia de la entrega del expediente de otros 103 créditos, por 3 milllones 927 mil pesos, que rebasaron los 90 días naturales de vencidos. Esto en 2015.
El caso más polémico de Bansefi, relatado por la ASF es sobre los apoyos para los damnificados por los Sismos del 7 y 19 de Septiembre de 2017, actividad que le fue encomendada junto a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) de Rosario Robles.
El manejo de los créditos por parte de ambas dependencias provocó que no se contara con un número definitivo de damnificados por los sismos, por lo que tampoco se pudo programar y priorizar los apoyos para la reconstrucción de las viviendas afectadas.
“Al 31 de diciembre, el Bansefi había dispersado el 92.4 por ciento (5 mil 917 millones 815 mil pesos) del monto en 238 mil 311 tarjetas FONDEN monetario y de Vivienda, sin que ello significara que el monto y las tarjetas hubieran sido entregados al beneficiario […] los damnificados no accedieron de forma eficiente, oportuna y completa a los recursos del FONDEN, ministrados por el Bansefi para reconstruir los daños parciales o totales causados a sus viviendas, debido a la ausencia de disposiciones normativas para regular el servicio de dispersión de recursos”, concluyó la ASF.
No solo fue eso, en cuanto a la fabricación de tarjetas, en 2017, Bansefi dispuso de 341 mil 794 tarjetas, de las cuales el banco encargado de manejarlas recibió 500 solicitudes de aclaraciones por cargos no reconocidos, por un monto de 3 millones 726 mil pesos.
En el caso de Banobras, lo que encontró la ASF fue con relación al dinero de los fideicomisos para infraestructura. Banobras, como fiduciario del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), no realizó un seguimiento de la rentabilidad monetaria obtenida de los proyectos y fondos de inversión.
Además, se encontró que las decisiones del ejercicio de los recursos reposan únicamente en los integrantes de su Comité Técnico, que no están bajo ninguna regulación gubernamental, por lo que se tienen anomalías en los aprovechamientos, sobre todo por la explotación de las concesiones carreteras, que es dinero que debería recibir el Gobierno federal.
En 2017, el Fonadin presentó un déficit patrimonial de 117 millones 592 mil pesos. Ese mismo año la ASF detectó que realizó indebidamente pagos al prestador de servicios de personal por outsourcing, por un monto de 1 millón 679 mil pesos, por concepto de liquidaciones, aun cuando dicha obligación estaba a cargo de la empresa contratada.
En lo que respecta a Nafin, de acuerdo con la ASF, ésta no contó con metas y objetivos para evaluar el desempeño de sus propias inversiones y en 2019 modificó sus indicadores para sus metas en la Agenda 2030; de la validación de la documentación comprobatoria de los reembolsos, únicamente se verificó el destino del crédito en 85 por ciento de los casos y además, carece de la definición de criterios y requisitos que deben cumplir los acreditados para ser sujetos de periodos de gracia, renovaciones o reestructuras.
Bancomext otorgó créditos durante 2017 por un monto de 185 millones 959 mil pesos, sin tener la evidencia suficiente de que fueron autorizadas por los comités facultados, ya que las actas de las sesiones de estas instancias de decisión no tenían las firmas requeridas.
Para 2017, el banco de comercio exterior carecía de una política o procedimiento específico para la identificación y la gestión de riesgos de corrupción de sus procesos sustantivos.
Finalmente, en lo que respecta a Banjército, la ASF encontró que apenas en 2018, en dos créditos de cartera vencida, por 3 mil 801 millones 053 mil pesos no se identificó que las disposiciones realizadas por las acreditadas implicaban un riesgo en la recuperación de
los recursos en 2017.
