Por Paulina Castaño*
A cuatro años del Gobierno de AMLO, el gasto en publicidad oficial mantiene las mismas tendencias. En 2022 permanecen las malas prácticas: subejercicios, concentración del gasto en algunos medios y la falta de criterios en la asignación de recursos.
En 2022 se destinaron 3 mil 182 millones de pesos a comunicación social, de los que se ejerció el 76.44 por ciento, es decir, 2 mil 432 millones. A la par, el gobierno está destinando menos recursos a la publicidad oficial: en 2019 se asignó un monto de 5 mil 932 millones, en comparación con 2022, lo que implica una marcada diferencia de 2 mil 751 millones.
Tampoco es sorpresa que en 2022 un número reducido de medios de comunicación hayan concentrado los recursos: de un total de 450 medios que recibieron recursos, diez de ellos acapararon el 52.88 por ciento, lo que representa mil 283 millones. De estos 10 medios, Televisa, TV Azteca y La Jornada sumaron 683 millones de pesos, que representa el 28.10 por ciento del presupuesto ejercido en comunicación social. Como hemos documentado antes, la concentración de la publicidad oficial en pocos medios afecta significativamente la pluralidad mediática y limita la libertad de expresión.
Algo relevante es que este Gobierno está destinando publicidad oficial a las radios comunitarias, lo que no sucedía en administraciones pasadas. En 2022, solo cuatro radios recibieron recursos por un monto de 20 millones de pesos, lo que equivale al 0.85 por ciento del total del gasto en comunicación social para 2022. Aunque esto es de algún modo positivo, en realidad está lejos de lo establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, donde se establece que las concesionarias de uso social deberían tener el uno por ciento del total de la pauta.
En cuanto al gasto de las instituciones, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Lotería Nacional para la Asistencia Pública (Lotenal) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) fueron las dependencias del gobierno federal que más recursos ejercieron. La primera dependencia ejerció 681 millones; la segunda 487 millones; y la tercera 209 millones.
Finalmente, una de las constantes en este y pasados gobiernos es lo que se conoce como “gasto decembrino”. En 2022 el 67.46 por ciento de los recursos destinados a publicidad oficial se ejercieron en el mes de diciembre, lo que evidencia una falta importante de planeación que podría tener implicaciones en la eficiencia y efectividad de la publicidad oficial.
Aunque en 2022 no hubo sorpresa alguna sobre el ejercicio de la publicidad oficial, preocupa que estas tendencias se repitan en la siguiente administración de Gobierno. Sin una buena regulación de la publicidad oficial, con base en los más altos estándares internacionales, persistirán las malas prácticas y este gobierno pasará a la historia como otro más que perdió la oportunidad de tener una ley de avanzada en materia de comunicación social.
¿Qué se necesita para que esto suceda?, ¿una tercera llamada del poder judicial al legislativo para que regule de manera adecuada?, ¿o solo voluntad para hacerlo? Al no contar con reglas claras, objetivas, idóneas y transparentes para la distribución de la pauta, la libertad de expresión se verá en riesgo, al igual que la supervivencia de los medios de comunicación.
* Paulina es investigadora en el programa de Justicia Fiscal de @FundarMexico
