El Presidente Andrés Manuel López Obrador fue atrapado por la lógica de su narrativa. Cierto que hablar de lógica no es, obligadamente, un asunto de coherencia, y viceversa.

La llamada “Cuarta Transformación” ha empleado a la historia para impregnar todo el sexenio de un espíritu fundacional, que llegó para quedarse y ser recordado al paso de las centurias.

Lo vemos ahora que se pretende imponer la existencia constitucional, imposible por cierto, de la Guardia Nacional como un aparato propio del Ejército. Nuestra Constitución establece que “las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil”. Este texto es de 2019 y fue pactado al más alto nivel con el Gobierno actual.

Pero además hubo otro acuerdo que se tradujo en Ley para que la Guardia Nacional tuviese una presencia militar que se agotaría en cinco años, algo pensado en términos transicionales para dar pie a la construcción de un esquema civilista que, aparte de ser el que establece la Carta Magna, es el único deseable para un Estado democrático, del cual está cada día más distante en esta materia el Presidente de la república.

López Obrador quiere que su Guardia Nacional quede en la esfera de lo militar, y advierte que lo hará por una vía legislativa porque, arrogante, presume su mayoría congresional; o por decreto, que sería la expresión del talante antidemocrático más definido.

Cuando se habla de la vía legislativa se advierte en el discurso presidencial que el tema podría quedar, finalmente, en manos de un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que es presumible que alguna fuerza llevaría al ámbito del Tribunal constitucional la decisión de poner punto final a una eventual controversia.

Esto muestra un punto más de ese talante antidemocrático, porque la Ley suprema es muy clara al marcar la frontera entre las fuerzas de seguridad pública, que han de quedar a resguardo del orden civil, nunca en el militar, de acuerdo a la reforma de 2019.

En esta delicada agenda, López Obrador sabe a ciencia cierta que la Suprema Corte ha sido omisa al resolver temas que involucran a las fuerzas armadas, como lo demuestra, por ejemplo, el que no se haya emitido un fallo sobre la demanda de acción de inconstitucionalidad del Código de Justicia Militar que data de hace seis años, y su correspondiente de Procedimientos Penales. Si por la víspera los días, es pronosticable que se terminaría el sexenio y quedaríamos en la indefinición de un tema nodal que en esencia ya está resuelto cuando se pactaron los cinco años que he mencionado.

El espíritu fundacional se quiere heredar a futuros gobiernos. De emitir López Obrador el decreto vertical para que prevalezca su voluntad, se pretendería legitimar lo que no tiene, de ninguna manera, el rango constitucional que debe regir en todo esto, y que de paso, nos hablaría de la nula presencia de los contrapesos que deben existir entre los poderes para su propio control. El asunto es grave, porque no estaríamos ante una solución de fondo.

Pero no está de más enfatizar que la Guardia Nacional, compuesta en grueso número por elementos del Ejército y la Marina, no ha pasado la prueba de la eficacia, ya que cuando menos dos elementos así lo indican: su incapacidad para inhibir la violencia, la nefasta acción del crimen organizado y su delincuencia atroz, como lo demuestra la misma estadística oficial, y el hecho de que la Guardia Nacional no ha logrado la paz ni la tranquilidad del país, y a la vez se le ha puesto al servicio de tareas ajenas, como en asuntos de migración, por una parte. Por otra, tampoco estamos en presencia de una rendición de cuentas que debe ser escrupulosa y a lo cual es renuente particularmente el Ejército.

En lo que va de este Gobierno, ciertamente, no ha habido escándalos como los de Ayotzinapa o Tlatlaya, pero eso no justifica, de ninguna manera, que se pretenda constitucionalizar la militarización del país, que está en marcha y es altamente preocupante. Y mucho menos si siguen presentándose asonadas criminales como las registradas el pasado jueves en Ciudad Juárez.

El espíritu fundacional del lopezobradorismo va acompañado de otra idea, peregrina por cierto: que siempre van a estar en el poder los suyos; pero basta imaginar que pueden llegar los Calderones y Peñanietos que, entonces sí, tendrían la Ley plena en sus manos para hacer y deshacer.

Este capítulo está pronto a resolverse, con todas las resistencias imaginables por lo delicado del tema. Basta leer en entrevista a Omar García Harfuch (El Heraldo de Chihuahua, 10-ago-22), el Secretario de Seguridad Pública de Claudia Sheinbaum, para percatarse de que hay reticencias fuertes para ver al Ejército patrullando cotidianamente las calles capitalinas. Algo significativo ha de haber en esto, pues el funcionario es hijo de un general que fue famoso e influyente en la vida política nacional.

Jaime García Chávez

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Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.

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