En la última década se han registrado incidentes en más de la mitad del país. Los reportes de las autoridades dan cuenta de al menos 276 accidentes que se han cobrado la vida de por lo menos 270 personas. Los eventos han ocurrido en minas, muchas veces, controladas por magnates mexicanos y por empresas canadienses.
-Con información de Dulce Olvera
Ciudad de México, 15 de agosto (SinEmbargo).– La tarde del 3 de agosto un estruendo resonó en una mina de carbón localizada en Sabinas, Coahuila. Se trató de un derrumbe en un área contigua de una vieja mina abandonada hace casi 40 años, que estaba repleta de agua, lo que provocó una inundación en tres de los pozos de la instalación de unos 60 metros de profundidad. En el lugar trabajaban 15 personas, pero sólo cinco lograron salir.
La tragedia —que ha movilizado durante días al Gobierno federal— ha evidenciado una vez más las condiciones precarias en las que laboran los trabajadores de esta industria, bajo control de los hombres más ricos del país y de empresas canadienses. Los mineros de Sabinas, todos de bajos recursos, trabajaban en el lugar sin medidas de seguridad ni supervisión de las autoridades.
Este caso se suma a una larga lista de incidentes que muestran la falta de garantías en las que trabajan los mineros en el país. De 2012 a 2022 se han registrado al menos 276 incidentes en minas de 19 estados del país, a los que se suma lo sucedido en Sabinas, Coahuila, una de las seis entidades que concentran el 82.97 por ciento de los casos, según las cifras de Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía. Las otras son: Chihuahua, Durango, Zacatecas, Sonora y Guanajuato.
La misma información da cuenta que estos incidentes se han cobrado la vida de al menos 270 personas y ha dejado a otras 104 con lesiones, no obstante, no se cuentan con datos de 2019. Los focos rojos se encuentran sobre todo en Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas.
En respuesta a la solicitud 330025922000317, la Secretaría de Economía dio a conocer el pasado 1 de abril que estas cifras corresponden a aquellos accidentes que se notifican a la Dirección General de Minas, ya sea por correo electrónico, comunicado de las empresas, Secretaría del Trabajo, periódicos locales de las comunidades o periódicos nacionales.
Estos percances se han registrado en minas en control de los grandes consorcios. Año con año, en el reporte, aparecen los nombres de Minera Real de Ángeles, Minera San Francisco del Oro, Minera Tayahua de Grupo Frisco, de Carlos Slim, el hombre más rico de América Latina; así como de Minerales Metálicos del Norte, Industrial Minera México y Buenavista del Cobre, de Grupo México, de Germán Larrea, el segundo en la lista de Forbes de los magnates mexicanos.
También figuran entre las minas concesionadas en donde se han registrado estos accidentes: Minera Bismark, Minera Fresnillo, Minera Maple, Unión minera de Naica, Minera Penmont, Minera Madero, Minera Saucito, Exploraciones Mineras Parreña, todas ellas pertenecientes a la familia Baillères. En las minas en donde se registraron estos incidentes también se identifica a Minera del Norte, subsidiaria de Altos Hornos de México (AHMSA), de acuerdo con la información proporcionada vía transparencia por la Secretaría de Economía.
De igual forma se identifican entre las minas siniestradas a Minera Mexicana El Rosario, que desde 2004 es empresa subsidiaria del grupo canadiense Great Panther Silver Ltd; a Minera La Encantada, de la canadiense First Majestic Silver Corporation; a Minera Excellon de México, que pertenece al grupo canadiense Excellon Resources Inc.; a Compañía Minera del Cubo, que desde el 2012 pertenece al grupo canadiense Endeavour Silver Corp; a Capstone Gold, subsidiaria del grupo canadiense Capstone Mining Corp; a Minera Peñasquito, que forma parte del grupo estadounidense Newmont Corporation; a Aranzazu Holding, del grupo canadiense Aura Minerals Inc; a Primero Empresa Minera, que pertenece al grupo canadiense Primero Mining Corporation, y a Conzamin, S.A. DE C.V, subsidiaria del grupo canadiense Capstone Mining Corp, entre otras.
Los datos proporcionados por las autoridades en abril del presente año indican que en 2012 hubo 40 accidentes que dejaron 55 fallecidos y 25 lesionados; en 2013, se tuvo conocimiento de 37 percances que le costaron la vida a 40 personas y dejaron lesiones en 16 más. En 2014, según los mismos datos, hubo 27 accidentes con 30 fallecidos y 7 lesionados; en 2015, hubo 36 eventos que dejaron 30 personas muertas y 9 más con heridas.
Para 2016, las autoridades tuvieron conocimiento de 37 accidentes con 32 fallecidos y 7 lesionados; un año después, en 2017, se reportaron 28 percances que resultaron en la muerte de 25 personas y que dejaron 16 lesionados; en 2018, la cifra de eventos fue de 27, con 30 fallecidos y 9 lesionados; en 2019 sólo se sabe que hubo 20 accidentes, pero se desconoce cuántas personas murieron y cuántas resultaron heridas. En 2020, hubo 12 accidentes con 11 fallecidos y 5 lesionados; en 2021, fueron 11 incidentes con 16 personas que murieron y 10 que resultaron heridas. En 2022, al momento de la solicitud de información, sólo se tenía conocimiento de un evento en Chihuahua, que dejó un fallecido.
PIDEN CAMBIAR LA LEY
El colectivo “Cambiémosla Ya”, integrado por comunidades y organizaciones, lleva dos años presionando al Congreso —a la Cámara de Diputados y al Senado— para que modifique la Ley Minera aprobada en 1992 en el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) en el marco del TLCAN (hoy T-MEC).
Piden que se hagan reformas o derogaciones a los artículos 6, 15 y 19, y proponen modificar el régimen de largas e indiscriminadas concesiones y eliminar los privilegios que tienen las empresas mineras para el acceso a la tierra y al agua, entre otros puntos.
Reformar esta Ley Minera, señalan, es poner un freno a minas clandestinas como las carboneras de Coahuila, y a las concesiones mineras sobre áreas naturales protegidas. También, como exigen, en vez de solo multas es cancelar concesiones causantes de desastres ambientales que han hecho millonarios a Carlos Slim (Grupo Frisco), Germán Larrea (Grupo México), a la familia Baillères (Grupo Peñoles) y a grupos extranjeros.
El informe “El Carbón rojo de Coahuila”, por ejemplo, de la organización Familia Pasta de Conchos, da cuenta de cómo en la extracción sólo de carbón —sin contar la de otros minerales— se tienen documentados desde el año 1883, 310 eventos mortales en minas de carbón con 3 mil 103 muertes.
En Pasta de Conchos la madrugada del 19 de febrero de 2006, hubo una explosión en la mina carbonera propiedad de Grupo México, que causó la muerte de 65 mineros, de los cuales 63 no han sido rectadados, “lo que ha traído como consecuencia inesperada, que importantes sectores, organizaciones y medios de comunicación pusieran su mirada, su voluntad y energía para actuar a favor de más de 100 mil personas afectadas por las minas, plantas de beneficio, patios de mezcla y transporte de carbón”, dice el reporte.
La activista de Pasta de Conchos Cristina Auerbach insistió en días pasados en las afectaciones de la Ley Minera actual, ya que al abrir la extracción de minerales a privados, los caciques políticos se quedaron las minas carboneras y se dividieron las razones sociales para difuminar responsabilidades al momento de incidentes como el de Sabinas en 2011, Múzquiz en 2021 y Agujita en 2022.
En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas de SinEmbargo al Aire lo explicó así:
“Qué es lo que pasa, que la mina es mía, pero el contrato con CFE lo saca Alejandro, pero quien registra a los trabajadores es Álvaro. Entonces cuando sucede una desgracia, yo salvo mi mina, Alejandro salva el contrato y Álvaro responde ante el seguro social sin ninguna consecuencia de nada y todo sigue igual. Aquí [pozo Agujita] cuando menos hay tres o cuatro nombres o razones sociales involucradas en un mismo centro de trabajo”.
En ese sentido, el colectivo “Cambiémosla Ya” ha solicitado a los legisladores aprobar una reforma integral a la Ley Minera para controlar las 30 mil concesiones mineras en el 60 por ciento del país que pueden renovarse hasta por 100 años (artículo 15). También les piden que la reforma contemple sanciones proporcionales a los desastres socioambientales como el causado por Grupo México de Germán Larrea en los ríos Sonora en 2014 o Pasta de Conchos en 2006.
Concretamente, proponen estos seis cambios a la Ley salinista: 1) Eliminar el carácter de utilidad pública y de preferencia de las actividades mineras por encima del uso humano y agrícola; 2) Respetar el derecho a decidir de los indígenas respecto del otorgamiento de concesiones mineras en sus territorios; 3) Cambiar el esquema y régimen abusivos de las concesiones (cancelarla si violan derecho al medio ambiente sano y salud); 4) Quitar los privilegios de acceso a la tierra y al agua que se otorgan a las empresas; 5) Blindar Áreas Naturales Protegidas y arqueológicos; y 6) Que las empresas mineras transparenten la información financiera y de sus actividades.
Al respecto, la investigadora de la UNAM Leticia Merino, titular del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente, dijo a la reportera de SinEmbargo, Dulce Olvera, que se necesita poner un freno a minas clandestinas como las carboneras de Coahuila, y a las concesiones mineras sobre áreas naturales protegidas, y anteponer los intereses de las comunidades a los de los grandes empresarios mineros como Carlos Slim, Germán Larrea y la familia Baillères.
“Con este destrozo de la minería que cuesta vidas, genera pobreza y enfermedad estos señores aumentan ceros a la derecha de sus chequeras millonarias y también las empresas extranjeras que son en su mayoría canadienses, pero también hay americanas y chinas, generan ganancias millonarias destruyendo todo modo de vida”, aseguró.
Hasta el momento, sin una Ley Minera que los cobije, poblados han recurrido a la Suprema Corte de Justicia (SCJN) como la comunidad náhua de Tecoltemi, Puebla. Tras una lucha de años, logró que la Secretaría de Economía cancelara en julio las concesiones con que contaba la canadiense Almaden Minerals para desarrollar un proyecto de minería a cielo en el municipio de Ixtacamaxtitlán, por lo que está imposibilitada de explorar y explotar minerales en esa zona de la Sierra Norte de Puebla con el río Apulco.
Pero es un caso aislado hasta que el Poder Legislativo reforme la Ley Minera para replicarlo a nivel nacional.
