El ex candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la gubernatura de Baja California aseguró que va a solicitar a la Fiscalía General de la República (FGR) que pida los videos captados por las cámaras de seguridad del hotel en Mexicali, donde se pudieron entregar los recursos, para comprobar si existió el supuesto soborno.
El político acudió este jueves a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para ratificar su denuncia por la llamada “Ley Bonilla”, con la que Jaime Bonilla, abanderado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) podrá gobernar cinco años en el estado.
Ciudad de México, 15 de agosto (SinEmbargo).– Jaime Martínez Veloz, ex candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la gubernatura de Baja California, acusó que un funcionario cercano a Jaime Bonilla, Gobernador electo de la entidad, entregó entre 200 mil y 400 mil dólares a representantes de los diputados locales a cambio de aprobar la la Reforma Constitucional que amplió el mandato de dos a cinco años.
“Traemos un documento donde una persona denuncia que fueron reunidos en un hotel de la localidad de Mexicali, eran recibidos personeros de cada Diputado local, eran subidos al séptimo piso de ese hotel y un funcionario cercano a Bonilla les entregaba cantidades de 200 mil dólares, 300 mil y 400 mil dólares”, dijo.
En entrevista con medios de comunicación, el político aseguró que va a solicitar a la Fiscalía General de la República (FGR) que pida los videos captados por las cámaras de seguridad del hotel señalado para comprobar si existió el supuesto soborno.
“Esta forma de operación, llena de hechos de corrupción que trastoca la vida institucional de la República, que genera una gran incertidumbre nacional. Creo que es de la más alta prioridad de que el Gobierno federal asuma su responsabilidad de revisar cada uno de los actos y tome las medidas correspondientes, desde el punto de vista jurídico, para evitar que se pueda producir desde Baja California una ruptura al pacto fundacional de nuestro país”, afirmó.
Asimismo, el perredista también recordó que días antes de que se avalara la reforma de la ampliación de mandato en el Congreso de Baja California, el presiente de éste denunció que el administrador de las aduanas de Mexicali le había ofrecido un millón de dólares por convocar a la asamblea para ampliar el periodo.
“Traemos un video que vamos a hacer del conocimiento de la Fiscalía, en donde está la declaración puntual del presidente Congreso del estado, que el día 31 de mayo declara el ofrecimiento. Después, el 8 de julio se convoca al Congreso, no aparece en la agenda del orden del día la ampliación del periodo, sin embargo, un Diputado de Morena lo propone y votan 21 diputados”, precisó.
El ex candidato del PRD acudió este jueves a las instalaciones de la FGR para ratificar su denuncia por la llamada “Ley Bonilla”, con la que Jaime Bonilla, abanderado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) podrá gobernar cinco años en el estado.
Por su parte, Ángel Ávila Romero, dirigente nacional del partido, consideró que le caso tiene que ver con un antecedente político que sería pernicioso para la vida política del país, “de que los congresos
comprados puedan alargar o acortar los periodos constitucionales, generaría un precedente muy riesgoso para la estabilidad del país”.
LA SCJN DESECHA CONTROVERSIAS DE “BONILLAZO”
Apenas el pasado 24 de julio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó las controversias presentadas por los municipios de Tijuana y Mexicali en contra de la ampliación de mandato en Baja California, la cual permitiría que la administración del Gobernador electo, Jaime Bonilla Valdez, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pasara de dos a cinco años.
La decisión fue tomada por la Comisión de Receso de la SCJN, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones de 2019, integrada por los ministros Yasmín Esquivel Mossa y Juan Luis González Alcántara Carrancá, luego de considerar una “notoria improcedencia” en las controversias constitucionales 269/2019 y 271/2019.
Se desecharon, por notoria improcedencia, las controversias constitucionales 269/2019 y 271/2019 ya que fueron promovidas contra actos que no son definitivos por no haberse publicado aún el Decreto respectivo. No se prejuzga la admisibilidad de medios de impugnación diversos. pic.twitter.com/BOtwW5dxUX
— Suprema Corte (@SCJN) July 24, 2019
“Con fundamento en lo previsto en los artículos 56 y 58 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y atendiendo a la jurisprudencia que el Pleno de la Suprema de Justicia de la Nación ha establecido respecto de la procedencia de la controversia constitucional, se desecharon por notoria improcedencia al haber sido promovidas en contra de actos que no son definitivos por derivar de un procedimiento legislativo inconcluso, al no haberse publicado la norma general”, detalló en un comunicado.
Asimismo, precisó que la medida no prejuzga la admisibilidad de medios de impugnación diversos, o eventuales.
La Ministra Yasmín Esquivel Mossa fue cuestionada hace unos meses, cuando fue propuesta para ocupar el cargo que ahora desempeña, por el potencial conflicto de interés que presentaba al ser esposa del empresario José María Riobóo, contratista del Presidente Andrés Manuel López Obrador cuando fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
Sin embargo, el pasado 12 de marzo, el Senado de la República eligió a Esquivel Mossa como nueva Ministra para los próximos 15 años. Con 95 votos a favor de los 121 que se emitieron la tarde de ese martes, los legisladores la designaron como sustituta de Margarita Luna Ramos en el máximo tribunal del país. Mientras que el resto de los votos se dividieron de la siguiente forma: seis para Loretta Ortiz, cero para Celia Maya García, 19 contra la terna y uno nulo.
El acuerdo se logró durante una segunda ronda de votación, ya que en la primera ninguna de las tres candidatas de la terna del Presidente alcanzó la aprobación necesaria.
Por ello, el Senador Ricardo Monreal pidió un receso de 30 minutos antes de que se llevara a cabo la segunda votación.
Durante la primera votación, se emitieron 66 votos a favor de Yasmín Esquivel, lo que no significó las dos terceras partes del total de los legisladores a favor.
Se dieron además 14 a favor de Loreta Ortíz; 0 a favor de Celia Maya; 18 votos nulos y 24 en contra.
NO TUVE NADA QUÉ VER: AMLO
El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó en julio la “doble moral”sobre lo ocurrido en Baja California, donde el Congreso local validó la reforma que amplía de dos a cinco años el mandato del Gobernador electo, Jaime Bonilla Valdez. Anoche, legisladores de mayoría panista ignoraron los llamados y aprobaron esta reforma al político de Morena.
“Independientemente de la ampliación del plazo para el cumplimiento de la función del nuevo Gobernador, debe decirse que aprobaron esta medida todos los partidos, empezando por el PAN. Entonces ahora empezando en un doble discurso, con una doble moral como suele suceder a veces, porque el conservadurismo que no incluye sólo al PAN, tiene como doctrina la hipocresía. Su verdadera doctrina es la hipocresía. Entonces ahora quienes votaron por esta medida están en contra”, dijo.
Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario aseguró que se trata de una situación relacionada con el Congreso de Baja California y la cual debe resolver la autoridad competente, por lo que pidió no ser involucrado en el asunto “porque buscan echarme la culpa de todo”.
“Ya les dije: no tuve nada qué ver. Ya no es el tiempo de antes, en que estas decisiones las tomaban desde arriba, el Presidente o eran consultadas al Presidente y él daba la orden. Pregúntenle a Olga Sánchez Cordero [Secretaría de Gobernación] si recibió la orden del Presidente para que se llevara a cabo esta reforma, este acuerdo. No opino por eso, para no dar pie a las malas interpretaciones”, aclaró.
Desde Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo federal manifestó que se le hace “en el extremo de la hipocresía” que sus opositores ahora cuestionen la ampliación de mandato de dos a cinco años cuando ellos fueron los que aprobaron la medida.
