Hasta 2016, habían 28 mil 721 servidores públicos sujetos al Servicio Profesional de Carrera, según el portal oficial RHNet. Ese mismo año, el Inegi reportó 1 millón 597 mil 593 funcionarios federales. De este modo, sólo el 1.8 por ciento de los funcionarios del Gobierno federal habría obtenido un puesto por concurso público.
Para analistas consultados, los límites de Ley, la falta de un proyecto adecuado y los usos discrecionales en la Administración Pública Federal son algunas de las causas del bajo nivel de funcionarios públicos que obtienen su puesto por concurso. Sin embargo, reconocieron que hay personal por honorarios, de libre designación y trabajadores de base con experiencia suficiente para ejercer puestos “exclusivos”.
El gran problema con las vacantes del Gobierno federal –dijeron los especialistas consultados– es la falta de transparencia en todo el proceso de selección. Por eso, fortalecer el servicio civil de carrera, generar diagnósticos estratégicos de llenado de plazas y la rendición de cuentas, son factores necesarios para mejorar la calidad de la burocracia de México.
Ciudad de México, 15 de agosto (SinEmbargo).- Dos de cada 100 funcionarios públicos federales en nuestro país, obtienen un puesto a través del Sistema de Servicio Profesional de Carrera (SPC). El resto llega por designación, como parte de un gabinete de apoyo, o bien, por mecanismos diferentes al que garantiza el acceso de los candidatos “más aptos” para desempeñar funciones específicas (según el artículo 29 de la Ley del SPC).
Esto sucede mientras “hay un abuso en salarios muy elevados, con prestaciones exageradas en muchas áreas de la administración pública”, explicó el doctor Jonathan Heath Constable, uno de los economistas más prestigiosos de México. En su opinión, el tamaño y el gasto de la burocracia mexicana “no se justifica en el sentido de su ineficiencia”, ya que a pesar de que nunca se había gastado tanto como en este sexenio, los resultados en materia de crecimiento económico y desarrollo social son, en general, negativos.
Aunque lo ideal sería que la mayor parte de las plazas de la administración pública fueran ocupadas por profesionistas del SPC, no obstante, existen puestos “exclusivos” que son adecuados para personal por honorarios o de libre designación, así como por trabajadores de base, dijo a SinEmbargo Alejandro García, investigador del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de la asociación civil México Evalúa.
Hasta 2016, habían 28 mil 721 “servidores públicos sujetos al SPC” en la Administración Pública Federal (APF), refieren datos del sistema informático gubernamental RHNet. Ese mismo año, según cifras del Banco de Información Económica del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), había 1 millón 597 mil 593 funcionarios federales. De este modo, sólo el 1.8 por ciento de los funcionarios del Gobierno federal habría obtenido un puesto por concurso público.
“El problema es que hoy en día tenemos gente por honorarios a niveles directivos. Entonces, ciertamente se nos está escondiendo información [básica] para poder tener un diagnóstico claro de lo que se debe de hacer” para hacer más eficiente al cuerpo de servidores públicos, explicó García, quien además, refirió que la burocracia en México “no está profesionalizada” y no cuenta con los mecanismos para “incentivar que sea eficiente”.
El economista detalló que el Servicio Civil de Carrera y el SPC “están en desuso” porque “cada vez vemos un crecimiento de plazas que no están dentro de este sistema. [Tampoco] se está remunerando a la gente con base en resultados, sino que estamos teniendo un gasto en la burocracia en estímulos especiales” (como bonos de puntualidad, de asistencia, etcétera).
El SPC es un “mecanismo para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito […] para beneficio de la sociedad”, se lee en el artículo 2 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.
Los servidores públicos de carrera, de acuerdo con los artículos 4 y 5 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera, están clasificados como “eventuales” y “titulares”. Esto implica que los cargos de mayor rango –como directores y subdirectores generales y de área, así como jefes de departamento, además de sus enlaces– deben ser designados por concurso público. Sin embargo, hay excepciones a la regla.
“En casos excepcionales” por causas de fuerza mayor –estipula el artículo 34– podrá ser autorizado “el nombramiento temporal” de cualquier servidor público para que ocupe un puesto o vacante “sin necesidad de sujetarse al procedimiento de reclutamiento y selección” del SPC.
Asimismo, el artículo 8 refiere que el personal de algunas dependencias –como la Presidencia de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores y las Fuerzas Armadas y de Seguridad Pública– y de ciertos ramos –médico, docente, gabinetes de apoyo, asimilados, etcétera– no será considerados en el esquema de contratación del SPC.
Los límites establecidos en la Ley, la falta de un proyecto adecuado y los usos discrecionales en la APF, son algunas de las causas del bajo nivel de funcionarios públicos que obtienen su puesto por concurso, coincidieron los especialistas consultados.
Según los datos de RHNet, al 7 de agosto de 2018 había un total de 178 mil 064 plazas en juego. De ellas, 51 mil 749 (o el 29.06 por ciento) estaban ocupadas. El resto (126 mil 315 plazas) continuaba estando vacante.
Del total de ofertas de plaza, 32 mil 436 (o el 18.22 por ciento) correspondieron al SPC. Sin embargo, al corte del 7 de agosto de este año, el portal de la Secretaría de la Función Pública (SFP) de convocatorias abiertas para ingresar al Sistema del Servicio Profesional de Carrera (Trabajaen.gob.mx), arrojó un total de 8 mil 311 vacantes disponibles (el 6.58 por ciento de las plazas desocupadas ante RHNet).
Las ofertas de empleo salieron de 17 de 22 rubros generales de la Administración Pública Federal. Entre las instituciones que más concursos de SPC lanzaron, se encuentran aquellas ligadas a la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (96.24 por ciento de sus vacantes) y a las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (77.02 por ciento); Función Pública (55.31); Trabajo y Previsión Social (40.69); Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (32.93), así como Gobernación (32.55).
Por otro lado, los órganos de gobierno que presentaron menos ofertas de SPC fueron aquellos dependientes de las secretarías de Salud (3.52); Educación Pública (7.55); Turismo (13.95); Energía (14.55); Hacienda y Crédito Público (17.44); Desarrollo Social (18.09); Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (20.37); Cultura (20.62); Economía (20.69); Comunicaciones y Transportes (22.29), además de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (24.53).
Como indica la ley, la secretarías de Relaciones Exteriores, de la Defensa Nacional y de Marina, así como la Procuraduría General de la República y las entidades no sectorizadas (e.g, Inmujeres, Prodecon, Notimex) no presentaron concursos para SPC.
En términos generales, “el aparato burocrático de nuestro país tiene espacio para ser más eficiente. Más eficiente porque existe una serie de plazas que se crean alrededor de los funcionarios públicos –principalmente de los funcionarios públicos de primer nivel– que requieren un gasto adicional que pudiera ser cortado”, comentó a SinEmbargo Fernando López Macari, presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).
Para evitar el duplicado de puestos o generar labores obsoletas, “los puestos vacantes deberían estar sujetos a un análisis [o diagnóstico] estratégico” para que, junto con mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas, puedan ser evitadas irregularidades, e incluso, la corrupción, coincidió el maestro Fernando Vázquez Bravo, integrante de la organización especializada en economía empresarial, Consultores Internacionales.
Hasta 2016, de acuerdo con las cifras oficiales, las secretarías de Estado con más funcionarios del SPC eran las de Medio Ambiente y Recursos Naturales (5 mil 855); Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (4 mil 932); Hacienda y Crédito Público (2 mil 371); Comunicaciones y Transportes (2 mil 224); Gobernación (2 mil 217); Educación Pública (2 mil 172); Trabajo y Previsión Social (1 mil 730); Desarrollo Social (1 mil 726); Economía (1 mil 472) y Salud (1 mil 048).
LA CRISIS DE LAS VACANTES
En México hay 5 millones 786 mil 819 funcionarios de los gobiernos federal, estatal y local, plantean cifras del Banco de Información Económica del Inegi. De acuerdo con estos datos, entre 2003 y 2016, la burocracia mexicana sumó 977 mil 310 funcionarios a sus filas (un aumento equivalente al 20.32 por ciento para el periodo).
“Desde hace tiempo atrás, pero en especial en este sexenio, se ha inflado bastante el número de funcionarios públicos. Y podemos ver realmente una duplicidad [o una] triplicidad de funciones con prestaciones que simplemente no van al caso; [con] un gasto cada vez más ineficiente; [con] funcionarios públicos llenos de prepotencia [y] con un influyentismo que está en su apogeo… Y ha llegado a un momento en que el pueblo simplemente se hartó y se notó, básicamente, en las urnas”, dijo en entrevista el doctor Jonathan Heath Constable.
Heath consideró que hay un problema estratégico en la manera en que las dependencias de Gobierno federal eligen a sus funcionarios. El consultor independiente explicó que lo que hace falta es una reorganización del cuerpo de servidores públicos “con conocimiento de causa”. Es decir, estudiar caso por caso para reducir las plazas inútiles sin sacrificar a aquellas personas que, a pesar de haber ingresado a la APF por estructura política, tienen un grado de especialización que resulta “muy valioso” para el país.
En ese sentido, advirtió que la propuesta del Presidente electo Andrés Manuel López Obrador –de recortar el 70 por ciento de las plazas de confianza y reducir los salarios de los funcionarios hasta en un 50 por ciento– puede ser de “riesgo” si se aplica de manera general, en lugar de hacerlo según el caso específico de cada una de las dependencias de gobierno (porque podría generar fuga de cerebros o estancar procesos administrativos).
Hay dos problemas básicos ligados al ingreso de servidores públicos en la APF. Uno es que “cada vez son menos” los funcionarios que ingresan por medio del SPC (entre 2015 y 2016, hubo una reducción de 1 por ciento, al pasar de 28 mil 999 a 28 mil 721, según RHNet). Y otro es que las instituciones gubernamentales están contratando a gente por honorarios “que se está quedando mucho tiempo” en sus respectivos puestos, comentó Alejandro García de México Evalúa.
Esta situación se debe “a una falta de flexibilidad dentro del servicio público y a una falta de planeación muy fuerte por parte del Poder Ejecutivo”, que se agrava porque el Poder Legislativo no tiene la capacidad de revisar y limitar –a través de las leyes– la autorización (o no) de gastos en servicios personales en nómina y viáticos, por ejemplo. Como resultado, abundó García, “tenemos un descontrol por el lado del Poder Ejecutivo” que se traduce en “una falta de planeación de las vacantes y de las personas que necesitamos en el servicio público”.
Según el Artículo 2 de la Ley del SPC, el Sistema del Servicio Profesional de Carrera depende del Presidente de la República, es dirigido por la SFP y su operación está a cargo de cada una de las dependencias de la APF. En ese sentido, además de la falla del Ejecutivo federal, García señaló que también “nos hace falta una Secretaría de la Función Pública que revise de manera congruente las necesidades y la planeación” de las dependencias de gobierno.
Aunque los analistas refirieron que es necesario aumentar el número de plazas por Servicio Profesional de Carrera, porque “permite analizar la capacidad, conocimientos, habilidades y experiencias de los aspirantes” a través de exámenes generales (Artículo 29 de la Ley del SPC), Heath consideró que, “por sí sólo, no es suficiente”.
“La contratación de plazas de los funcionarios va más allá que eso. Cada vez que entra una persona a un puesto elevado, busca contratar a sus cuates, a sus amigos, etcétera, y empieza a crear plazas y pseudo-necesidades que en verdad no existen o [que] no son necesarias. El implementar una carrera civil sí es parte [de la mejora] pero falta más que eso”, sentenció.
En la opinión del maestro Fernando Vázquez Bravo, integrante de Consultores Internacionales, “ir más allá” significa que el sistema pueda brindar certeza y que sea “muy transparente” en torno a los procesos de contratación del gobierno, para ofrecer mejor capital humano. Mientras se logra, concordaron los especialistas, la burocracia seguirá estando “inflada” sin ser “funcional”.
